Luis María Blaquier, empresario y ex director del Fondo Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, está cada vez más complicado en la causa judicial donde se lo investiga por negociaciones incompatibles con la función pública, uno de los casos que ilustran los mecanismos para estar de los dos lados del mostrador denunciados durante el gobierno de Mauricio Macri. El fiscal Franco Picardi pidió su procesamiento por los presuntos intentos de beneficiar desde su cargo en el FGS a las empresas Arcor y Cablevisión, de las que había sido director hasta diciembre de 2015, cuando pasó a integrar el organismo. Fue a través de la compra de Obligaciones Negociables (ON) sin informar su vinculación previa con las empresas ni hacer lugar a opciones más convenientes.
“Los estrechos vínculos de Blaquier con el resto de las personas integrantes del comité de inversiones del FGS y con las empresas emisoras de las ON en cuestión, la presencia de irregularidades en el trámite de aprobación para la suscripción de dichos títulos, la existencia de opciones de inversión más rentables en el mercado que las ofrecidas por Arcor y Cablevisión, las bajas calificaciones de riesgo otorgadas a las ON de las empresas por parte de la agencia de calificación Moody’s, y el beneficio que la inversión por parte del FGS le reportó a las empresas, abona la hipótesis delictiva aquí planteada”, había planteado Picardi al pedir la citación del empresario a indagatoria.
El FGS es un fondo que ofrece un resguardo al jubilatorio y se compone de acciones de empresas, dinero, plazos fijos y títulos públicos. Para sostenerse realiza inversiones. En un comienzo se nutrió de fondos de las viejas AFJP pero luego se fue diversificando. Como director del FGS Blaquier aprobaba las operaciones a llevar adelante. La suscripción de obligaciones negociables es una de ellas. Según el fiscal Picardi, como ejecutivo de Arcor ya había aprobado desde allí la venta de ON. Después propició su compra. También propició la comprar de esos títulos de Cablevisión. El detalle es que cuando Blaquier se fue del Grupo Clarín, su lugar lo ocupó su hermano Gonzalo, es decir que conservaba un vínculo más que directo.
Blaquier fue indagado a fin de septiembre por el juez Sebastián Casanello, quien ahora deberá decidir si hace lugar al planteo de Picardi para procesarlo. Al ser interrogado negó haber intentado favorecer a las empresas y minimizó las posibles incompatibilidades señaladas en la acusación. En su nueva presentación el fiscal, además de reclamar que se lo responsabilice por “negociaciones incompatibles”, solicitó algunas medidas de prueba adicionales y agregó líneas de investigación.
Picardi considera que Blaquier, “en su carácter de subdirector Ejecutivo de Operación del FGS, se interesó en la adquisición de ON de Arcor y Cablevisión, con miras a la obtención de un beneficio de un tercero, incumpliendo los deberes que le eran impuestos en su carácter de funcionario público”. También considera que las empresas fueron elegidas de manera arbitraria, por los vínculos del ex funcionario, ya que había otras inversiones más rentables. Según consta en el expediente Blaquier había sido designado director de Arcor en una asamblea del 26 de abril de 2014 y a partir de allí participó en reuniones donde se decidió la prórroga del programa de obligaciones negociables de la Comisión Nacional de Valores. Cuando se veía venir el cambio de gobierno, a fin de octubre de 2015 autorizó el programa para la emisión que suscribiría después el FGS, con su aprobación como director. En Clarín fue reemplazado por su hermano en el acta de asamblea del 25 de abril de 2016. A la vez, Blaquier había tenido una sociedad llamada Fontinalis Partners junto con Ralph Booth, accionista del grupo Clarín.
Las primeras denuncias por este tema fueron del fiscal Gabriel De Vedia, ex titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISES), desplazado de ese cargo por el procurador interino Eduardo Casal, precisamente en un contexto de denuncias similares contra otros ex funcionarios también, incluido el titular de la ANSES, Emilio Basabilvaso. Algunas de las maniobras fueron señaladas en un informe lapidario de la Auditoria General de la Nación (AGN), que mostraba la reiteración del mismo mecanismo: empresarios allegados al macrismo que habían integrado empresas y fondos de inversión, que luego habrían hecho negocios desde adentro del gobierno. Otro de los denunciados había sido el ex secretario de Finanzas, Luis Caputo.