En Rosario y su área metropolitana, incluido el conglomerado sanlorencino, existen 174 asentamientos informales, habitados por casi 50 mil familias, o algo más de 220 mil personas. Un relevamiento de la ONG Techo expone el grado de falencias que esos ciudadanos soportan en cuanto a condiciones de hábitat y acceso a los servicios del Estado. Varios de estos arrabales ya están consolidados como barrios, y algunos datan desde hace 80 años, como El Mangrullo, Tablada, o villa Pororó. Pobreza estructural, le dicen.

El informe está disponible en http://relevamiento.techo.org.ar, y arroja algunos datos que, traducidos al número de personas que involucran, contribuye a explicar algunas razones acerca de la marginación social y económica, y por qué se reproduce en el tiempo ante la falta de acceso a mejores oportunidades.

En el rubro educación, el relevamiento expone que en 40 asentamientos los niños deben transitar más de diez cuadras para llegar a la escuela primaria estatal más próxima. Si de escuela secundaria se refiere, hay 72 barrios en esa condición, donde en algunos casos el establecimiento está a una distancia de 30 y hasta 50 cuadras de distancia. La población en esta situación es de 17.000 familias. Respecto de los jardines de infantes, la situación de estas barriadas vulnerables es algo mejor: en 132 zonas (75%) hay un jardín dentro del barrio o a menos de diez cuadras.

En cuanto a salud pública, hay 36 villas distantes a un rango de entre 11 y 30 cuadras, y 10 a más de 30 cuadras. Pero 22 de estos asentamientos tienen un efector en su mismo territorio, y 103 lo tienen a menos de diez cuadras. Por otra parte, el 52% de los asentamientos relevados está más allá de las 30 cuadras de distancia del hospital más cercano.

El sondeo de Techo.org mensuró la situación de la población precarizada respecto del transporte público. Sólo treinta asentamientos ven pasar algún colectivo por sus calles, y en 116 deben caminar hasta diez cuadras para tomar uno.

En algunas villas suelen decir que a sus calles no entra ni la policía ni las ambulancias, tampoco los taxis, y que el colectivo las elude por miedo a un intento de robo o una agresión. En 11 asentamientos sus habitantes declararon que nunca vieron un patrullero policial por allí, y en otros 47 barrios lo cuantificaron como "a veces". En suma, se trata de 20 mil familias que se sienten fuera de la función estatal de la seguridad pública. Más drástico es el caso de las ambulancias de emergencias: hay 49 villas, habitadas por 14.000 familias, donde aseguran que esas unidades de auxilio médico nunca llegan hasta allí.

La ONG detectó que en 34 asentamientos ‑20% del total‑ hay un basural dentro del barrio o a una distancia menor a cien metros, lo que afecta a alrededor de casi 40.000 personas que conviven a diario con esos focos insalubres.

Capítulo aparte es el acceso a los servicios públicos. Sólo el 1,7 por ciento es un usuario legítimo de la red de agua potable, porque el 78,7% tiene una conexión irregular, el 7,5% se provee de perforación domiciliaria o pozo, 6,3% lo hace a través de un camión cisterna que distribuye en el barrio, y 3,4% se abastece de un tanque comunitario.

En cuanto a eliminación de excretas, 75,9% lo hace en pozo negro directo, 17,2 en un sumidero con cámara séptica, 2,3 con cloaca conectada a un desagüe pluvial, y sólo 1,1 es usuario de la red cloacal regular.

Con la energía eléctrica, el 9,8% es usuario de la red con medidor domiciliario; 87,9 tiene una conexión irregular, y 2,3 usa la red con medidor comunitario o social (programa Luz y Agua Segura).

Al sondeo lo realizaron 850 encuestadores a través de entrevistas en territorio con vecinos referentes de las instituciones en cada asentamiento, y consultas con áreas de incumbencia en la Municipalidad y el gobierno provincial. El conglomerado de Rosario, con 49.475 familias en 174 asentamientos ‑unas 227.000 personas, aproximadamente‑ es el tercero en dimensión del país, detrás del conurbano bonaerense y de Ciudad de Buenos Aires.