Esta vez no se trató de un joven que tuiteó una canción de cancha , leída por el oficialismo como una amenaza. A tres semanas de las elecciones generales fue arrestado el especialista en seguridad informática Javier Smaldone, conocido en la red social por haber advertido sobre los peligros del voto electrónico y alertado sobre el escrutinio provisorio llevado adelante por la empresa Smartmatic. Su detención se realizó en el marco de la causa que investiga el hackeo informático de fuerzas de seguridad. Smaldone fue llevado por fuerzas policiales en horas de la mañana y pasaron cinco horas hasta que lo dejaron ir. Estuvo demorado en la División Delitos Informáticos de la Policía Federal, en calidad de imputado.

Fuentes judiciales señalaron que Smaldone está siendo investigado por la filtración de los archivos de la policía que en la red social Twitter publicó la cuenta La Gorra Leaks. La investigación la llevan adelante el juez federal Luis Rodríguez y el fiscal Jorge Di Lello. Ayer hubo, además, otras cuatro detenciones y allanamientos en Córdoba, Santa Fe, La Plata y Ciudad de Buenos Aires. El celular personal de Smaldone, con característica de Córdoba (reside en Río Cuarto), quedó en manos de las autoridades. Los investigadores aseguran que el hackeo de los archivos policiales se hizo a través de servidores que están en el exterior y fueron alquilados a través de un usuario en Mercado Pago. A Smaldone le atribuyen algún rol en esta cadena.    

Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, con la que colabora el técnico, señaló que “toda la historia de La Gorra Leaks es un papelón gigante para el Ministerio de Seguridad. Un desastre en materia de seguridad informática y manejo de datos, pero allanan y demoran al mensajero”.  "Estamos espantados y preocupados --declaró al programa Que vuelvan las ideas, en la AM750, Busaniche-- Le allanaron el domicilio, se llevaron sus equipos y sus teléfonos móviles y estuvo demorado, no detenido, por averiguación de antecedentes. Sabíamos que lo tenían en la mira, no esperábamos una barbaridad como esta”, agregó.

Busaniche recordó que tomaron "con humor cuando le hackearon la cuenta de Twitter a Patricia Bullrich, pero vimos que había fallas informáticas graves en las fuerzas de seguridad”. Puntualizó que tanto la ministra de Seguridad como otros funcionarios “cayeron en técnicas de aprendiz de hacker y a partir de ahí quedó al desnudo información sensible, problemática, y se ve la nula capacidad de las fuerzas de seguridad para proteger información sensible”.  También definió a Smaldone como “una piedra en el zapato del Gobierno” por sus críticas permanentes al voto electrónico que el macrismo promovió. “Es una voz antipática y da información pertinente sobre los mamarrachos en el sistema electoral y en la contratación de la empresa Smartmatic”, señaló. 

El caso de las filtraciones de La Gorra Leaks comenzó en 2017, cuando la Policía Federal y la Policía de la Ciudad sufrieron el robo informático de datos reservados. El hackeo se dio también en las cuentas de Twitter de Prefectura y de la ministra Patricia Bullrich.

El 12 de agosto pasado, La Gorra Leaks se adjudicó la responsabilidad por el robo de 700 gigabytes, lo cual reactivó la causa por el robo de información sensible como escuchas telefónicas y una base de datos con información personal de agentes de fuerzas de seguridad, más supuestos agentes de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, y también la del propio jefe de la Federal, Néstor Roncaglia.

Smaldone retuiteó, como muchos, tuiteos de la Gorra Leaks y quedó en el centro de la investigación. En ese momento aseguró que no había sido responsable del hackeo y que simplemente difundió información que ya circulaba en internet. Pero Smaldone también fue un crítico de la implementación del voto electrónico y alertó sobre las posibilidades de alterar una elección con ese sistema. Asimismo, también había mostrado sus dudas sobre Smartmatic, la empresa que el gobierno de Mauricio Macri contrató para el escrutinio provisorio. De hecho, se hizo conocido cuando comenzó su cruzada contra el voto electrónico, precisamente contra las falencias que el sistema no pudo ocultar. En el plenario de comisiones sobre la reforma electoral impulsada por el oficialismo en 2016,  mostró en el Congreso cómo se podía violar el secreto con la aplicación de un celular. “¿Cómo lo evitan? Es una pavada hacerlo y funciona con celulares de dos mil pesos”, había dicho sentado al lado del diputado de Cambiemos Pablo Tonelli.

Luego, Smaldone fue también uno de los primeros en exponer las fallas de Smartmatic, la empresa encargada del escrutinio provisorio.  Junto con Iván Arce y Enrique Chaparro, advirtió que el software, vulnerable para realizar la conversión de archivos, “pone en riesgo la integridad del proceso”.

Precisamente ese software es el que aún no fue entregado a los partidos políticos de la oposición. Además, el proceso de adjudicación está judicializado porque la contratación de la empresa será investigada por la justicia penal. 

Si bien a Smaldone le atribuyen un rol en el hackeo, el Gobierno viene persiguiendo desde hace rato a usuarios de la red Twitter por posteos críticos o que considera "amenazantes" contra el Presidente.  A fines de 2017, un chico de 20 años fue detenido por tuitear una canción de cancha que fue entendida como una amenaza. “Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la Federal”, decía el tuit que reproducía una canción de la hinchada de Chacarita. Para solidarizarse con el joven, otro tuitero copió el mensaje y escribió: “¿Nos meterán presos a todos?”. La respuesta, un año más tarde, fue una denuncia penal en su contra. En realidad, habían sido muchos usuarios de Twitter los que expresaron su solidaridad replicando el tuit por entender que la detención atacaba la libertad de expresión. 

"Tales expresiones no tienen por finalidad anunciar un mal real o posible contra la figura del Presidente, sino que, tal como lo han expresado aquellos imputados que han prestado declaración (…), son una forma de manifestación en contra de ciertas circunstancias que acontecieron durante la administración que el Presidente Mauricio Macri lleva a cabo en este país”, dijo en abril el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi al sobreseer a cuatro “tuiteros” que habían reproducido la frase. 

No fue el único usuario al que le iniciaron una causa por sus tuits. Un neuquino de 28 años fue denunciado por “incitación a la violencia” por un supuesto tweet contra el Presidente Mauricio Macri. En realidad se trató de un posteo con una canción de Las Manos de Filippi, que se llama Cutral Co, que en una parte dice: ´Hay que matar al presidente´”. La canción hace referencia a las puebladas de esa ciudad neuquina de junio de 1996 y abril de 1997, en las que fue asesinada por las fuerzas de seguridad Teresa Rodríguez. 

La última denuncia conocida contra un tuitero vino de la AFI. Osvaldo Pugliese comentó una nota en la que se hablaba de la estrategia de los intendentes de la provincia de Buenos Aires de diferenciarse y esconder al presidente.  “Sería ‘¿y qué querés? ¿que nos quedemos sin laburo? vamos a hacer lo posible por seguir sin trabajar y si tenemos que matarlo a Macri lo hacemos’”, escribió, en alusión a lo que creía que pensaban los jefes comunales. En ese mensaje se basó la AFI para denunciarlo por amenazas al presidente.  "Dilapidan recursos por esta pavada. Es parte de la inquisición Macrista", señaló el involucrado cuendo se enteró.