En la sesión de ayer Diputados aprobó una iniciativa que agrega dos artículos a la ley provincial 7411 que regula el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, con el objetivo de garantizar el pago de la cuota que deben abonar los padres separados para la manutención de sus hijos.

De esta manera el nuevo artículo 6 propuesto establece que para la admisión, ingreso y permanencia en estadios donde se desarrollen espectáculos deportivos, las personas no deberán estar incluidos en dicho Registro de Deudores. 

En tanto, el artículo 7 que se modificará cuando se sancione la Ley, dispone que un juez de la provincia tenga la facultad de determinar la prohibición de salir del país a los deudores alimentarios morosos, hasta tanto abonen o presten caución suficiente. 

“Es injusto que una persona salga en un viaje de placer o de vacaciones, cuando no cumple con la manutención de sus hijos”, expresó el diputado Guillermo Martinelli durante la fundamentación del proyecto. 

Además el legislador señaló que el basamento legislativo de esta normativa sale del Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 553, que faculta a los jueces con herramientas para garantizar el cumplimiento del pago de la cuota alimentaria, y que es justamente a lo que se apunta con la modificación aprobada en la Legislatura salteña. 

Según expresó el diputado Alberto Abadía, uno de los autores del proyecto, hay estudios que ubican la morosidad en un 70 % de los casos. Por lo que consideró necesario extremar los elementos que favorezcan al reducción de ese enorme porcentaje. 

Otro de los oradores en la sesión fue el diputado Lucas Godoy, que dijo “no hacer futurología, pero es probable que esta ley se modifique constantemente, y se amplíen las medidas que compelen al deudor alimentario a cumplir con su obligación, es necesario que eso suceda hasta que logremos bajar ese altísimo número de deudores”. 

El proyecto también lleva la firma, además de Abadía, de los diputados Santiago Godoy y Marcelo Oller Zamar. Se aprobó en forma unánime y pasó al Senado para su sanción. 

Una vez promulgada la normativa, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar el procedimiento mediante el cual se harán efectivas las dos restricciones y el mecanismo para informar a la Policía de la provincia y a la Dirección Nacional de Migraciones sobre la base de datos de deudores actualizada.