Desde Santa Fe.

El Ministerio Público solicitó al juez federal Reinaldo Rodríguez que prohíba la salida del país de un investigado por delitos de lesa humanidad que zafa de la indagatoria desde hace nueve meses con certificados médicos. Se trata del abogado y ex oficial del Servicio de Inteligencia de la Policía de la provincia (D‑2), Oscar Alberto Valdez, a quien el fiscal Martín Suárez Faisal le pidió la detención y la indagatoria en mayo de 2016 después de que un testigo en el juicio por la megacausa lo identificara como integrante de un grupo de tareas que operó en la masacre de Ituzaingó y Las Heras, en enero de 1977. El juez ordenó la audiencia, pero ante un planteo de la defensa, la postergó sin fecha. Y ahora ‑ante la insistencia del fiscal‑ ordenó un "nuevo examen" al policía, que recién se realizará el 22 de marzo para definir si está en condiciones de declarar en el Juzgado o en su casa. Ante la "particular situación" de Valdez y la "gravedad de los hechos" que se le imputan, el fiscal solicitó al juez que le prohíba "ausentarse de su domicilio, salvo causa justificada y con aviso inmediato a la autoridad judicial" y ordene "la interdicción de salir del país, con comunicación a la autoridad migratoria".

Suárez Faisal abrió la causa el 31 de mayo de 2016, cuando consideró que había un "estado de sospecha suficiente" para detener e indagar a Valdez, que fue lo que pidió. "Se encuentra probado" ‑dijo‑ que el ex oficial del D2 "intervino personalmente en el criminal operativo" de fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía de la provincia, "en las inmediaciones del edificio de Ituzaingó y Las Heras", el 19 de enero de 1977. Un testigo "lo vio sacar una bazuca del baúl de un automóvil Chevrolet Súper Sport blanco que manejaba, la alistó para disparar y se dirigió hacia calle Ituzaingó". En el bombardeo murieron cuatro dirigentes montoneros: Osvaldo Pascual Ziccardi, Carlos Mario Frigerio, Jorge Luis Piotti y su compañera, Ileana Esther Gómez, y una vecina que vivía en el departamento de al lado.

 

"Valdez adquirió la calidad del imputado en el proceso, pero sin haber dispuesto una medida cautelar", dijo el fiscal.

 

"La participación del sospechado en el procedimiento surge de las manifestaciones del testigo Oscar Alberto Ramayo", quien declaró en el juicio por la megacausa en febrero de 2016. Entre otras cosas, contó que "vio estacionar un Chevrolet Súper Sport blanco enfrente de su gomería y que bajó un hombre vestido de civil. Abrió el baúl y sacó una caja con armas, alistó una bazuca y se dirigió rápidamente hacia calle Ituzaingó", donde ya operaban las fuerzas conjuntas. Cuándo Suárez Faisal le preguntó si podía identificar a ese hombre, Ramayo dijo que lo conocía porque "jugaban al básquet" en un club del macrocentro, que "el apellido era Valdez" y lo describió como "morocho, grandote, quizás de bigote". "En la época de los hechos vivía en la zona de la Municipalidad de Santa Fe", agregó.

En la causa, el fiscal aportó otras pruebas, entre ellas la indagatoria del represor Roberto Martínez Dorr, quien dijo que Valdez integraba lo que llamó "la patota".  Martínez Dorr falleció en junio de 2015 cuando cumplía una pena a diez años de prisión por el secuestro y torturas a un militante de la UES, Froilán Aguirre, en 1976. 

Ante el requerimiento de Suárez Faisal, el juez dejó pasar la feria de invierno y a la vuelta, ante un planteo de la defensa, suspendió la indagatoria. Valdez presentó el certificado el 25 de julio. Y el 27, el magistrado le comunicó que "una vez recuperado de sus dolencias deberá comparecer ante estos estrados a prestar declaración indagatoria bajo apercibimiento de que si así no lo hiciera se ordenará su inmediata detención". 

El 18 de agosto, el fiscal pidió que la médica del Poder Judicial dictamine si Valdez "se encuentra en condiciones de declarar" en el Juzgado o en su domicilio. Y el 15 de diciembre, insistió que una junta médica se pronuncie "en forma urgente".  El juez ordenó "un nuevo examen médico", pero fijó fecha recién para el 22 de marzo próximo.

Ante esta "particular situación", el fiscal solicitó al juez que le prohíba a Valdez "ausentarse de su domicilio, salvo causa justificada y con aviso inmediato a la autoridad judicial" y ordene la "interdicción de salir del país, con comunicación a la autoridad migratoria.