El gobernador Miguel Lifschitz enfrenta un dilema. La sucesión en el cargo de Defensor General del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, tras la destitución de Gabriel Ganón. Cualquiera sea la decisión final del gobernador -designar a alguno de los ternados o dejar vacante el cargo luego del concurso- conlleva un costo político que más tarde o más temprano será indisimulable. A diferencia de los problemas ‑que tienen una solución‑ los dilemas no se resuelven. El origen de esta situación se remonta al acompañamiento que hizo el bloque socialista a la furibunda arremetida del senador radical Lisandro Enrico que, dicho sea de paso, al momento de tratarse el tema en la Legislatura se fue a ver las elecciones que ganó Donald Trump en los Estados Unidos. Salvo Rubén Giustiniani y Silvia Augsburguer, el resto de los diputados y senadores oficialistas levantaron su mano para eyectar a Ganón. La gestión socialista se "autolimitó" en la prerrogativas para designar funcionarios del Poder Judicial. La metodología del concurso es aceptada mayoritariamente, y la equidistancia a la hora de las propuestas es valorada, en tanto y en cuanto se lleven adelante a rajatabla. De lo contrario, se trataría de una sobreactuación que finalmente se volvería en contra. Lifschitz afronta hoy ese escenario. El "pseudo Consejo de la Mmagistratura" de Santa Fe ‑tal como lo define un ministro de la Corte‑ evaluó a los concursantes y llegó a elaborar un orden de prelación que encabezan Jaquelina Balangione, graduada en 1990 en la Universidad del Litoral, con diez años en el Poder Judicial, donde se desempeñó como secretaria en un juzgado de Menores, luego jueza correccional y designada en 2013 como vocal de la Cámara Penal. A estos antecedentes hay que agregar un detalle que es el que embreta a Lifschitz: Balangione  es la actual pareja del juez de la Corte, Rafael Gutiérrez. En ningún párrafo ni especificación del concurso se expresa que ser la "mujer de..." constituya una limitante. Sin embargo, para buena parte de la opinión pública, a la que están tan atentos los gobernantes, le parece un hecho definitivo. Y por cierto, el gobernador no es la excepción en cuanto a los humores del electorado.

El unico varón de la terna es Paul Krupnik, abogado penalista de Rosario, y como dicen sus colegas de la "comision de seguimiento del nuevo sistema penal del Colegio de Abogados" ‑en una nota remitida el viernes al Gobernador‑ "con frondosos antecedentes personales que ostenta en la defensa irrestricta de los derechos de las personas a proceso penal desde hace 18 años en forma exclusiva e incuestionable".  Krupnik cobró notoriedad por ser el defensor de Carlos Ascaini, acusado de narco, en la misma causa por la que está preso el ex jefe de la Policía de la Provincia Hugo Tognoli. En otra, defendió al policía Sergio Blanche dentro de la megacausa de los Monos, y también fue el patrocinante del agente Espíndola en el caso del atentado a balazos contra la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti. Si a Lifschitz efectivamente le importa la consideracion de la ciudadania, está de más agregar cualquier comentario.

 

El "control de daños" parece ser la política a aplicar. Pero cualquier cosa que decida el gobernador tendrá su costo.

 

Completa la terna la doctora Adriana Quiroga, defensora regional de Reconquista, cuyo trabajo sigue los principales lineamientos del defensor depuesto en cuanto a denunciar los casos de abusos policiales, torturas o corrupción en las agencias de seguridad. Esto que no solo es justo sino necesario, podría ser un contratiempo, sobre todo en la opinión de la mayoría de los legisladores que expusieron otras razones para no esperar a abril de este año, cuando vencería el mandato de Ganón. En la respuesta a ese apuro por sacarse de encima a un funcionario de ese perfil, está también la explicación de la inconveniencia de una eventual designación. Mas que debe haber sido una de las pocas votaciones donde el peronismo (la totalidad de los senadores, con dos abstenciones) el PRO y el Frente Progresista votaron juntos. Desde ya que hubo excepciones en el socialismo, apuntadas más arriba, el radical Palo Oliver, los peronistas Julio Eggimann, Germán Baccarella, Claudia Giaccone, Patricia Chialvo, Roberto Mirabella y Silvia Simoncini, y el Bloque del Frente Social y Popular. Otro dato que también apuntala la determinación del Gobernador es que Quiroga está con "carpeta médica" desde hace aproximadamente un año, despues de sufrir un episodio cerebro vascular.

A este panorama hay que agregar el penoso resultado de los concursos para cubrir fiscalías, donde de más de 300 postulantes ‑‑algunos fiscales adjuntos en funciones‑‑ menos del 10% superó el mínimo de puntuación. Se abrió una discusión entorno a la pertinencia del sistema evaluador, del tribunal examinador, e inclusive del nivel de responsabilidad del ministro de Justicia, Ricardo Silberstein.

Desde el Poder Judicial, se siguen con atención las movidas del Poder Ejecutivo. En definitiva, los platos rotos se pagarán allí. La falta de confianza en la Justicia, la ausencia de empatía entre magistrados y ciudadanos, y la escasa efectividad en la resolución de los conflictos son elementos verificables. La "depuración interna" es una entelequia,  por eso mismo el "control de daños" parece ser la política a aplicar. En ese sentido, cualquier cosa que decida el gobernador tendrá su costo. Tal vez el más alto sea el que parece más dispuesto a pagar, y es dejar vacante el concurso. Si eso ocurriera, habrá que replantear en la discusión política qué sentido tiene esa "autolimitación" para mandar una terna a la vieja usanza, si cuando se convoca a un concurso y se puntúan a los más altos, ninguno de ellos es refrendado por el gobernador. Como se dijo más arriba, es un dilema y por tanto no tiene solución.