Organismos de derechos humanos presentaron una denuncia penal contra Mauricio Macri y varios de sus funcionarios por la demora en la aprobación de las indemnizaciones para las víctimas del terrorismo de Estado.

Con el patrocinio del abogado Pablo Gastón Paolini, presentaron este miércoles una demanda por violación de los deberes de funcionario público, encubrimiento agravado y discriminación ideológica. La demanda es contra el presidente Macri; el Jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia Germán Garavano; el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj; el Procurador del Tesoro y ex abogado de la familia Macri Bernardo Saravia Frías y otros ocho integrantes de la gestión de Cambiemos.

Ex presos y presas por razones políticas, HIJOS, Exiliados-Familiares de Detenidos Desaparecidos y Sobrevivientes del terrorismo de Estado Autoconvocados, entre otros, basan la presentación en la “dilación, paralización y ausencia intencional” en la aplicación de los beneficios de las leyes reparatorias.

El texto que ingresó por mesa de entradas de Comodoro Py resalta que los numerosos expedientes con pedidos de familiares y víctimas para obtener la indemnización que les corresponde fueron cajoneados durante los últimos tres años y medio, hasta que luego del resultado de las PASO comenzaron a acelerarse los trámites. Según consignan los denunciantes, el proceso de aprobación de cada legajo lleva entre cuatro y cinco meses, por lo que, de ser aprobados, deberán ser pagados por el próximo Gobierno. 

En la denuncia detallan que “la paralización de los expedientes es más que elocuente, sobre un universo de 18.357 de beneficios a resolver, desde el inicio de la gestión, entre diciembre de 2015 y último día hábil anterior a las elecciones primarias, se han dictado 1.655 resoluciones, lo que equivale al 9% de las solicitudes de beneficio. Pero luego del magro resultado obtenido y a sabiendas que dejarán sus cargos desde el día posterior a las elecciones de agosto del año en curso, 53 días a esta parte, se han resuelto 349 expedientes, es decir 6.58 diarios, se incrementó la velocidad en un 535%”. Mientras que durante toda la gestión macrista se evitó afrontar los pagos, por los tiempos que requiere cada trámite, “todo lo que se ha firmado con posterioridad a las P.A.S.O. lo pagará el gobierno siguiente”.

Los organismos destacan que una indemnización, más allá del objetivo reparatorio desde los monetario, “equivale a reconocer (por parte del Estado) los testimonios y denuncias como valor de prueba, es decir como valedero”. Las leyes reparatorias no sólo reconocen el derecho a una indemnización para las víctimas de la última dictadura cívico militar, sino también a aquellas de los anteriores gobiernos de facto.

Un trámite que se volvió engorroso

El circuito administrativo comienza en la Secretaría de Derechos Humanos para luego pasar por un recorrido en el que el Estado acredita que efectivamente el o la solicitante sea efectivamente víctima de terrorismo de Estado. En la gestión anterior el trámite era más sencillo. Pero el Gobierno de Macri no sólo prácticamente dejó de pagar indemnizaciones, sino que además puso trabas para las nuevas solicitudes con el aumento de los requisitos y complejizó aún más el proceso.

La integrante de HIJOS de la provincia de Jujuy, Eva Arroyo explicó a Página/12 que “es un beneficio otorgado por ley. Pero en muchos de los casos, por ejemplo en los exiliados y exiliadas, el Estado sólo ha pagado las reparaciones obtenidas después de un juicio y de que la Justicia haya ordenado el pago al Poder ejecutivo. Hay gente que está muy enferma y no accede a la pensión. Es un trámite que debería durar solo unos meses y es un derecho reconocido internacionalmente, pero con este Gobierno algunos tuvieron que esperar hasta cinco años. Muchos están enfermos o son de avanzada edad. No les importa nada”, sentenció.

La denuncia fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, a cargo de Sebastián Ramos y del fiscal Juan Pedro Zoni.