El juez de de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, convocó a audiencia en el marco del amparo colectivo que presentaron vecinos de la zona sudeste contra la Municipalidad de Salta, la empresa Agrotécnica Fueguina SACIF, la Secretaría de Medioambiente de la Municipalidad y la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia.
Los demandantes plantean la necesidad de aplacar las consecuencias ambientales que pueden generar a nivel externo, como en las napas de agua, el tratamiento de la basura en el vertedero de la ciudad de Salta.
La audiencia fue convocada para el viernes 25 de noviembre en el Salón de Grandes Juicios de Ciudad Judicial, a las 9. La medida es una de las tomadas tras la inspección ocular que realizó Domínguez el 13 de febrero pasado en el basural de la ciudad y de la zona metropolitana.
El pedido de la audiencia fue planteado por funcionarios de la Municipalidad de Salta que días atrás solicitaron este procedimiento con el fin de actualizar la información pública ambiental sobre el vertedero.
Los vecinos, a través de su abogado, Luis Segovia, sostuvieron que los funcionarios de la Municipalidad están incursos en desobediencia judicial.
El 25 de septiembre pasado venció el plazo que Domínguez dio a la Municipalidad capitalina para que acredite la finalización de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) sobre la prefactibilidad, factibilidad y diseño de la construcción del Módulo San Javier N° 4.
Jorgelina Franco, una de las amparistas, y Segovia, sostienen que la municipalidad incumplió con la presentación del EIAS de la última trinchera. Esta deberá ser impermeabilizada por una geomembrana que comprará la municipalidad. El costo del insumo es de casi 30 millones de pesos.
Para los demandantes, los estudios que faltan son parte de los trabajos que debía afrontar la empresa Agrotécnica Fueguina en septiembre de 2016, tras aprobarse la prórroga del contrato de concesión de los residuos.
En aquel momento, afirmaron, se aprobó el pago a la empresa de casi 3 millones de pesos diarios. Franco contrapuso a esa decisión política el hecho de que el vertedero genera situaciones que hacen “insoportable nuestra vida, con olores nauseabundos, y contaminando sistemáticamente la zona sudeste, y el rio Arenales”.
Para Segovia, hasta ahora el amparo fue impotente para cuidar el ambiente y ya solicitó que el juez considere aplicar multas a los funcionarios del área.
