Presentes en resonantes crónicas periodísticas, los suicidios ocurridos este año en diferentes ciudades de la Argentina revelaron la ausencia de políticas de Estado frente a una problemática social en aumento, a punto tal que la Ley Nacional de Prevención del Suicidio N° 27.130 --sancionada en 2015-- aún no ha sido reglamentada. La inexistencia de un programa nacional específico para hacer frente a una cuestión de salud pública, contrasta con la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que este año eligió a la prevención del suicidio como lema para conmemorar este 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental.

Es que según la OMS, “cada 40 segundos se produce un suicidio y cada año cerca de 800.000 personas fallecen por esta causa. Por cada suicidio hay 20 intentos fallidos. Cada uno es una tragedia que afecta a una familia, a una comunidad o a todo un país y que tiene consecuencias duraderas en las personas cercanas a la víctima. El suicidio atraviesa a todas las edades y es la segunda causa de defunción entre los jóvenes de 15 a 29 años”.

En mayo de este año, Unicerf dio a conocer el informe “El suicidio en la adolescencia. Situación en la Argentina”. En el trabajo se alerta sobre la particular situación del fenómeno en la población adolescente: “Los suicidios constituyen la segunda causa de muerte en la franja de 10 a 19 años. En el grupo de 15 a 19 años, la mortalidad es más elevada, alcanzando una tasa de 12,7 suicidios cada 100.000 habitantes, siendo la tasa en los varones 18,2 y en las mujeres 5,9”.

Según datos del ex ministerio de Salud de la Nación, desde principios de la década de 1990 hasta la actualidad, la mortalidad por suicidio en adolescentes se triplicó considerando el conjunto del país. Otro indicador elocuente es el que señala que en adolescentes, el suicidio es la segunda causa de muerte después de los accidentes de tránsito.

“El suicidio puede afectar a cualquier persona, en cualquier lugar. Contrariamente a la creencia popular, el suicidio no es sólo un problema de los países de ingresos altos. De hecho, casi el 80 por ciento de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medianos, donde escasean los recursos para detectar y apoyar a las personas que necesitan ayuda. Es imperativo es fortalecer la salud mental y los sistemas de atención, porque por cada suicidio hay 20 intentos fallidos, y afortunadamente los suicidios se pueden prevenir”, consideró Dévora Kestel, la psicóloga argentina que dirige el departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS.

Para la doctora en psicología Gabriela Dueñas, docente de grado y posgrado en varias universidades nacionales, “cuando hablamos del suicidio adolescente aparece el tema de las culpas y la búsqueda de chivos expiatorios, porque una de las operaciones más perversas que realizan los gobiernos neoliberales cuando generan situaciones de genocidio social, es responsabilizar a los individuos, a las familias y a las escuelas de no haber hecho lo suficiente para evitarlos, cuando en realidad acá, si hay un único responsable de que una comunidad no esté pudiendo contener, acompañar y sostener a sus adolescentes garantizándoles todos y cada uno de sus derechos, que les dé sentido a sus vidas y que les permita valorizarse y valorizar a los otros, es el Estado”.

En 2015 se sancionó la Ley Nacional de Prevención del Suicidio Nº 27.130. Su objetivo es “la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio, a través de la prevención, asistencia y posvención”.

Además dice que la autoridad de aplicación es el ministerio de Salud de la Nación, que entre otras tareas relacionadas con la prevención, deberá “desarrollar campañas de concientización sobre factores de riesgo y generación de factores de protección a través de los medios masivos de comunicación y otros alternativos”, así como “habilitar una línea telefónica gratuita de escucha a situaciones críticas, cuyos operadores estarán debidamente capacitados en la atención en crisis y riesgo suicida”.

Transcurridos cuatro años, la norma permanece en proceso de reglamentación en cabeza de la devaluada cartera sanitaria a cargo del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. Días atrás, el funcionario participó en Washington de la reunión del Consejo Directivo de la OPS, en la que aseguró que “incluimos la salud mental en la estrategia de salud familiar y comunitaria, lo cual significa fortalecer la atención en territorio, a través de las redes integradas de salud”.

La realidad, en cambio, exhibe que desde diciembre de 2015 se dejó sin efecto la implementación del Plan Nacional de Salud Mental --aprobado por Resolución 2177/2013 del entonces ministerio de Salud de la Nación-- que establecía entre otras acciones la necesidad de la capacitación continua de los profesionales y trabajadores de la salud y de las organizaciones sociales y comunitarias. A fines de 2018 no se le renovó el contrato a una gran cantidad de trabajadores de la dirección nacional de Salud Mental y Adicciones que prestaban servicio en distintas provincias, cuando se priorizaba un abordaje territorial e interdisciplinario. Así, el componente de la salud mental dejó de ser considerado en la atención a poblaciones vulnerables en los dispositivos sanitarios móviles con que contaba el organismo.

“Teníamos 124 equipos interdisciplinarios distribuidos en el país con la función de fortalecer el eje salud mental en el primer y segundo nivel de atención. Era una herramienta clave en cuanto a la problemática del suicidio ya que permitía fortalecer la red en los aspectos que los efectores locales sentían que necesitaban ayuda”, recordó un profesional que integró el servicio de salud mental del tren sanitario que llegaba a parajes rurales para brindar asistencia profesional.