Las instituciones que atienden a personas que incluídas en la obra social del Programa Federal Incluir Salud en Salta denunciaron que afrontan problemas financieros desde que la Nación decidió pagar el transporte según los parámetros de la provincia de Salta. Cuando se implementó está nueva modalidad el monto pagado en la provincia era un 18% menos que el nacional.

La brecha se amplió dado que el gobierno nacional actualizó valores en septiembre y volverá a hacerlo en noviembre, mientras que en la provincia son los mismos desde abril de 2018.

Desde las instituciones damnificadas la interpretación es que se está aplicando un “ajuste encubierto”. Responsables de la Coordinación del PROFE Incluir Salud en Salta, en tanto, reconocieron que los parámetros de pago por transporte pasaron desde enero de este año a ser los que reconoce la provincia. Adujeron que existe un mayor control acompañado de auditorías, algo que, entendieron, era imposible hacerlo directamente desde las oficinas de la Capital Federal.

María Elena Arce, de la Fundación Anidar, dijo a Salta/12 que desde la coordinación salteña de Incluir Salud se les debitó hasta casi el 50% de lo que Anidar gastó en transporte en enero y febrero. A diciembre de 2018 el pago por kilómetro de la Nación era de 20.09 pesos. La provincia, en cambio, reconoce desde abril de 2018 hasta la actualidad 16.47 pesos. Con las actualizaciones el monto reconocido por kilómetro desde la gestión nacional es de 25.88 pesos, y en noviembre subirá a 27.94 pesos.

Según Arce, nunca se notificó de manera formal la resolución del pago de transporte según los parámetros provinciales.

Al respecto, el coordinador del PROFE Incluir Salud en Salta, Carlos Saravia, afirmó ante este medio que las instituciones recibieron los correos electrónicos correspondientes sobre esta facturación. Al ser consultado por las razones que llevaron al gobierno nacional a reconocer el nomenclador de la provincia y no el propio, opinó que resultó de la necesidad de controlar más. Dijo desconocer los montos totales que hasta diciembre pasado se pagaban según los parámetros del reconocimiento de transporte de la Nación, dado que eso no estaba en manos de la delegación local.

Las prestadoras del servicio presentan sus rendiciones a la coordinación local, ésta las revisa y hace una auditoría. De ser necesario, de allí surge, según afirmó Saravia, el débito. Las instituciones prestatarias tienen diez días para hacer su descargo y finalmente se paga según las evaluaciones finales del programa.

Saravia confirmó que con esta compulsa se realizaron los débitos a cuatro de las 25 instituciones donde se atienden a personas con discapacidad enmarcadas en Incluir Salud.

Los problemas

Tanto Arce como María Elena Benavent, del Centro Privado CIBA, coincidieron en que la decisión de la Nación implica un ajuste. El problema es que ante la reducción del pago por kilómetro y los pagos diferidos que a veces llegan a los cinco o seis meses de demoras, sobrevienen las dificultades de pagar el transporte. Este costo, explicaron, no solo involucra los kilómetros recorridos, sino también el mantenimiento de los vehículos que se encuentran en manos de las entidades.

La ecuación final termina con un precio que complica la posibilidad de que los pacientes que necesitan la prestación sean trasladados.

Saravia por su lado afirmó que en las auditorias surge que hay pacientes con posibilidad de usar de manera gratuita el transporte masivo de pasajeros dado que su condición física se los permite.

“Estamos atados porque si bien el transporte lo provincializan, las prestaciones (atención de la discapacidad en sí misma), las pagan desde la Nación y si los chicos no vienen no hay prestaciones”, retrucó Arce. Benavent reconoció que si bien la facturación de enero la hizo con el nomenclador de la Nación, se la debitaron entera. Ante ello re facturó (bajo protesta) con el nomenclador de la provincia.