"No aplicar en forma aérea glifosato en cercanías de zonas sensibles, zonas de amortiguamiento, escuelas rurales y centros urbanos." La recomendación podría ser una cita de las leyes provinciales y ordenanzas municipales que a lo largo del país prohíben o restringen la aplicación del químico más utilizado por el sector agroexportador o de los recientes fallos judiciales, que se expresan en el mismo sentido, pero es parte de un comunicado la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA), que reúne a 1200 areroaplicadores de todo el país, último eslabón de la cadena del modelo transgénico. 

Desde los espacios que denuncian el modelo agrotóxico e impulsan la transición a la agroecología valoraron el reconocimiento hecho por Fearca como parte de una conyuntura en la que las denuncias de las asambleas ciudadanas y parte de la comunidad científica sobre los efectos en la salud y el medio ambiente comienzan a cristalizarse en reiterados fallos judiciales que ponen un freno al modelo productivo actual  y hasta en expresiones públicas de personas como Marcelo Tinelli . 

Los conceptos aparecidos en el comunicado de FeArCa significan una novedad para una entidad que integra y reivindica la llamada Red de Buenas Prácticas Agrícolas —espacio de legitimación al actual modelo productivo, que reúne a las asociaciones y cámaras agrocomerciales— al sostener en el "fundamento en el principio precautorio que resguarda el Medio Ambiente y la Salud Pública", presente en los fallos judiciales, la recomendación para los responsables de fumigar con agroquímicos los campos de soja. De cumplirse al pie de la letra con ese principio de la Ley de Ambiente, las fumigaciones deberían cesar de inmediato. 

"Nos empujó a hacerlo la revisión de los fallos judiciales y glifosato">ordenanzas municipales", reconoció el vicepresidente de FeArCa, Diego Martínez, en diálogo con PáginaI12, aunque sinceró: "No tenemos nada contra el glifosato en particular, si lo aprueba a Senasa, nosotros lo aplicamos; pero seamos más cautos porque es por lo que nos están prohibiendo".   

Ese es el tono del comunicado de la federación , que, al tiempo que reconoce de manera indirecta las ordenanzas y fallos que preservan la salud por sobre el modelo productivo dominante, interpela al Senasa —"única autoridad con capacidad de prohibir este y/o cualquier otro principio activo que de comercialice en Argentina"— y a los "productores, asesores agronómicos y aplicadores terrestres" en defensa de su sector: "la opinión pública interpreta que son los pilotos quienes deciden el uso de los principios activos y las condiciones de su aplicación". 

"Hace algunos años nos decían que éramos unos mentirosos y que los agroquímicos eran como agua con sal, después dijeron que debían aplicarse bien y ahora hablan de los principios precautorios para la salud pública. Hay un reconocimiento en el daño que producen estos productos, eso es muy bueno", valoró Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario e integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL). 

Por su parte, Daniela Dubois, integrante de la Red Federal de Docentes por la Vida, consideró que el comunicado "es un cuestión de coyuntura a partir de las ratificaciones de los últimos fallos judiciales , las prohibiciones de glifosato y el tuit de Marcelo Tinelli, son una lavada de cara ante una toma de conciencia de la sociedad".  "La intención no es generar enfrentamiento sino ir por un modelo de producción beneficioso para toda la sociedad, no que minimice el uso de agrotóxicos sino que produzca sin ellos", convocó la docente.   

Deriva de un modelo

El comunicado expresa también un clara defensa sectorial frente a la expectativa de estar "en conocimiento de que existen nuevos proyectos de prohibición de la actividad". Aunque Martínez sostuvo que la federación estará "muy atenta" a cumplir con las normas provinciales y municipales —en las que varían los niveles de restricción de fumigaciones—, fustigó que "donde se prohíbe la aplicación solo es la aérea" y consideró que solo se trata de "falta de información".  

Las restricciones a las fumigaciones que surgen de ordenanzas y fallos judiciales oscilan entre los 1000 y 3000 metros y se deben a lo que se conoce como "deriva", los restos agroquímicos que no quedan en las plantaciones si no que vuelan hasta las escuelas y poblados cercanos. Para Martínez eso se debe con "absoluta seguridad a falta de información" e insistió en que "se ha demostrado que la deriva tan mentada es totalmente controlable". 

Uno de los proyectos en debate está en Santa Fe, donde la Legislatura provincial trata una reforma a la ley de agrotóxicos. En el documento elaborado por el InSSA, dirigido por Verzeñassi, para los legisladores tiene un punto específico "respecto de distancias y deriva", en el que citan la publicación de la ingeniera Susana Hang, en el que se sostiene que se deben considerar "distancias superiores a los 4800 metros, que es la distancia máxima que puede recorrer la gota más pequeña de una aplicación, en condiciones climáticas óptimas". 

En otro apartado del documento enviado a los legisladores santafesinos, el InSSA advierte que "equipos de investigadores pertenecientes a diversas universidades públicas de nuestro país (...) hallaron daño genético en agricultores y fumigadores y también en los niños de localidades inmersas en los sitios de producción agroindustrial". 

Cambiar prácticas

"Jamás fueron los aeroaplicadores enemigos, son tan víctimas como los productores de un modelo que se instaló con la falacia de que sin veneno no se puede producir", resaltó Verzeñassi y subrayó la mención del Senasa en el comunicado de FeArCa: "No es ingenuo, el problema lo tiene la autoridad que en la Argentina sigue diciendo que se pueden utilizar más de 100 productos que están prohibidos en el mundo, pero tampoco podemos hacer que no sabemos cuál es la verdad". 

Son 126 los plaguicidas considerados "altamente peligrosos", de acuerdo a los criterios de la OMS, que en la Argentina están habilitados, mientras que 107 de ellos están prohibidos en otros países del mundo, según un estudio publicado por Javier Souza Casadinho, docente de la Facultad de Agronomía y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal). El reciente fallo de la la Cámara Civil y Comercial Sala III de Paraná reparó en ese aspecto al cuestionar la forma en la que el Senasa categoriza la peligrosidad de los agrotóxicos .   

"Seríamos los primeros en reclamarle a Senasa la aprobación de un producto que tienen daños colaterales", sostuvo Martínez a este diario y describió: "No podemos analizar cada uno de los casos que dice alguien estar afectado, no tenemos la capacidad operativa. Tenemos que confiar en SENASA porque, el día que desconfíemos, tenemos que dejar de hacer el trabajo de aplicación". 

"No podemos seguir creyendo que los productos son inocuos ni tampoco que le hacen daño solo a los maestros y niños de las escuelas rurales. Los aeroplicadores también son víctimas porque manipulan sus venenos. Salgamos jutnos a pedir una reconversión del modelo de producción para que los trabajadores no queden fuera ni que no lo hagan a expensas de su propia salud ni de la de sus vecinos", convocó Verzeñassi. 

Ante la consulta, el vicepresidente de FeArCa sostuvo que "en los últimos 40 años no hubo más que dos o tres casos de pilotos intoxicados por algún accidente", pero reconoció que, a pesar de los reiterados pedidos formales, la federación nunca pudo acceder a los estudios médicos que el Insituto Nacional de Medicina Aeronáutica (INMAE) les realizan a los pilotos año a año. 

Buenas prácticas

"Sabemos que les pesa ser acusados de asesinos o ecogonocidas, ese dedo acusador les impacta, lo deben sentir, y, por eso, señalan en quienes aplican mal, dentro de la lógica de las buenas prácticas agrícolas",  analiza la integrante de la Red Federal de Docentes por la Vida, con conocimiento por participar de mesas de diálogo, convocadas por la Universidad de San Antonio de Areco, en las que debaten con representantes del sector del agronegocio. 

"Es necesario tampoco hacer una cuestión moralizante y dar cuenta de que es necesario cambiar el modelo productivo, la única buena práctica que existe es la agroecologia. Con uso de agrotóxicos no hay buenas prácticas" sentenció Dubois, continuadora de las luchas de docentes rurales como Mariela Leiva y Ana Zabaloy ,  y ejemplifica con el reciente caso de Exaltación de la Cruz , localidad en la que se denunció una fumigación sobre una escuela rural a principio de año y a partir del caso, el municipio restringió las fumigaciones e inició un trabajo junto a la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología.