Los últimos análisis efectuados desde la Organización Internacional del Trabajo en relación al futuro del trabajo y la protección en América Latina destacan la necesidad global de crear empleo, al tiempo que enfatizan abordar la situación de desempleo, la cual afecta en mayor medida a los jóvenes. Un eje de preocupación es atender a la situación de pobreza, especialmente el persistente fenómeno de los trabajadores pobres, y considerar la situación de empleo informal generalizada, sobre todo en el mundo de países emergentes.
Otros temas centrales de consideración se relacionan a la revisión del tiempo de trabajo, considerando jornadas laborales de menos horas conforme la nueva normativa de la OIT. La agenda demanda reparar especialmente en el incremento de la desigualdad expresa en el crecimiento de los salarios globales por debajo del crecimiento de la productividad mundial, y la persistente brecha salarial entre hombres y mujeres. Una parte importante de los trabajadores informales, precarios y desocupados son mujeres y jóvenes. Además, la irrupción de la brecha digital se está convirtiendo en un nuevo factor de desigualdad.
Dentro del conjunto de organizaciones del sistema de Naciones Unidas, la OIT tiene la particularidad de constituirse en un organismo con representación tripartita (trabajadores, empresarios y gobiernos). Ese particular diseño institucional del organismo le permite una mirada sistémica sobre el mundo del trabajo, más integral que el mero relevamiento estadístico de cómo evolucionan las principales variables del mercado laboral y haciendo foco en la merma de las políticas de pauperización de los derechos laborales y de la protección social (incluyendo la seguridad social) de la ciudadanía. Si bien es mejorable, sienta bases a las cuales atender. Así, pues, para hacer frente a un panorama del trabajo y de la protección social preocupante y que requiere recentrar los derechos, desde la OIT se estima necesario avanzar en los gobiernos con un programa centrado en las personas, con diez recomendaciones sobre tres puntos principales: 1) fortalecer el contrato social; 2) recentrar a las personas como principales destinatarias de las políticas económicas y sociales y de la práctica empresarial, 3) generar crecimiento, igualdad y sostenibilidad para las generaciones presentes y futuras.
Los sistemas de protección social tienen el reto de prestar cobertura universal con sostenibilidad, garantizando la suficiencia de prestaciones y servicios. Por ejemplo, en Argentina, pese a la amplia cobertura que se ha logrado de la previsión social y de las asignaciones familiares a la niñez que superan o alcanzan al 90 por ciento, el tema de la suficiencia, es una agenda pendiente. Es más, en los últimos años las jubilaciones y asignaciones familiares así como la AUH fueron devaluadas y afectadas por la inflación y el cambio en la fórmula de cálculo. No sólo el reemplazo de índice RIPTE la afectó, sino que, además, un trimestre se omitió en los cálculos, perdiendo por un error inadmisible un 4 por ciento de su valor. Se han generado subpisos de los mínimos de ingresos: subpisos de jubilaciones mínimas con la PUAM, que equivale al 80 por ciento de una jubilación mínima; subpisos de salarios con el salario social complementario que equivale al 50 por ciento de un SMVM; subpisos de salarios mínimos, actualizados con “bonus extras” discrecionales y cláusulas gatillos pero que siempre están por detrás de la inflación. Esto afectó a todos y todas las argentinas, en especial a los más vulnerables, jóvenes, mujeres y niños.
En simultáneo, el tema del financiamiento y solidaridad es clave. Ello implica constituir fondos contracíclicos y no licuarlos, como ha sucedido con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Actualmente, parte de sus activos son destinados a financiar el programa de créditos Argenta que las familias destinan a gastos corrientes como pagar una factura de luz, que las endeuda vertiginosamente. Millones de jubilados y hogares con niños están pasando una situación más que apremiante ante la inflación, que supera un 60 por ciento interanual, y niveles de pobreza que se amplifican hasta comprender a más de la mitad de los niños y las niñas y adolescentes hasta 17 años. Hay una triple función de la seguridad social, como un derecho humano y como una necesidad económica y social, que esta puesta en jaque.
En este contexto resulta necesario profundizar el debate de la seguridad social como derecho y las políticas necesarias para el corto y el largo plazo. Hay al menos cinco ejes para abordar: 1) la crítica situación social y de los derechos de la seguridad social en Argentina; 2) el debate de la seguridad social como derechos de ciudadanía o derechos de los trabajadores; 3) las perspectivas futuras y retos en las garantías de los derechos de seguridad social y de salud en el trabajo, lo cual implica un Estado no sólo que garantice estos derechos sino también regulador y promotor del trabajo; 4) el financiamiento y la necesidad de pensar en fondos contracíclicos; 5) la sostenibilidad política y constitución de colectivos que garanticen la continuidad de las conquistas.
* Magister en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, y Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Coordinadora Académica del Diploma de Postgrado de Desigualdades y Políticas Públicas de Flacso.
