Tras el paro nacional que convocó a decenas de miles de manifestantes en las calles de Quito, la principal organización indígena del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), rechazó la propuesta de diálogo del Gobierno y decidió continuar la lucha en las calles. En la Casa de la Cultura de Ecuador, situada al norte de Quito, los movimientos indígenas se reunieron en asamblea para denunciar el accionar de las fuerzas represivas y el silencio de los medios periodísticos, y exigir la derogación del Decreto 883 que permitió la quita de subsidios a los combustibles. En la capital de Ecuador se registró poco movimiento, con un servicio de transporte escaso, comercios con persianas bajas y escuelas sin clases. Las últimas cifras dan cuenta de cinco muertos y cientos de heridos y detenidos durante las manifestaciones desde que estalló el conflicto el jueves pasado.
"Nada de diálogo con un gobierno asesino", fueron las primeras palabras de la CONAIE tras el masivo paro general del miércoles. "No hay memoria en la historia reciente de una represión tan atroz y violenta sobre el pueblo que reclama sus derechos", expresó el colectivo. A través de un comunicado, llamó a "radicalizar las acciones" mediante "bloqueos de vías, tomas de edificios públicos y asambleas en todas las comunidades".
Más tarde, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, habló frente a los indígenas que continuaban concentrados en Quito. "¡Vamos a radicalizar con más fuerza, compañeros, y si tiene que denunciar y si tiene que matarme que me maten!", exclamó Vargas. El miércoles, el presidente Lenín Moreno había celebrado el inicio de un proceso de diálogo con el movimiento. Lo cierto es que para los movimientos indígenas, nunca existió una real voluntad de diálogo por parte del Gobierno. Al contrario, a medida que los días pasan, el gobierno de Ecuador parece echar más leña al fuego del conflicto, con cada declaración de sus principales representantes.
Si bien las protestas cuentan con el apoyo de diversos grupos de sindicalistas, estudiantes y colectivos feministas, los pueblos originarios encarnan como ningún otro sector el descontento social frente a las reformas económicas que impulsa Moreno. El paquetazo tiene su origen en un programa de millonarios créditos destinados, según el presidente, a salvar de la "debacle" a la dolarizada economía ecuatoriana.
Pasado el mediodía, distintas comunidades indígenas se reunieron en la Casa de la Cultura de Ecuador, situada al norte de Quito, para participar de una asamblea en la que planeaban tratar las muertes de Segundo Inocencio Tucumbi Vega y José Rodrigo Chaluisa, tras la violenta represión dirigida desde el Gobierno. Sin embargo, en el transcurso de la tarde se sumaron nuevas denuncias y reclamos.
Desde el Ágora, una estructura que habilita el ingreso a unas 5 mil personas y se encontraba repleta de manifestantes, hablaron distintos referentes indígenas (pero también periodistas e incluso policías e infiltrados). Exigieron la transmisión en vivo de la Asamblea, denunciando el cerco mediático impulsado por los grandes medios del país. Más tarde, demandaron la derogación de las medidas económicas y exigieron que el Estado se responsabilice por las víctimas fatales de la represión policial. Según confirmó la Defensoría del Pueblo de Ecuador, el número de víctimas fatales ya ascendió a cinco.
El movimiento indígena congregado en la Casa de la Cultura también descubrió a dos infiltrados, entre ellos un cabo de la Policía, Carlos Aro, que declaró luego de ser subido al escenario. Allí confirmó que se infiltró en La Marín, una terminal situada en Quito, "para identificar a personas que estaban robando". Fue abucheado por todos los presentes. Comisiones de seguridad indígena identificaron además a infiltrados con inhibidores de señal de celulares y proyectiles tales como una granada.
En el transcurso de la Asamblea, se transmitió en vivo la cadena nacional donde habló el Secretario de la Presidencia, José Agusto Briones, para denunciar que los medios de comunicación y los policías estaban "secuestrados" por los indígenas. “No nos han obligado, estamos voluntariamente brindándoles seguridad”, expresó uno de los policías presentes en la asamblea, Edison Enríquez, contradiciendo las palabras de Briones.
En relación a los trabajadores de prensa que según el Secretario de la Presidencia se encontraban también retenidos, los propios periodistas se encargaron de desmentir la versión. “Los periodistas no están secuestrados, están con el pueblo para garantizar el derecho a la información”, se encargó de aclarar la CONAIE.
Los indígenas representan el 25 por ciento de los 17,3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos. El miércoles, la CONAIE mostró toda su fuerza en la multitudinaria marcha celebrada en Quito, que este jueves volvió a amanecer sin clases ni transporte público, y con atención restringida en los comercios.
En un comunicado, la Defensoría del Pueblo señalo que cinco personas murieron el las manifestaciones callejeras, aunque sólo identificó al dirigente de la CONAIE Inocencio Tucumbí. A su vez la ministra de Gobierno María Paula Romo, que actúa de vocera del gobierno en el conflicto, dijo que los muertos en las protestas fueron dos y no cinco. Además, el Cuerpo de Paramédicos de Quito informó que desde la tarde del miércoles atendieron a 158 heridos graves y 500 heridos leves. Medios alternativos y movimientos indígenas elevaron la cifra a alrededor de 900 heridos. Y la crisis continúa.
Informe: Guido Vassallo.
