“A través de sus máximos representantes el Estado ha puesto en la agenda mediática que los trabajadores a quienes despidieran, eran militantes políticos y que por tal motivo debían ser despedidos”. Parte de los argumentos que expusieron los abogados Lisandro Finelli y Martín Criado en la demanda laboral y medida cautelar por los despidos de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) en Salta en abril y agosto de 2018.

El recurso ingresó el 23 de agosto de manera oficial en la Justicia Federal tras un sorteo que dejó la causa en manos del juez Miguel Medina. El magistrado ya rechazó la posibilidad de reinstalar a los trabajadores de manera inmediata al no hacer lugar a la cautelar. La demanda laboral, en tanto, solicita también la inconstitucionalidad y nulidad de los despidos realizados de manera arbitraria.

En Salta los integrantes de Agricultura Familiar participan activamente asesorando a los campesinos en situaciones que se generan en el marco de los conflictos por la tierra. Esta conflictividad pasa también por los desmontes que en muchos casos rodean a las familias agricultoras y complican el pastoreo de animales. 

En muchos casos los trabajadores de la SAF impulsaron el fortalecimiento de estas comunidades campesinas criollas e indígenas en la provincia a través de trabajos para captación de agua potable, y comercialización a precios justos para revertir el proceso de desarraigo en la ruralidad.

Lejos de reconocer este trabajo, el ex titular de la Sociedad Rural y actual ministro de Agroindustria, Miguel Etchevehere, realizó declaraciones que apuntaron contra los trabajadores: “En 2008 el Ministerio (que era Secretaría) tenía 606 empleados y cuando se fue el kirchnerismo lo dejaron con 4.200 trabajadores. O sea, lo multiplicaron por seis". La integrante de ATE, Melina Zocchi, afirmó que en una reunión que mantuvieron con Etchevere y el secretario de Agricultura Familiar, Santiago Hardie, ambos justificaron los 330 despidos de la SAF a nivel nacional y sostuvieron que “‘es lo que hay que hacer porque el Estado es una cueva de ladrones”.

Estos dichos fueron reseñados en la demanda, como prueba de la discriminación que debieron soportar los trabajadores de la SAF. A las declaraciones de Etchevere los abogados sumaron en la demanda los de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y el presidente Mauricio Macri. 

Michetti aseguró: “Siempre hemos dicho que estos nombramientos, que se produjeron sobre todo en 2015 y que tienen que ver con la militancia política de un sector, del kirchnerismo, y en particular con La Cámpora, hay que mirarlos con detenimiento". Macri, en tanto, explicaba respecto de los despidos que “el Estado no puede ser un aguantadero de política o de La Cámpora".

Tratados como ñoquis

En la demanda, los abogados solicitaron además el pago de 300 mil pesos a cada uno de los 17 trabajadores demandantes por el daño moral que los funcionarios nacionales generaron a través de sus discursos en los medios. “No es un dato menor que la mayor cantidad de despedidos del Estado se encuentre en programas como la SAF, que realizan un trabajo muy comprometido con sectores históricamente vulnerados, como pequeños agricultores, pueblos originarios y productores de la economía informal social y familiar”. Para los abogados, la animosidad de los administradores del Estado de la era macrista llama mucho la atención, más en un sector como el de estos técnicos.

“Ante la comunidad, sus amigos, vecinos y familiares fueron públicamente denunciados todos, como personas que ilegítimamente cobraban un sueldo que era abonado a partir del pago de los impuestos por no hacer nada o para militar políticamente con el objeto de preservar el salario que -se concluye- inmerecidamente le era abonado. Vale decir, que fueron acusados públicamente de poco menos que de ladrones (ñoquis)”. La calificación “peyorativa” produce, “obvia y evidentemente un menoscabo enorme”.

Para los abogados “este hecho es distinto y más gravoso que la conducta discriminatoria…y amerita de suyo y por su propia lesividad en una reparación que se suma a la ya relatada por el hecho discriminatorio y que amerita la reparación al daño producido en la imagen, dignidad, autoestima y moral de los actores”.