Los agricultores familiares producen la mayoría de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos. Pero los números y porcentajes de esta participación no están claros. “Podrían haber sido claros con un censo agropecuario adecuado. Pero lo que se hizo fue un desastre”, evaluó el presidente de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), Miguel Fernández, al referirse al último relevamiento realizado.

Fernández fue uno de los expositores en el panel "Agricultura familiar y economía regional, propuestas para la emergencia", realizado en la ciudad de Salta para conversar sobre el aporte que pueden hacer estos sectores a la alimentación de los argentinos, en el marco de la emergencia provocada por las políticas de Cambiemos. 

Para las organizaciones campesinas el desastre se arrastra desde 2015 cuando el Ministerio de Agricultura fue “destruido” y muchos de sus agentes técnicos, desplazados. Las políticas públicas se volcaron a cerrar el camino que habían empezado a surcar para, por ejemplo, la comercialización de los productos a precio justo, con la necesaria intermediación del Estado.

“La idea es avanzar, pero necesitamos que nos liberen las manos”, dijo el ex director del SENASA en Salta, Jorge Cabral, al referirse al modelo político actual que difiere de uno que plantee la alternativa de reconstruir la agricultura familiar.

“Tendría que haber un ‘nunca más’ al neoliberalismo”, sostuvo Marcelo Rodríguez, técnico del INTA e integrante de Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). En esta idea enmarcó la existencia de “un tipo de modelo agroexportador” que sostiene el neoliberalismo y que excluye a las familias agricultoras. Entendió que con un Estado presente se podrían lograr puntos de encuentro entre los productores de diferentes escalas (desde la gran producción a la agricultura familiar), con acuerdos necesarios.

Las instituciones estatales que pueden desarrollar y aplicar esas políticas públicas están dirigidas en la actualidad por representantes del modelo agroexportador sostenido por el neoliberalismo, mencionó. La contracara de esa política sería, por ejemplo, la incorporación del FONAF y otras organizaciones similares en propuestas, como el Consejo Federal una Argentina sin Hambre. Esta es una iniciativa del candidato a presidente, Alberto Fernández.

Una proposición concreta del FONAF para combatir el hambre es introducir en los programas alimentarios su participación no solo dentro de la creación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, sino también en la posibilidad de que el 25% de esos alimentos sean adquiridos desde la agricultura familiar.

Unidos y organizados

La diputada de Santiago del Estero Ofelina Santucho, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, recordó que para contar con estas políticas es preciso tener el acompañamiento colectivo de las organizaciones y su militancia continua. “En la provincia no hemos sido abandonados por el gobierno (de Santiago del Estero), pero yo tenía en claro que llegaba a mi banca para militar por mi sector”, dijo.

La idea de unidad y organización fue también expuesta por otros referentes como Ernesto Ojeda y Gabriela Reartes de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores (ATRES), y los técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF). Reartes indicó que uno de los desafíos para el sector de estos trabajadores es buscar las cosechas alternativas durante los períodos que las cosechas tradicionales con el fin de contar con un trabajo continuado y en relación de dependencia.

“Necesitamos de un Estado que amplíe más derechos y por eso el lema desde nuestra concepción y línea sindical es ‘fortalecer el Estado para liberar la Nación”, agregó Ricardo Bima, técnico de la SAF. “La idea es anclar a todas las organizaciones en un movimiento común”, para fortalecer el objetivo de la soberanía alimentaria.

Lejos de pensar en una forma de producir en desmedro de otra, tanto Rodríguez como Cabral entendieron la necesidad de ir a puntos de encuentro entre la gran producción y la agricultura familiar. En esta propuesta apuntaron a la necesaria presencia del Estado para las políticas públicas como la de infraestructura, acceso al agua, y organización social. Pero también para lograr entendimientos entre los distintos productores con reglas claras que permitan la producción sustentable social, ambiental, y económicamente para todos los sectores.

“Tenemos que ir por la reconstrucción (de la agricultura familiar), y plantar algunas bases en las normativas que extiendan a través de convenios nuestros brazos a los municipios”, agregó Cabral. La idea es que “si alguna vez nos vuelve a pasar lo que nos pasó, los municipios sostengan estas estructuras”.