En el marco de la causa en la que se encuentra imputado el sacerdote Emilio Raimundo Lamas, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, fue allanada la sede del Arzobispado de Salta.
En el procedimiento, que contó con la participación del fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, la jueza del Tribunal de Juicio, Mónica Faber, peritos del Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) y agentes de la Policía de la provincia, se obtuvo el expediente eclesiástico del proceso canónico que debió afrontar el cura en el seno de la Iglesia, por las denuncias de cuatro personas que aseguran haber sufrido abusos sexuales de parte del religioso.
El allanamiento fue el pasado jueves 3 octubre pasado, y se mantuvo en la más estricta reserva, dado que ese día la jueza interviniente dispuso la reserva de actuaciones, precisamente con el fin de concretar el operativo sin que hubiera filtraciones que frustraran el objetivo de la medida.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que el expediente eclesiástico está dividido en dos cuerpos.
En octubre de 2018 Lamas fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser sacerdote y por la guarda, en concurso real con los delitos de abuso sexual simple agravado por ser el hecho cometido por sacerdote en perjuicio de un ex monaguillo y por el delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la guarda de otra víctima.
En diciembre del año pasado el fiscal Obeid requirió que el sacerdote fuera sometido a un juicio oral por estos hechos.
En su requerimiento el fiscal detalló las denuncias radicadas por las víctimas y adjuntó el contenido de sus declaraciones filmadas, en las que relatan de forma pormenorizada los abusos de los que fueron víctimas y de los que responsabilizan al religioso.
También se consignaron los numerosos testimonios recogidos durante la investigación y la abundante documentación solicitada.
La jueza Faber habilitó algunas medidas de pruebas, como el requerimiento de información al Arzobispado de Salta, solicitud a la que la Iglesia local no accedió, con el argumento de que “el camino natural es pedirlo por vía diplomática” a la Congregación de la Doctrina de la Fe en Roma, según explicó el vicario Ignacio Loyola Pintos, quien tiene a su cargo el juicio eclesiástico a Lamas.
El vicario había dicho que el Arzobispado de Salta pidió permiso a la Santa Sede para entregar la documentación requerida por la justicia pero “todavía no han contestado”.
Con el allanamiento se define al menos uno de los reclamos de los querellantes, Juan Carlos García y Carla Morales Ríos, las dos víctimas que también denunciaron a Lamas en la justicia penal, por hechos que se habrían cometido cuando el primero era adolescente y la segunda tenía 11 años.
Mientras la jueza Faber lleva adelante estos avances en la investigación, sigue todavía sin poder fijar fecha de inicio del debate porque la Corte de Justicia de Salta no resolvió aún un planteo de prescripción de la acción penal hecho por el defensor del cura, el abogado José Fernández, quien pretende que se dicte el sobreseimiento del acusado por el tiempo que transcurrió desde que se cometieron los delitos.
