Los tiempos de la burocracia judicial combinados con el esfuerzo de abogados de represores por frustrar los procesos hacen peligrar la culminación del juicio oral por delitos de lesa humanidad en la ESMA, el de mayores dimensiones de la historia judicial argentina, que ya entró en su quinto año de audiencias. El último capítulo en la larga cadena de dilaciones es una nueva recusación contra el juez Daniel Obligado, un episodio menor a juzgar por el motivo invocado pero que paralizó el proceso desde mediados de febrero por la excusación de sus compañeros del Tribunal Oral Federal 5 y la demora de la Cámara de Casación para sortear a los reemplazantes. “La causa empieza a atravesar dificultades que son capaces de desestabilizar la continuidad y culminación del juicio”, advirtieron el fiscal general Abel Córdoba y la fiscal federal Ángeles Ramos.

El megajuicio en la causa denominada ESMA Unificada, que por primera vez refleja las dimensiones del que fuera el mayor centro de torturas y exterminio de la ciudad de Buenos Aires, comenzó el 29 de noviembre de 2012 con 68 imputados por delitos contra 798 víctimas. En diciembre de 2015, cuando los fiscales completaron su alegato, pidieron condenas para 56 acusados: una docena ya habían muerto o habían sido apartados por problemas de salud. Al día de hoy son catorce los excluidos, incluidos tres por incapacidad (ver aparte).

Según el portal de la Procuración General de la Nación, con el correr de los años bajó progresivamente la intensidad del trabajo judicial: las 107 audiencias de 2013 se redujeron a 85 en 2014, pasaron a ser 71 en 2015 y la misma cantidad pero con menos horas por jornada el año pasado. En los últimos meses, pese a los reclamos de querellantes y fiscales se realizaron apenas dos audiencias semanales de aproximadamente tres horas cada una como promedio. La situación contrasta con el juicio a los represores del centro clandestino La Perla, en Córdoba, con 716 víctimas y 54 imputados, de los cuales 43 llegaron a ser sentenciados. El tribunal presidido por Jaime Díaz Gavier lo realizó en tres años y casi nueve meses, a un ritmo de tres audiencias semanales de 9 a 16, con un cuarto intermedio para almorzar.

Al margen del ritmo pasmoso, otra preocupación de quienes dan pelea contra la impunidad son las estrategias dilatorias de los defensores. Tal como lo había hecho en 2012, el abogado Guillermo Fanego recusó al juez Obligado sugiriendo una supuesta pérdida de imparcialidad por su participación, junto con otros jueces y miembros de organismos de derechos humanos, en la entrega de material documental y testimonial de la megacausa al Museo del Sitio de Memoria emplazado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos. Esa maniobra fundada en un causal de buena ciudadanía ya le permitió a los represores ganar cuanto menos dos semanas. Primero porque los jueces Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia, que integran el TOF5 con Obligado, se excusaron de intervenir invocando “violencia moral”. Luego porque la Cámara de Casación demoró una semana (del 16 al 23 de febrero) para realizar el sorteo de sus reemplazantes, que recayó en el Tribunal Oral Federal 1. En paralelo, invocando razones médicas, la jueza Palliotti se tomó licencia por una semana, hasta el 1º de marzo, situación que en caso de prolongarse implicaría una nueva postergación ya que hay un solo juez sustituto (Pablo Bertuzzi) para completar el tribunal.

“Están absolutamente dadas todas las condiciones procesales y materiales para la culminación del juicio en muy poco tiempo”, remarcaron Córdoba y Ramos en el portal Fiscales.gob. “Asegurar hoy que eso efectivamente ocurra y que el proceso tramite con los tiempos regulares de juicio está en manos del tribunal”, explicaron. Sin embargo, advirtieron que “la causa empieza a atravesar dificultades que son capaces de desestabilizar la continuidad y culminación del juicio”. “Sabemos que es la última posibilidad que tienen los procesados de dar por tierra con el juicio y esto se confirma con maniobras para recusar a jueces sin motivo”, señaló Córdoba tras conocer el pedido de recusación de Obligado. “La inminencia de la justicia es existencialmente relevante para las víctimas y familiares, y seguramente inquietante para los acusados. Por eso, la Fiscalía en todos estos años de juicio oral dispuso todos los medios y su actividad procesal constante para asegurar que este juicio tramite en su totalidad hasta su culminación, que no es meramente formal, ya que se espera hace muchos años que el Poder Judicial emita la sentencia por los crímenes en la Esma”.