El gobierno de Mauricio Macri habilitó a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de inteligencia interior, expresamente vedadas por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. Una resolución de Ministerio de Defensa publicada el viernes en el Boletín Oficial autoriza a personal militar a hacer “informes socio ambientales”, término que remite al espionaje sobre actores sociales y por lo que hace menos de dos años fue condenado el ex jefe de la Armada, Jorge Godoy. El ingeniero Julio César Martínez ordenó además que se equipe y capacite a los uniformados en el “principio de progresividad en el uso de la fuerza”, contrario a la esencia de la formación militar, y habilita a los jefes de Ejército, Armada y Fuerza Aérea a asistir jurídicamente a quienes enfrenten procesos por las previsibles derivaciones de la resolución. “El gobierno parece estar preparando el terreno para profundizar la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos sociales”, advirtió Gastón Chillier, director del CELS. “Vamos a estudiar el tema y no descartamos iniciar una acción judicial porque la resolución iría en contra de previsiones legales que establecen que las Fuerzas Armadas no pueden hacer tareas de seguridad interior, ya sea reprimiendo delitos o haciendo inteligencia”, anticipó.

Para habilitar el espionaje interno el gobierno invocó la necesidad de “garantizar la integridad de los establecimientos militares”, que exigiría un “inmediato rediseño de los sistemas de seguridad de las Fuerzas Armadas”, con “nuevos criterios para minimizar y contrarrestar hechos delictivos”. La resolución 154-E/2017 deroga otra firmada por la ministra Nilda Garré y aprueba nuevos “principios para ser aplicados ante hechos delictivos contra la Zona Militar”, concepto que reemplaza a “jurisdicción militar” y retrotrae a la división en zonas, subzonas, áreas y sub-áreas importado de los militares franceses durante la dictadura. “El concepto de zona militar sugiere que instalaciones como el Edifico Libertador pasarían a estar custodiadas por la policía militar. No es un cambio menor. Si mañana los ex combatientes de Malvinas van a protestar ahí, ¿los va a sacar con el Ejército?”, se preguntó el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi.

La primera diferencia notoria con la resolución de 2009 -que pretende actualizar- es que habilita “el uso de la fuerza necesaria, proporcionada y razonable” ya no para “rechazar la comisión de todo delito violento flagrante” sino flagrante a secas, es decir cualquier delito menor que se impute a cualquier persona que pise un cuartel. Se debe “orientar a las Fuerzas Armadas” a establecer criterios comunes en materia de “organización, prevención, coordinación, reacción, neutralización y restablecimiento del orden en la zona militar”, sostiene Martínez en los fundamentos.

En el principio número 5 se asegura que “no procederá la realización de tareas de inteligencia o contrainteligencia” para cumplir la resolución, pero en la oración siguiente se abre la puerta para hacer exactamente lo contrario: “No se considerarán tareas de inteligencia o contrainteligencia la realización de los informes socio ambientales realizados por los organismos de personal (sic) de cada una de las Fuerzas Armadas”, indica. En los escuetos considerandos no hay un solo fundamento de esta excepción.

Los argumentos que permiten advertir su ilegalidad sí están desarrollados en la resolución de Garré. Allí se explicaba que el decreto que en 2006 reglamentó la Ley de Defensa precisó que “el Sistema de Defensa Nacional no podrá contemplar en su formulación doctrinaria, en la planificación y adiestramiento, en la previsión de las adquisiciones de equipos y/o medios, como así tampoco en las actividades relativas a la producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior”. La resolución de Martínez, en cambio, instruye a los estados mayores de las fuerzas a asegurar “el equipamiento y capacitación” del personal militar, con la excusa de garantizar el “principio de progresividad en el uso de la fuerza”. También es notorio el contraste entre el centenar de delitos en unidades de las tres fuerzas armadas enumerados en 2009 como fundamento de los principios a implementar para combatirlos. “En los últimos años en las instalaciones militares se han registrados hechos delictivos”, escribió el actual ministro, sin mencionar ni siquiera un ejemplo.

El argumento para garantizarles abogados del Estado a quienes eventualmente sean imputados ya sea por espionaje o por el uso no-progresivo de la fuerza consta de tan solo un par de palabras: “resulta necesario (sic) proveer el acompañamiento jurídico, el patrocinio y/o la representación en juicio”, es decir una situación similar a la que atravesaron los espías de la base Almirante Zar de Trelew y de toda la cadena de mandos de la Armada denunciada por el CELS y finalmente condenada por hacer inteligencia sobre dirigentes políticos, sindicales, sociales y periodistas.

“Deberían explicar y dar precisiones acerca de qué implica la realización de esos informes socio ambientales”, advirtió Rossi ante la consulta de Páginað12. “La resolución genera dudas y sugiere que pueden estar preparando el terreno para que las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de seguridad interior”, señaló. “Nuestra primera impresión es que el tema es muy grave”, opinó Chillier. “El gobierno parece estar elaborando el marco legal para darle jurisdicción y competencia a las Fuerzas Armadas para volver a hacer tareas de inteligencia sobre actores sociales, como quedó demostrado en el juicio que terminó con la condena a Godoy, que incluía esos mismos informes ‘socio ambientales’”, recordó el director del CELS.