A pesar de que en las últimas horas el movimiento indígena aceptó el diálogo directo que había rechazado en principio con el gobierno de Ecuador, presidente Lenín Moreno ordenó el "toque de queda y la militarización" de Quito.
Se trata de una medida más dura que el “estado de excepción” impuesto el 3 de octubre -y por el cual se había movilizado a las Fuerzas Armadas- y choca de frente con la voluntad de las organizaciones para negociar una eventual salida a la crisis política, social y económica.
En tanto, el ex presidente Rafael Correa volvió a denunciar los graves hechos de violencia contra los manifestantes. En su cuenta de Twitter publicó un video en el que las fuerzas de seguridad emboscaron una multitud que avanzaba pacíficamente por uno de los accesos de la capital.
La justificación de Moreno para endurecer la represión fue la de siempre: la violencia en las manifestaciones iniciadas hace once días, que en rigor tuvieron origen por las reformas económicas inconsultas pactadas entre su gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia", expresó en Twitter el mandatario, quien se ampara en facultades especiales, que en principio permiten restringir algunos derechos por 30 días.
Las expresiones de Lenin van a contramano de la voluntad de diálogo expresada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que anunció su decisión de "participar" en un encuentro cara a cara con Moreno después de "un proceso de consulta con las comunidades".
La organización había dicho ayer que la propuesta "carecía de credibilidad" e insistía en que solo se sentaría a conversar cuando se derogara el decreto que eliminó los subsidios de los combustibles y encareció los precios en hasta 123 por ciento de la gasolina y el diésel.
Sin embargo, reconsideró su negativa inicial e incluso se mostró dispuesta a conversar sobre "la derogatoria o revisión del decreto".
En tanto, las manifestaciones derivaron en el asalto al edificio de la Contraloría, que fue incendiado y saqueado por manifestantes encapuchados. La ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, lanzó una represión en la zona.
Cerca de ahí, en los alrededores de la Asamblea Legislativa, los manifestantes levantaron barricadas con troncos y escudos de madera para enfrentarse a policías que lanzaron una lluvia de gas lacrimógeno.
