A Iván Pérez, de 24 años, lo asesinaron de un balazo en la nuca disparado por un policía que lo venía persiguiendo. El autor del ataque fue el agente Mauricio Javier Gómez, de la comisaría octava de Gualeguaychú, Entre Ríos, quien está detenido, acusado de homicidio. “Este no es un hecho aislado, se da en un contexto de cultura institucional, de habilitación de prácticas autoritarias de parte de dirigentes políticos de nivel nacional”, sostuvo el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de esa ciudad, Matías Ayastuy. A pesar de las pruebas que señalan a Gómez, sus familiares y sectores vinculados a las fuerzas de seguridad locales convocaron para este domingo a una marcha para reclamar la libertad del policía.

En diálogo con Página/12, Ayastuy opinó que el caso de Iván Pérez está íntimamente relacionado con conductas de las fuerzas de seguridad a nivel nacional “como en los casos de Rafael Nahuel, Santiago Maldonado o con la Doctrina Chocobar”, avalada en forma explícita por el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

El funcionario de DDHH se presentó de inmediato en el lugar del hecho ocurrido el miércoles pasado, a las 10.30 de la mañana. “No hay dudas sobre la imputación que se le hace al policía, porque fue a plena luz del día y en presencia de muchas personas, de manera que la policía no pudo ‘plantarle’ un arma a la víctima como suele suceder”, de manera que no se puede alegar legítima defensa, porque el joven estaba desarmado y escapando a pie de la persecución policial.

El policía Gómez tenía el antecedente de una condena por “vejámenes”, en un juicio abreviado, porque había golpeado a un joven durante el festejo de los carnavales, en febrero de 2016. La golpiza fue porque la víctima había saltado las vallas que separan al público de la pasarela por donde desfilan las comparsas. “Por sus antecedentes, el policía tenía que haber sido separado de la fuerza, pero seguía haciendo tareas, aparentemente sin cobrar sueldo”.

De la persecución participó otro policía, Juan Zapata, quien fue dejado en libertad por pedido de la fiscal del caso, Martina Cedrés, ya que el único que disparó fue Gómez. Los  agentes iban en un móvil, del que se bajaron para perseguir a Iván Pérez y a otro joven, que fue detenido. Según la policía, los seguían por una denuncia por presunto robo.

Sobre esa versión, Ayastuy sostuvo que “hay que separar lo que tuviera que ver con consumos problemáticos de los que se habla o de los presuntos hechos delictivos, y el debate que tiene que ver con la seguridad pública ciudadana en democracia”. El procedimiento fue en un descampado del barrio Molinari y “lo que dicen los vecinos es que el policía Gómez sacó su arma y le disparó desde unos 95 metros” a un joven desarmado que no representaba ningún peligro para los uniformados. La bala entró por la nuca. El proyectil partió del arma reglamentaria de Gómez, según dijeron los peritos balísticos de Gendarmería.

Ayastuy recordó que a nivel nacional, y también en Entre Ríos, donde hubo tres casos de gatillo fácil en poco más de un año, se han producido con frecuencia “actuaciones autoritarias de las fuerzas de seguridad que viola garantías, procedimientos violentos, apremios ilegales, condiciones de detención aberrantes, algunas situaciones de tortura”. Recalcó que eso conduce “a que se produzca en nuestra ciudad este caso”.

Sobre la marcha en favor del policía detenido, aclaró que la convoca “gente muy cercana a las fuerzas de seguridad en una búsqueda de enfrentamiento virtual” a través de las redes sociales. Admitió que “hay preocupaciones genuinas en nuestro país y me atrevo a decir en América Latina, que tienen que ver con el legítimo reclamo de seguridad”. Puntualizó que la diferencia está en que “algunos piensan que el reclamo va por el camino del autoritarismo, del avasallamiento de derechos, de garantías, de la violación de procedimientos", 

"Nosotros, en cambio, entendemos que mayor seguridad está ligada a más derechos, más respeto de los derechos humanos, más salud , educación, prevención, tratamiento para personas en situación de consumo problemático, más seguridad tiene que ver con más presencia del Estado, con más acompañamiento”.