“El Gran Chaco es el corazón de la Zicosur y debe ser prioridad”. Las palabras del gobernador Juan Manuel Urtubey, a quien le quedan pocos meses para cumplir su mandato, suenan a peligro para algunos sectores.
El director de la Fundación para la Gestión e Investigación Regional (FunGIR), Luis María de la Cruz, advirtió que el objetivo marcadamente "empresarial" de la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur) pone en riesgo el ecosistema de esta región.
De la Cruz, quien analiza el cambio climático en el contexto de la gestión del territorio en la región del Pilcomayo, señaló que la primera pregunta pertinente es “¿En qué se va a invertir?”. “Hay un empuje del modelo de producción extractivista que se busca fortalecer con vías de comunicación y transporte que posibiliten el acceso a otros puertos”, dijo, concluyendo que el objetivo es, justamente, “empresarial”.
El Chaco Sudamericano es una de las regiones que sufrió incendios cuando la quema forestal del Amazonas puso en alerta al mundo por la depredación de los recursos naturales de la región. Los ojos puestos en la gran selva, terminaron por distraer las miradas de la ecorregión chaqueña, una de las más secas del continente.
La tensión del llamado desarrollo aparece en la coexistencia de por lo menos dos modelos productivos. Por un lado, aquellas producciones que hacen del campo su forma de vida (lo que implica la construcción de una cultura rural y un modo de vida afín), y por el otro, modelos financieros que usan el campo como inversión, siendo el producto rural solo un bien para generar ganancias, con la excusa de “producir alimentos para el mundo”, explicó el especialista.
El ejemplo que De la Cruz puso como estructurante de este modelo es el llamado Corredor Bioceánico, proyecto vial en ejecución, para disponer de una comunicación vial entre Brasil y Chile, pasando por territorio argentino, con el fin de que la producción agroindustrial de la región de Mato Grosso do Sul e industrial de Saõ Pablo pueda salir por el Pacífico a los mercados de Asia. La idea es poder sacar, precisamente, soja, carne y productos industriales para exportar, a costa de los riesgos que representa un corredor que atraviesa áreas pobladas por pueblos indígenas y familias ganaderas criollas, indicó.
El paso de las rutas de asfalto acompaña el ritmo de la producción vinculada al agronegocio. No parece casual que en la misma zona del Chaco salteño en la semana que va del 29 de septiembre al 6 de octubre, según el sitio fires.globalforestwatch.org, se registraron 1030 alertas de incendio. El 81 por ciento, es decir, 837 alertas se dieron en los cuatro departamentos que en la provincia integran el Chaco Sudamericano: Anta, Orán, San Martín y Rivadavia. Anta, el modelo productivo salteño con una tasa mayor de deforestación se ubica en el podio con 515 alertas de incendio.
La relación de los incendios con la llamada producción de la zona agroganadera por excelencia, está dada por la fragilidad que aporta al sistema natural la transformación de bosques en sabanas y la necesidad de “limpiar” los campos de materia seca para incentivar el rebrote para forraje. Estas acciones, señaló De la Cruz, no evalúan ni las emisiones de carbono que generan, ni los cambios en el clima que se evidencian en períodos de fuertes vientos, con alternancias violentas en su dirección, que propagan el fuego sin posibilidades de control.
La convivencia forzada
De los dichos de De la Cruz se desprende que queda habilitada la duda sobre a quiénes se quiere integrar en la región a través de la Zicosur, y de qué manera. El experto diJo que en la región del Chaco "se logran acuerdos de convivencia, pero desiguales", cuando se entablan diálogos para definir el lugar que tienen los pobladores tradicionales frente al avance de quienes detentan títulos de tierras y los quieren hacer valer en función del agronegocio.
El pensamiento que prima en estos acuerdos, por parte de los “dueños de la tierra (o de la producción agroindustrial)” es “te doy migajas, me dejás tranquilo y sigo explotando como quiera”, reflexionó. La conclusión no es antojadiza. En más de una zona las comunidades originarias y pobladores tradicionales criollos han quedado encerrados entre grandes extensiones de desmontes con acuerdos de otorgamiento de extensiones de tierras de 200 hectáreas. La negociación se hace mediante abogados pagados por las empresas para representarlas, contra personas que a veces no saben leer, escribir o no entienden el idioma.
De la Cruz también apuntó a la ley provincial 7658, que impide el desalojo de campesinos criollos en Salta.
Desde 2010 se habla de políticas de regularización dominial y el incentivo para el arraigo de pequeños productores. Se frenan judicialmente los desalojos pero cada fin de año se tiene pendiente una nueva prórroga ante el riesgo de que, de caer la ley, empiecen las expulsiones de campesinos. Esta presión genera también apuros en las negociaciones de quienes no tienen un plan B si pierden sus tierras.
“Acá aparece un ‘enviado’ de un tipo que se dice 'dueño de la tierra' que vive en otro lado, que jamás pisó o va a pisar esta tierra y tenés cuatro criollos cuyos ancestros viven y producen hace generaciones, pero no tienen título. Terminan siendo expulsados o se logra una negociación por la cual se dejan 200 hectáreas, que terminarán rodeadas de desmonte en donde se va a fumigar o se fumiga y el pequeño ganadero tiene 40 a 80 vacas y las tiene que vender. Los negociadores de las empresas saben que finalmente, tras el acuerdo y las transformaciones del entorno, los 'ocupantes' se van a tener que ir”. “Todo muy legal… ¿pero quién escribió la ley? Esto nos abre otro debate sobre la legitimidad de la representación del pueblo y de sus intereses en los espacios legislativos”, dijo.
De gaucho a peón, la historia se repite
Para de la Cruz la única salida a esta desigualdad en la región es “fortalecer los movimientos de resistencia”. Pero al contrario de su anhelo, dijo que observa cada vez más un “decaimiento” de esa capacidad de resistir por parte de las poblaciones tradicionales del Chaco.
Como un “caso a imitar” en la región reseñó los trabajos de técnicos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SsAF), que fortalecen a los pequeños agricultores. Interpretó que el resto de convenios que se firman con algunas organizaciones que consiguen fuentes de financiamiento para investigar, termina por plantear como alternativa que “la gente reduzca su sistema de producción por otro nuevo en el que quedan encasillados y pierden entonces lo que siempre tuvo el criollo y el indígena chaqueño: autonomía y soberanía”. Esto los lleva a pasar a un sistema en donde “terminan siendo peones de las empresas agroindustriales o pequeños productores en condiciones muy desfavorables (…). Es el mismo proceso que sufrió el gaucho en las pampas a fines del siglo XIX. El hombre libre pasa a ser un proletario rural y luego un marginal periurbano”.
No es menor entonces que organismos como la SsAF hayan sido desmantelados durante este último gobierno. De los 60 trabajadores en la provincia, 28 fueron despedidos y cinco reincorporados, con lo cual quedan 23 desvinculados. Muchos se desempeñaban como técnicos en las zonas del Chaco salteño y lograban proyectos de agua o de remates de animales para conseguir mejores precios. Si bien las políticas continúan, no tienen el mismo impulso de hace cuatro años, cuando había mayor cantidad de recursos humanos.
