La tala indiscriminada puede implicar un desmonte. El alambrado imposibilita circular por el territorio de uso ancestral. Y el ingreso de ganado vacuno impide la continuidad de los efectos de la reforestación.

Estos son los tres pilares sobre los que se erige la demanda judicial de la Comunidad Territorios Originarios Wichi, representados legalmente por la abogada María Cecilia Jezieniecki. Por la zona en que está la Comunidad, la acción judicial fue presentada este miércoles en la Justicia Civil provincial de Tartagal, en el norte de Salta, a través de un “interdicto de retener la posesión”.

La demanda, que tiene como titular querellante al cacique Juan de Dios López, tiene  acusados identificaos. Nene Jaime, vecino del territorio comunitario, por el ingreso del ganado a la Comunidad. Eduardo Rivero, de la Comunidad Indígena Wichi, ubicada en Misión Kilómetro 12, como uno de los responsables de la tala de árboles; una familia de apellido Ángel, a la que señalan como responsables del tendido de alambres en territorio de la Comunidad. La presentación indica que serían los titulares registrales de las tierras en disputa.

Pese a ello, la Comunidad sostuvo que más personas ingresan al territorio a extraer sus bienes naturales.

La madera se tala por la noche. Los contratistas, no identificados, pagan a los hacheros que hacen su trabajo hasta antes del amanecer, y se llevan la madera en tractores o camiones.

La denuncia llegó a la Secretaría de Ambiente de Salta, que hizo dos inspecciones en septiembre de 2018 y octubre de 2019 sin que las actuaciones hayan tenido resultados o medidas que eviten esta extracción.

Quienes extraen la madera se sirven de guías que pertenecen a otros sectores aledaños a la Comunidad y son las que se presentan ante la Policía Rural para sacar la madera en camiones.

Como ejemplo, en la demanda se indica que el domingo y lunes 15 y 16 de septiembre pasado, se generó una fuerte extracción de madera que fue advertida por la Policía Rural. Pero “dicha fuerza no pudo evitar la salida de los camiones con madera, lo que hace imperioso la intervención del Poder Judicial en defensa de la propiedad comunitaria de mi Comunidad”.

Jezieniecki indicó que es entendible que no haya suficientes recursos para controlar tan extenso territorio, pero dijo que, precisamente, ante ello se apela a la Justicia para que tome las medidas que correspondan y ponga fin a esta situación.

La abogada analizó que la conflictividad surge de imponer “un modelo de desarrollo, sea la extracción de madera, litio, o soja, sobre la forma de vida tradicional de las comunidades”.

Expulsados

La Comunidad Territorios Originarios Wichi está a tres kilómetros de la ruta nacional 86, y para llegar a ella se ingresa por un camino vecinal frente al kilómetro seis.

Los comuneros están allí desde la década del 80 luego de que las prácticas de apropiación de tierras por parte de Robustiano Patrón Costas en 1911 los expulsaran de su territorio original. Recién el 14 de diciembre del 2016, más de un siglo después, el Equipo de Relevamiento Territorial (ETO) demarcó el territorio según los parámetros establecidos por la ley Nº 26.160, de emergencia territorial indígena.

La tarea de relevamiento arrojó una demarcación de 593 hectáreas por el uso tradicional y actual de la comunidad. El 26 de febrero de 2018 los técnicos entregaron el mapa de relevamiento. El ETO realizó el informe antropológico y el dictamen jurídico, pero esa documentación está pendiente de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dicte una resolución declarando la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad relevada sobre los territorios demarcados.

Mientras esta resolución se demora, hubo saqueo de madera, utilización del territorio, que se reforesta como zona de pastoreo para el ganado vacuno, y el tendido de alambrados que impiden la circulación de los miembros de la Comunidad.


El dueño de la selva

La historia de la Comunidad Territorios Originarios es reveladora de la situación que comparte el pueblo wichi al menos en Salta.

Jhon Palmer, etnógrafo inglés que se introdujo en las comunidades del norte salteño relata en su libro “La buena voluntad wichi” los recorridos de este pueblo. En la demanda judicial presentada el miércoles se describe, basándose en esta información, que la Comunidad “está conformada por personas que pertenecen mayormente al subgrupo lantawos y iogys, los que han ocupado el territorio conocido como Zlaqatahyi ‘Nuestro Monte’”.

Los antepasados de la Comunidad marcaban sus recorridos de acuerdo a los recursos y épocas del año. Pero las campañas militares y la colonización empezaron a generar la mutación de los recorridos, y las razones de su movilidad.

“Los mayores recuerdan el trabajo en el aserradero de Zopota, a principios de siglo, en condiciones de semi esclavitud y la irrupción de la viruela, que diezmó a la Comunidad. Asimismo, y por los años 60, estos grupos comienzan un periodo de sedentarización ya que gran parte de sus territorios son alambrados limitando la circulación tradicional”, dice la demanda.

Sin consulta ni aviso, como aún sucede en muchas situaciones en la actualidad, a principios de siglo XX las tierras de Zlaqatahyi se transformaron en propiedad privada. “El dueño de la selva, deidad de la cosmología wichi, ya tenía nombre y apellido. En 1911 Robustiano Patrón Costas figuraba como titular de 23.000 hectáreas de tierra. (…) Además de provocar la expulsión de un tercio de la población wichi original, la usurpación de tierras de Zlaqatahyi, estuvo acompañada por ilimitados daños ambientales. Desde los años 1930 cuando se fundó la ciudad fronteriza de Tartagal, en el límite occidental del territorio, Zlaqathayi ha sido saqueada indiscriminadamente de sus maderas duras, a la par de la tala clandestina que en la actualidad alcanzó niveles extremos”.

Es por ello que, se indica en la presentación judicial, “han sobrevenido los otros males contemporáneos que afectan a las selvas tropicales del mundo: colonización, pastoreo de ganado, prospección petrolera, construcción de caminos, oleoductos, gasoductos”, entre muchos otros.

Ya en los años 80 la Comunidad encontró su lugar en el extenso territorio. Pero la zona, sin asistencia estatal, carecía de agua, por lo que las familias abandonaban este asentamiento en época de verano. La situación se revirtió en 2016 por el trabajo conjunto del Equipo de la Pastoral Aborigen (ENDEPA), la Subsecretaría de Agricultura Familiar y el INTA, para el abastecimiento de agua potable.