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Desde Madrid
En un fallo trascendental para la historia de España post dictadura franquista, el Tribunal Supremo condenó a los líderes independentistas que organizaron el referéndum ilegal en Cataluña, en octubre de 2017. Una sentencia que dinamita la campaña electoral de los comicios generales del 10 de noviembre, y que marca el inicio de una nueva etapa política en el país, por su impacto en el conflicto territorial catalán, y como antecedente para otras regiones españolas con reclamos soberanistas.
Después de la realización del juicio oral, que se extendió entre febrero y junio de 2019, la Justicia española sentenció a 13 años de prisión al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, por el delito de sedición y malversación de fondos; y 11 años y medio para la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, por el delito de sedición.
Los exconsejeros del Gobierno catalán durante aquel periodo, Jordi Turull, Raúl Romeva y Dolors Bassa recibieron penas de 12 años por el cargo de sedición, mientras que Josep Rull y Joaquim Forn, 10 años y medio por los delitos de sedición y malversación. Los líderes de las organizaciones soberanistas, Asamblea Nacional Catalana y Óminum Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, fueron sentenciados a 9 años por los delitos de sedición, mientras que otros tres exconsejeros recibieron 20 meses de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
La sentencia se conoció en la mañana de este lunes ante una gran expectativa sobre cuál sería la gravedad de las penas, y qué respuesta se produciría en las calles de Cataluña. Antes de la publicación de la sentencia, el Gobierno español había difundido un video de cara a los efectos que tendría el fallo, en el que los ministros del Gabinete comunicaban en inglés y castellano un mensaje sobre la “fortaleza de la democracia española”.
Después del anuncio de la sentencia, una de las primeras reacciones fue la del principal condenado, Oriol Junqueras. El exvicepresidente de la Generalitat, criticó el fallo y el comportamiento del Estado español. “No hay otra opción que construir un nuevo Estado para huir de este que persigue a demócratas, prohíbe votar y protestar, y encarcela por ideas políticas”, escribió el líder independentista a través de su red social, desde la cárcel de Lledoners (Barcelona) donde se encuentra.
Un par de horas después, unos minutos antes de las 12 del medio día hora local, compareció ante los medios el presidente del Gobierno catalán, Quim Torra. El dirigente independentista aseguró que la “prisión y el castigo no son la solución de nada” y que el “uso del código penal contra la voluntad popular es una herencia de la dictadura y no un rasgo propio de la democracia”. De cara a lo que vendrá, Torra aseguró que “la negativa del Estado a iniciar un dialogo para una solución democrática del conflicto político” no los detendrá “en la determinación de construir un Estado independiente”.
Unos minutos después de Torra, compareció el presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez. El líder socialista respaldó el proceso judicial, y afirmó que el Estado acataría y cumpliría íntegramente la sentencia del Tribunal Supremo. Una frase que se interpretó como una negativa ante cualquier opción de amnistía o indulto para los dirigentes condenados. A su vez, señaló que el proceso independentista catalán había fracasado, e instó a comenzar una nueva etapa de “concordia”. Más tarde, diversos ministros del Gabinete ratificaron que el Ejecutivo cerraba completamente la puerta a los indultos, y enviaron un mensaje a las fuerzas de derecha para que no exigieran más castigos que los que había determinado la Justicia.
El resto de los líderes políticos también se pronunció sobre el fallo. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, respaldó la sentencia y afirmó que “quien las hace las paga”, e insistió en que el mandatario socialista debía confirmar que que no indultaría a los procesados. El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, llamó a una reconciliación, y pidió a las diversas fuerzas políticas abrirse al diálogo para explorar soluciones al conflicto. Además, sugirió que el Ejecutivo debería pensar en la posibilidad de un indulto.
Por su parte, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, la fuerza soberanista que lidera Junqueras, dijo que la democracia española había muerto, y que la sentencia era la agresión judicial más importante contra Cataluña desde 1940, cuando el franquismo fusiló al expresidente de la Generalitat, Lluis Companys.
A esta altura, preocupados por construir su propio relato de la crisis, los dirigentes políticos cedieron el protagonismo a los manifestantes en las calles de Cataluña. Las primeras marchas se produjeron en Barcelona y Girona, frente a los edificios oficiales y con acciones de bajo voltaje. Sin embargo, con el correr de las horas, las protestas crecieron en número de manifestantes y en indignación. El punto más álgido se alcanzó en las inmediaciones del Aeropuerto del Prat, a las afueras de Barcelona, cuando cientos de personas chocaron con la policía, y provocaron la cancelación de más de 1o0 vuelos.
Por la tarde, centenares de indignados protestaron en diversos puntos de la geografía catalana. Mientras que, por la noche, una multitud se concentro en Barcelona, al grito de “Libertad presos políticos”, “independencia”, y “Fuera las fuerzas de la ocupación”, entre otras proclamas. Una protesta que se extendió sobre el filo de la madrugada, en línea con las acciones que impulsa el movimiento independentista para sostener la movilización ciudadana durante toda la semana.
Los canales de televisión y los medios de comunicación digitales del país ocuparon casi la totalidad de sus espacios para reflejar las protestas, y las valoraciones de los diversos dirigentes políticos. En el corto plazo, la atención estará puesta en el despliegue soberanista en las calles de Cataluña, y en las posibilidades de que se generen nuevos incidentes. El Gobierno de Sánchez apuesta por mantener el control sin recurrir a actos de represión, mientras que la Generalitat ha llamado a seguir en las calles, y ha cursado cartas al rey Felipe VI y al presidente Pedro Sánchez para abordar “la crisis”.
Entre la tensión que se vive en las calles, y el hartazgo político y electoral de la sociedad española, el Gobierno español y los líderes independentistas catalanes ya juega el gran partido por imponer su relato del conflicto. No por casualidad, tanto Sánchez como Torra publicaron sus discursos en castellano, catalán e inglés. Entre el relato y la calle se juega el primer gran pulso soberanista de la historia moderna de España.
