Pese a que el 60 por ciento de los delitos cometidos dentro de la CABA, entre 2016 y 2018, fueron delitos contra la propiedad, y que el 95 por ciento de estos consistieron en robos y hurtos, ninguna de las dos figuras delictivas fueron incorporadas a la competencia de la justicia de la Ciudad. Según el informe "La Ciudad y las Sirenas", desarrollado por el Observatorio de Política Criminal, los delitos de criminalidad violenta, que son los que más sufren los porteños (incluyendo los homicidios dolosos), no pueden ser tratados por la justicia local ya que no fueron transferidos desde la justicia nacional. En cambio, sostiene el OPC, la justicia local se dedica a "delitos menores de fuerte impronta territorial", aplicando figuras como resistencia a la autoridad, atentado contra la autoridad y desobediencia. El informe sostiene que la "no transferencia" de dichos delitos obedece al diseño de una política criminal para la Ciudad, en la que "existe una fuerte impronta territorial en la selección de los delitos transferidos, lo que repercute de manera exponencial en la persecución penal, principalmente, contra los sectores más vulnerables de la sociedad."
El informe, que lleva el subtítulo de “Gobierno de la Ciudad, control del territorio, poder judicial y gestión de la micro violencia”, sostiene que la CABA cuenta con suficiente estructura y prespuesto como para insistir en el traspaso de competencias que la habiliten a dedicar la atención a la criminalidad más violenta, que es la que mayoritariamente sufren los porteños, y que si eso no ocurre desde hace 20 años –cuando fue creado el Poder Judicial de la Ciudad y se iniciaron los traspasos–, es porque el Gobierno porteño decidió aplicar el presupuesto y estructura para sostener el paradigma de peligrosidad sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, aplicando figuras delictivas menores como las que ocurren en los arrestos por desacatos y resistencias a la autoridad.
Los autores del informe del OPC son Daniela Medina, Manuel Campolongo, Agustina Sanz Garea y Ariel Larroude, director del Observatorio.
Un presupuesto de 15 mil millones de pesos
La justicia local cuenta, según los autores del informe, con aproximadamente 150 dependencias, entre juzgados, fiscalías y defensorías de todas las instancias, incluido el Tribunal Superior de Justicia. Por otro lado, el OPC recuerda que la Legislatura porteña aprobó para el Poder Judicial local un presupuesto de casi 15 mil millones de pesos para 2019, para una estructura en la que se calcula que trabajan unas 6 mil personas.
Además, el informe sostiene que "la Policía de la Ciudad cuenta aproximadamente con 18 mil efectivos distribuidos en las 15 comunas de toda la ciudad, esto sin contar la ayuda operativa de la GNA (Gendarmería) y PNA (Prefectura) avocadas a la seguridad en el territorio porteño."
Para sostener esta distribución, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta destinó en Seguridad 46.500 millones de pesos para este año.
Toda esta estructura judicial/policial la Ciudad la destina "a la persecución de delitos como 'atentado y resistencia a la autoridad', 'narcomenudeo' y 'lesiones', sumadas al 'espectro contravencional' como la 'ocupación indebida del espacio público', aplicadas de manera selectiva sobre las poblaciones aportadas por la Policía de la Ciudad."
El informe "La Ciudad y las sirenas" subraya que en este marco, además, la criminalidad no se distribuye en forma pareja en el territorio porteño sino que se concentra en determinadas comunas. Utilizando data provista por Estadística Criminal del gobierno de la Ciudad, sostiene que "durante los años 2016/17/18, las seis comunas que manifestaron mayor complejidad delictiva fueron la 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución); la 14 (Palermo); la 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya); la 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano); la 3 (Balvanera y San Cristóbal) y la 7 (Flores y Parque Chacabuco), que juntas reúnen 1 millón 345 mil habitantes (casi el 44 por ciento de la población de las 15 comunas porteñas)".
Y describe que "los barrios que más robos y hurtos sufrieron en la Ciudad de Buenos Aires durante 2018 fueron: Palermo, 8675 hechos registrados; Balvanera, 7424; Flores, 5877; Almagro, 4831; San Nicolás, 5741; y, por último, Caballito, 5145."
En relación a los homicidios dolosos, se viene detectando una merma desde 2014, cuando se cometieron 198 crímenes. En 2015, se registraron 175 víctimas; en 2016, 146; en 2017, 143; y en el año 2018, 136 víctimas.
Pese a la merma, la distribución territorial se mantiene en forma constante, fuertemente marcada hacia la zona sur de la ciudad. Por ejemplo, a diferencia de la tendencia a la baja manifestada en toda la jurisdicción porteña desde 2014 hasta 2018, en 2016 en la Comuna 1 –la de mayor referencia en homicidios dolosos– se registraron 30 crímenes; en 2017, 25; y en 2018, 34. Lo mismo se registró en la Comuna 3, que para los mismos años pasó de 11 a 9 pero después se incrementó a 12.
El informe del OPC destaca que "si bien la ciudad en términos generales mantiene una tasa de homicidios relativamente baja en comparación al resto de los países de América Latina, lo cierto es que su distribución geográfica no es equitativa. Por ejemplo, el 83% de los homicidios registrados en 2016, el 72% en 2017 y el casi el 70 % en 2018, se cometieron en las Comunas 1, 3, 4, 7 y 8 (zona sur de la ciudad).
"Para ser más gráficos –continúa el informe–, mientras la tasa de homicidios dolosos durante 2018 en la Comuna 1 fue de 13,3 cada 100 mil habitantes, la Comuna 2 –Recoleta, al lado, en términos geográficos– registró una tasa de 2 cada 100 mil."
"Peor aún, en 2017 la tasa de homicidios dolosos en los asentamientos precarios de la capital fue de 28 cada 100 mil habitantes, mientras que en el resto de la ciudad durante el mismo período fue de 3,5 cada 100 mil."
El OPC cita datos de la Procuración Penitenciaria: "En el caso de detención de menores de edad, la conflictividad anclada en la zona sur afirma nuestra teoría. Entre junio de 2018 y junio de 2019 hubo aproximadamente 2064 aprehensiones. Más de la mitad, 1120 casos (54%), se produjeron en las Comunas 1, 8, 7, 4 y 3."
En contraste, el Gobierno toma la decisión de mantener enormes volúmenes de dinero, personal y estructuras, para combatir delitos menores: "En 2018 tramitaron en el Poder Judicial de la Ciudad: 10118 amenazas, 6075 daños, 4319 hechos vinculados con pornografía infantil, 1175 usurpaciones, 1201 resistencias contra la autoridad, 400 atentados contra la autoridad y 155 desobediencias." Salvo los casos de pornografía infantil, las amenazas, daños, usurpaciones, resistencias contra la autoridad, atentados y desobediencias son figuras dirigidas contra sectores de la sociedad perseguidos (vendendores ambulantes, narcomenudeo, represión de protestas) que habitualmente coinciden con los sectores vulnerables.
"El poder político decidió que la Ciudad de Buenos Aires no resuelva su criminalidad violenta, y que su verdadera función esté limitada a la administración del territorio porteño a partir de una serie de mecanismos policiales y dispositivos técnico-legales que le permiten mantener a raya el control de la calle –sostienen los autores–. Este propósito, tiene como fin controlar la conflictividad social violenta a partir de figuras delictivas menores pasibles de ser gestionadas discrecionalmente por la policía en el territorio, según la necesidad política de turno."
Los autores proponen una serie de pautas. Una de ellas es que el Poder Judicial local debe reclamar su competencia para hacerse cargo de la criminalidad violenta. Hasta que ocurra, la ciudad debería reclamar, sostienen, a la justicia nacional el grupo de conflictividades violentas referidas, manifestar cuál será su política criminal, y como va a utilizar sus recursos, además de decidir donde utilizar medios coercitivos y en cuáles no.
"El paradigma del orden solo puede ser contrarrestado con políticas que pongan en crisis el poder de su fuerza y no de su discurso, que de por si es chato y violento", afirman los autores en el cierre del informe.
