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Desde España
Mucho antes de que los dirigentes separatistas catalanes organizaran el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017 con el que desafiaron al Estado español, el entonces presidente Mariano Rajoy ya había renunciado a la vía política para resolver el conflicto. La opción judicial por la que se decantó ha tenido en la sentencia dictada este lunes un momento clave, pero que en ningún caso supone la resolución del problema. Mas bien, todo lo contrario.
La sentencia dictada por el Tribunal Supremo español no agota la vía judicial, que sólo concluirá cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie tras un seguro recurso de los líderes condenados, pero mucho menos resuelve la crisis institucional que vive España en uno de sus territorios más ricos y poblados.
Las manifestaciones masivas, cargadas de incidentes, que se produjeron en todo el territorio catalán tan pronto como se conoció el fallo judicial y que tuvieron uno de sus escenarios más álgidos en el aeropuerto internacional de El Prat, en Barcelona, demostraron que la sentencia, lejos de acercar una solución, la ha alejado.
El fallo judicial ha tenido la rara virtud de no contentar a nadie. Para los independentistas, cualquier fallo distinto a una absolución generalizada para los 12 acusados era inaceptable. Los sectores políticos más escorados a la derecha esperaban sanciones aún más duras sobre la base de que con el referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia por parte del parlamento catalán se había incurrido en un delito de rebelión, un ‘golpe de Estado’ según la terminología adoptada, tesis que defendía el fiscal.
Ni uno, ni otro. El tribunal decidió que los acusados cometieron un delito de sedición, cuyas penas, pese a que se optó por la franja más alta prevista en la ley, aunque duras son menores. De los 25 años que se pedían para el principal acusado, el ex vicepresidente del gobierno catalán Oriol Junqueras, la sentencia lo condena a 13.
Al presidente que surja de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, le quedará un importante problema que afrontar. Ya el gobierno español comenzó a difundir un video en el que se asegura que España es una democracia consolidada y un estado de derecho de los más avanzados del mundo. Hay quien cree que cuando un estado se siente obligado a hacer aclaraciones sobre su calidad democrática reconoce que tiene un problema que, en el mejor de los casos, es de imagen.
Haber trasladado a los jueces un problema cuya resolución estaba en el campo de la política, un camino por el que optó Rajoy y que Pedro Sánchez no hizo nada por rectificar, tiene contraindicaciones que seguramente excedan los límites del territorio catalán. Algunos juristas advertían de que en su afán por atribuir a los líderes secesionistas el delito de secesión, el Tribunal Supremo, cuyas sentencias crean doctrina, calificó con ese tipo penal acciones que hasta ahora se consideraban simplemente como resistencia a la autoridad o desobediencia.
La pregunta es cuántos ciudadanos, fuera o dentro de Cataluña, que participen en actos de resistencia civil pacífica como intentar impedir un desahucio (desalojo) o que no obedezcan una orden policial de dispersarse en una manifestación se estarán arriesgando a largas condenas de prisión como las que les han caído a los líderes secesionistas catalanes.
Héctor Barbotta es periodista.
