Desde Madrid

Horas antes de que se conociera públicamente la sentencia del Tribuna Supremo sobre los dirigentes independentistas que organizaron el referéndum ilegal en Cataluña, en octubre de 2017, el Gobierno español publicó un video en el que los integrantes del Consejo de Ministros comunicaban, en diversos idiomas, que en España existía una democracia plena y robusta.


Horas después, y ya con la sentencia en los medios de comunicación del país y del extranjero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, brindó una conferencia de prensa para valorar el fallo que, luego, fue publicada en castellano, inglés y catalán. A partir de allí, fueron los ministros del gabinete quienes ampliaron, repitieron y explicaron las palabras del mandatario y, en definitiva, la posición del Ejecutivo socialista.


Ese esfuerzo comunicativo no es casual, aunque la situación en Cataluña sea excepcional. Desde que Pedro Sánchez asumió la jefatura del Gobierno, tras la moción de censura al expresidente Mariano Rajoy, se ha hecho evidente la preocupación del Ejecutivo socialista por disputar el relato que está en juego sobre el conflicto catalán, no solo en España, sino también fuera de sus fronteras, sobre todo en la Unión Europea y en Estados Unidos. En efecto, ahora que la crisis alcanzó un punto álgido, fuentes gubernamentales reconocen que, anteriormente, el Gobierno español no hizo los esfuerzos necesarios para contrarrestar la “propaganda” del movimiento independentista.


En este marco, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno español, María Luisa Carcedo, recibe a Página/12 en las oficinas del ministerio, ubicadas a pasos de uno de los símbolos culturales de la nación, el Museo del Prado. 

--El presidente Pedro Sánchez dijo que el Estado acataría y cumpliría íntegramente la sentencia. Eso se ha interpretado como una negativa a realizar indultos o amnistías. ¿Esto es así?

--Es la posición del Gobierno y no tengo más que repetir esas declaraciones. Hay que respetar y acatar la sentencia que es lo que le corresponde a otro poder del Estado.

--Al valorar la sentencia, el presidente Pedro Sánchez habló de una nueva etapa de concordia. ¿Eso supone explorar un nuevo diálogo con las autoridades de Cataluña?

--Lo que ocurre en el caso del conflicto en Cataluña es que ha trascendido el ámbito político y el institucional, y se ha situado en unos determinados actos y unas determinadas decisiones institucionales que confrontan y contravienen el marco jurídico vigente. Y no es un marco jurídico cualquiera, sino el de la Constitución española y el del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Si nos centramos en el ámbito político, el objetivo del PSOE, y por lo que viene trabajando, es el de la búsqueda de la convivencia y en superar los enfrentamientos que hay en la sociedad catalana, para encaminar una sociedad cohesionada que conviva en democracia con los posicionamientos de cada cual.

--¿Cómo le explicaría a ciudadanos de otro países que dirigentes como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, o el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, digan que en España hay presos políticos?

--Yo les diría con rotundidad que en España no hay presos políticos. Personas con el pensamiento de estas que me acaba de citar hay muchas, miles en Cataluña, y no están condenadas ni en la cárcel, ni en juicio. Por lo tanto, no se condena ni encarcela a personas con unas ideas, sean las que sean. Aquí las leyes, y en concreto el Código Penal, se aplican a hechos, acto y decisiones que se han adoptado y que contravienen nuestro marco jurídico, y nuestro marco constitucional, que es nuestra regla de convivencia democrática.

--¿Podría el fallo afectar la relación del Estado español con el Gobierno de Cataluña, y además, sentar un precedente de cara a otras tensiones territoriales en el país?

--Yo creo que esta situación nunca se ha dado en nuestro país y es una situación tan extrema que difícilmente pueda volver a repetirse. Evidentemente, esta situación que se produjo, no solamente el día 1 octubre de 2017, sino el mes anterior de septiembre, con todas las decisiones y pronunciamientos que se hicieron en el seno del Parlament y en la Generalitat, eran algo tan fuera de la convivencia democrática que condujeron a este escenario, pero eso no es lo esperable. 

--El presidente Sánchez se refirió a la aplicación del artículo 155 de la Constitución (para intervenir una comunidad) y de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña si fuera necesario.

--Para aplicar el artículo 155 y hay que constatar que se toman decisiones que contravienen el marco constitucional y estatutario, y que encajan dentro de las situaciones que determinó el Tribunal Constitucional para la aplicación de ese artículo. Si en este momento se produjera una situación para la aplicación del artículo 155, el Gobierno reclamaría al resto de los partidos democráticos que esté a su lado para dar una respuesta unánime ante un desafío a la integridad territorial de nuestro país, tal como el PSOE estuvo junto al anterior Gobierno siendo oposición cuando se aplicó el artículo 155.

--En las negociaciones para la investidura de Sánchez, Esquerra Republicana de Catalunya anunció su abstención, y advirtió que podría cambiar su posición con la sentencia. Por las declaraciones recientes de sus dirigentes, parece claro que ERC no dará apoyo al PSOE ni se abstendrá tras los comicios.

--Un cuestión es lo que pueda ser una negociación con fuerzas políticas parlamentarias para formar gobierno. No solo de la elección del presidente del gobierno, sino también para dar estabilidad a un ejecutivo que pueda desarrollar su programa, aprobar los Presupuestos Generales, etc. Otra cuestión es que los partidos son libérrimos de dar el voto que consideren. El presidente y el Gobierno venimos diciendo, ahora y en la campaña anterior, que lo que queremos es un gobierno progresista que no esté dependiendo de la decisión de los independentistas.

--Una de las apuestas del PSOE para destrabar el conflicto en Cataluña es ampliar las competencias del Gobierno Autonómico Catalán, ¿sigue vigente?

--España es uno de los países más descentralizados del mundo. Incluso aquellos países llamados federales no tienen un grado de descentralización como el que tiene nuestro país; y dentro de la descentralización de las comunidades autónomas, Cataluña es quizás, junto con el País Vasco, la que más competencias tiene. Por tanto, hay que poner en valor eso. En ese escenario, creo que no debe de haber ninguna queja de disponibilidad competencial por parte del autogobierno catalán. Por otra parte, profundizar en otras cuestiones de participación, y avanzar en una mayor federalización, por decirlo de alguna manera, es algo que está previsto en la Constitución.