Tras el análisis de la documentación de la causa que instruye Alejo Ramos Padilla, el titular de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Adolfo Pérez Esquivel, afirmó que la banda de Marcelo D'Alessio era efectivamente una organización de espionaje ilegal y que detrás estaba la mano de Estados Unidos. “Encontramos notas de la Embajada de EE.UU. a D'Alessio”, reveló. En diálogo con PáginaI12, el Premio Nobel de la Paz enmarcó la existencia de la banda del falso abogado en los mecanismos de lawfare, puestos en marcha en América Latina. Mientras ratificó que hay periodistas involucrados que están mencionados en el informe entregado al Juzgado de Dolores, aclaró que será la Justicia la que determine el grado de responsabilidad y respondió a los que lo acusaron de atacar la libertad de prensa: “No hay mentira más grande que esa. Nosotros siempre hemos defendido la libertad de prensa y a periodistas. Pero lo que no podemos defender son delitos”, dijo.
- ¿Qué conclusión saca del informe que elaboró la Comisión?
- La Comisión lo que hizo fue un análisis de la documentación que fue entregada por el juez. En ese análisis surgen las relaciones de algunos periodistas, jueces y el fiscal Carlos Stornelli con Marcelo D'Alessio. Lo que eso pone en evidencia es que hay una red de espionaje paralelo al estatal, con el aval del gobierno de Cambiemos.
- ¿Ustedes tienen constatado que efectivamente se trata de una red paraestatal y no de hechos aislados?
--Nosotros lo único que hacemos es un trabajo técnico. Nosotros no juzgamos. Que esto quede bien claro. Pero sí vemos la relación que hay entre los actores que surgen de la documentación analizada y lo ponemos en manos del juez, que es el que tiene que determinar las responsabilidades. Lo que se ve es que hay una red paralela al Estado.
- A partir de la mención a periodistas, en el informe algunos medios de comunicación lo acusaron de atacar la libertad de expresión…
- Han surgido muchos ataques. Nosotros no acusamos a nadie. Solo analizamos los documentos. Clarín nos ataca y dice que nosotros atacamos la libertad de prensa. No hay mentira más grande que esa. Nosotros siempre hemos defendido la libertad de prensa, hemos defendido a periodistas. Pero lo que no podemos defender son delitos. Y la gravedad del delito la tiene que determinar el juez y no nosotros. Nosotros vemos la relación que hay en los escritos entre algunos periodistas y D'Alessio, que construyeron un servicio de inteligencia paralelo al estatal. Y eso sí que es un delito.
- ¿Y usted ve a los periodistas como víctimas de D'Alessio o como parte de la organización?
- No lo sé. Eso lo tendrá que determinar la Justicia, que evaluará el grado de responsabilidad. Hay reuniones de D'Alessio con periodistas… habrá que ver si esos periodistas son víctimas.
- Por su experiencia, ¿qué lectura hace de este caso?
- Me parece que todo esto tiene que ver con todos los mecanismos que en América Latina vienen operando bajo el nombre de lawfare, es decir, la guerra judicial. Es lo que está pasando con Lula en Brasil; es lo que pasó con Zelaya en Honduras; en Paraguay con Lugo. Y todo esto lo manejan los grandes medios de comunicación. Después del Operativo Cóndor se armó esto del lawfare para perseguir y condenar a ex presidentes y a gente que ha trabajado junto con el pueblo. Y esto es grave, porque pone en riesgo la estabilidad democrática de nuestros países. Es un Operativo Cóndor 2.
- Por el análisis que hicieron, ¿detrás de la banda de D'Alessio ve la mano de EE.UU.?
- Sí. Del análisis que hicimos surge claramente que hay notas de la Embajada de Estados Unidos, con el membrete oficial, a Marcelo D'Alessio.
- ¿Y son reales? ¿No son falsificaciones de D'Alessio?
- Son reales. No son falsificaciones. Se puede ver en el informe. Es real. No es nada inventado por D'Alessio. Es así, lamentablemente. Siempre estuvo la mano de EE.UU. detrás de todos los golpes de Estado y de las desestabilizaciones.
- Usted dice que detrás de la organización del falso abogado está el gobierno de Mauricio Macri. ¿En qué se basa para afirmar eso?
- Surge de la documentación. Los vínculos están claros. El caso de Carlos Stornelli es el más claro. Es el brazo judicial de Gobierno. Y es lamentable que no se presente a declarar ante la Justicia. También es claro que el Poder Ejecutivo buscó atacar y desplazar al juez Ramos Padilla para evitar que siga investigando.