Las amenazas del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien denunció un supuesto complot golpista de los sectores que responden al ex mandatario Rafael Correa, se materializaron con la detención de la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, y el pedido de asilo político en México por parte de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, ambas cercanas al ex mandatario. Las dirigentes habían denunciado su persecución desde el comienzo de las manifestaciones contra el actual presidente.
"Veo con mucha preocupación los graves hechos que se viven en Ecuador y la persecución política y judicial que están sufriendo dos mujeres jóvenes que son referentes de la oposición política", advirtió esta tarde el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, para solidarisarse con la situación que atraviesan Pabón y Rivadeneira.
En el mismo sentido se expresó la ex presidenta y candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner: "La democracia tiene nombre de mujer y en Ecuador está presa". Cristina publicó, junto al mensaje, dos fotos con las dirigentes ecuatorianas, que la visitaron en el Instituto Patria. "Mujeres, jóvenes, comprometidas y votadas por su pueblo", reivindicó la ex presidenta y exigió la libertad de Pabón.
"El régimen de Moreno está tratando de encontrar responsables del caos, que los responsables somos los correístas", señaló Pabón en un mensaje grabado en sus redes sociales el jueves pasado. La gobernadora de Pichincha había advertido que ese mismo día había sido denunciada por "instigación, sabotaje y terrorismo".
Mientras Pabón denunciaba en los días previos que el régimen debía "estar generando las pruebas" para detenerla, en las redes sociales circulaban posteos falsos de la prefecta en los que se señalaba que había brindado micros y recursos del Estado para reforzar las marchas que llegarían a Quito para protestar contra el ajuste económico.
La propia ministra de Gobierno, María Paula Romo, cruzó mensajes vía Twitter con Pabón sosteniendo las acusaciones de Moreno acerca de las supuestas responsabilidades de los correístas por las masivas movilizaciones que forzaron la derogación del decreto 883 .
Horas después del fin de las protestas tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la CONAIE, la policía allanó el domicilio de la prefecta de Pichincha y la llevó detenida el lunes por la madrugada. Este martes, la Fiscalía General de Estado informó que un juez de la Corte Provincial confirmó la preventiva y acusó a Pabón de haber participado "en un plan desestabilizador con financiamiento extranjero" y el "uso del edificio de la Prefectura para estos fines". La prefecta, por su parte, transmitió en vivo el allanamiento.
Rivadeneira, quien el domingo también denunció su persecución, adelantó su pedido de asilo político en México. "He padecido un seguimiento extrajudicial, con agentes de la DGI, carros de la policía, militares y civiles frente a mi domicilio, mi despacho y mis espacios de militancia", describió la legisladora en una carta pública. Y resaltó que las amenazas alcanzaron a sus hijos de 12 y 9 años.
Rivadeneira destacó en esa carta que "la rebelión que atraviesa todo el Ecuador viene de la base misma de nuestro pueblo, no responde a ninguna agenda particular ni a ningún plan 'golpista', como de manera ridícula y maliciosa el gobierno se ha empeñado en presentar".
La asambleísta denunció que el Gobierno de Moreno fabricó "un relato negador que atribuye, además de una disparatada variedad de chivos expiatorios, a una fuerza política (el correísmo) la responsabilidad, despreciando al pueblo ecuatoriano, el movimiento indígena y a las más diversas organizaciones participantes al considerarlos objetos de una perversa manipulación".
Además consideró que la persecución — "que combina estigmatización con distintas formas de persecución, entre las cuales destaca el lawfare"— tiene como objetivo proscribir la participación política del Movimiento de la Revolución Ciudadana y la de su máximo referente, el ex presidente Rafael Correa".
