No pocas veces el constitucionalismo latinoamericano dejó fuera de sus codificaciones a mujeres e indígenas. Esto quiere decir que, junto a otros dispositivos culturales, colaboró para que fueran concebidxs como portadorxs de atraso, salvajes. El derecho positivo en América Latina fue una herramienta más para discriminar a mujeres e indígenas, además de equipararlxs. Sirvió para depositar ambas subjetividades bajo la égida –el “cuidado”– del hombre, del Estado y del patriarcado. Bajo la forma de la democracia representativa masculina: del pater, el dueño de la casa, el señor del país, el karaí guasú, el que “protege” a quien es despojado de derechos despojándolo de derechos. Y el estatus de lxs indígenas en América Latina es el de un despojo originario, de una exclusión originaria: hasta rozar la exclusión ontológica de(l) ser. Desde la colonia, lxs indígenxs son factores de producción deshumanizados e impersonales. Aún hoy lxs nombramos con nombres colectivos abstractos, como si decir “indígena”, “pueblos originarios”, pudiera interpelar y describir de la misma manera a un ishir que a una tehuelche. No es solo una cuestión de ciudadanía sino una cuestión ontológica que pesa sobre los Estados nacionales latinoamericanos. Que aún hoy discriminan doblemente a las indígenas, por etnia y género. “La llamada República Americana es una oligarquía de hombres. Nuestras soñadas libertades, no nos caerán del cielo, hay que luchar por ellas para obtenerlas” (Serafina Dávalos, Humanismo, 1907).

Respondiendo de alguna manera misteriosa a ese postulado de Serafina, desde antes del 11 de octubre (fecha emblemática para los pueblos indígenas, pues representa el último día de libertad antes de la llegada de los conquistadores) mujeres-indígenas de territorios en conflictos decidieron ocupar pacíficamente el Ministerio del Interior conducido por Rogelio Frigerio. Eligieron concienzudamente esa cartera porque “las paredes de este edificio sintetizan la historia genocida del Estado argentino”. En ese colectivo movilizado hay mujeres-indígenas de la naciones mapuche Lof Pillan Mahuiza y Lof Cañio-Cerro León, mapuche-tehuelche Lof Newen Tuaiñ Inchin (Chubut), de la nación Qom, barrio NanQom y Naineck (Formosa), de la nación Qom de Sáenz Peña y Paraje El Canal (Chaco), de la nación Qom de Rosario, de la nación Tapieté de Tartagal (Salta), de la nación Mbya Guaraní Mbokajyty de San Ignacio (Misiones), de la nación Moqoit, Tostado (Santa Fe), entre otras. Están acampando en la calle 25 de Mayo 101 de Capital Federal para defender su derecho a la vida. Reclaman una lista larga, cuya extensión se debe a las aberraciones que el Estado argentino calcula con precisión cirujana frente a las 36 naciones (no todas reconocidas como tales) que habitan el territorio nacional. Cupos laborales indígenas y derechos laborales, derechos indígenas dentro de las negociaciones paritarias, reconocimiento legal de la medicina indígena, reconocimiento de la educación autónoma indígena, reconocimiento de la propiedad comunitaria de los territorios indígenas. Ocupan pacíficamente el Ministerio del Interior también para denunciar la desnutrición infantil indígena y el infanticidio pues lxs niñxs indígenas mueren por hambre, además de la represión policial. Frente a eso exigen un programa de nutrición. Hay otros reclamos desde ya: que se investiguen las desapariciones indígenas y que se releve la cantidad de desaparecidxs indígenas. Que se investigue también el femicidio indígena.

Todas hablan un castellano peculiar, evomoraliano, incierto acaso para el oído blanco-liberal-occidental, pero tan certero para contar sus dramas humanos en territorios ancestrales que están en conflicto con el Estado. María del barrio NanQom me cuenta amargada pero sin resignaciones la violencia patriarcal que padeció, las dificultades de integración de sus hijxs en la escuela, los amedrentamientos de la (in)justicia, la escasez de tierra para la reproducción de la vida. Zulma (abuela), Juliana (hija) y Cielo (nieta), tres generaciones de la Laguna Naineck, relatan la tragedia de Marcelino Olaire que en 2016, con 32 años, desapareció (leyeron bien) del Hospital Central de Formosa en el que estaba internado. Marilin, de la comunidad mapuche Cañio-Cerro León, un territorio que su pueblo habita desde más de 150 años, me cuenta que aún carecen del título de propiedad comunitaria.

En la Argentina estamos políticamente en tiempo de descuento, pues la élite depredadora que ha embestido sistemáticamente la vida y la sensibilidad del campo popular está terminando un mandato que ha provocado una cantidad de patologías sociales difíciles de sintetizar. Esas mujeres-indígenas que se consideran iguales y una en su potencia militante saben que es un “momento bisagra” de la historia nacional. Saben también que en el futuro próximo será indispensable una intensa tarea de reparación cultural, política y social. Están ocupando un ministerio para interpelar no a un gobierno caduco saliente sino al propio Estado. Y según ellas, “guardianas de la vida de los territorios”, el próximo gobierno tiene la oportunidad indeclinable de reparar los daños que ese Estado implementó sobre los pueblos indígenas en 200 años de historia.

* Carbone es docente e investigador UNGS/Conicet.