Desde Madrid
Tras dos jornadas consecutivas de intensas manifestaciones en Cataluña para rechazar la sentencia contra los líderes independentistas, el presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez, convocó a los referentes de las principales fuerzas políticas del país para abordar el escenario de protestas y los hechos de violencia que se produjeron en la comunidad catalana .
El Ejecutivo socialista está preocupado por los desmanes ocurridos en la segunda jornada de protestas, que causaron cortes de carreteras y la suspensión de un tramo del recorrido que realiza el tren de alta velocidad en la región, y que se saldaron con 51 detenidos, y más de 70 uniformados heridos. En Barcelona, más de 40 mil personas se reunieron frente a la delegación del Gobierno español, en una acción que se extendió durante la madrugada con incendios provocados y varios choques con los agentes de los Mossos d'Escuadra y de la Policía Nacional. En Girona y Lleida también se registraron manifestaciones con varios miles de asistentes, y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
El ministro de Fomento de España, José Luis Ábalos, afirmó esta mañana que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, no tiene intención de controlar las protestas, y sugirió algún tipo de vínculo entre el Ejecutivo catalán y la organización "Tsunami democrático", que paralizó las operaciones del Aeropuerto El Prat el lunes pasado.
En la jornada del martes, las autoridades catalanes demostraron un comportamiento errático. Por un lado, alentaron y respaldaron las manifestaciones, y, por otro, destacaron el accionar de las fuerzas de seguridad que contuvieron las protestas. Por su parte, el principal condenado por el fallo y líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, celebró las marchas pacíficas de rechazo a la sentencia, y afirmó que la violencia no los representa.
El conflicto catalán se ha metido de lleno en la campaña electoral, y cuesta advertir en qué medida los posicionamientos de las fuerzas políticas apuntan a descomprimir la crisis o a intervenir para sacar rédito electoral. El Partido Popular y Ciudadanos han instado al presidente Sánchez a activar la Ley de Seguridad Nacional para que el Gobierno español tome el control de las fuerzas de seguridad, incluida la policía autonómica de Cataluña, los Mossos d'Escuadra. El partido radical Vox, que marcha en cuarto lugar en intención de voto y supera a Ciudadanos según las últimas encuestas, solicitó al Congreso de los diputados aplicar inmediatamente el "estado de excepción" en Cataluña.
Por su parte, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, volvió a insistir en su llamado a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considerara la posibilidad de indultar a los líderes independentistas condenados. Una opción que el Ejecutivo de Sánchez ha rechazado de plano, y que ha utilizado para mostrar las diferencias entre el PSOE y UP de cara a una posible coalición tras los comicios del 10 de noviembre.
En esta mañana de miércoles, cinco marchas de la "libertad" han partido desde las ciudades catalanas de Girona, Vic, Berga, Tàrrega y Tarragona para confluir el viernes en Barcelona. Esa misma jornada se realiza una huelga general en Cataluña, impulsada por sindicatos soberanistas.
Las marchas se desarrollan pacíficamente hasta el momento, y han sido organizadas por la Asamblea Nacional Catalana, con el respaldo de Òmnium Cultural, asociaciones cuyos referentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, fueron condenados a 9 años de cárcel por el cargo de sedición en el juicio que desencadenó las protestas.
En cualquier caso, el termómetro de las manifestaciones se marcará por la tarde noche en el centro de Barcelona y de Girona, que es donde se produjeron las mayores concentraciones y disturbios. Para ese momento, Pedro Sánchez concluirá la ronda de diálogo con los líderes de las fuerzas políticas (la última con Albert Rivera a las 19:00), y podría haber novedades sobre posibles medidas del Ejecutivo español de cara a controlar la situación en Cataluña.