Aunque parezca increíble es real: pasaron casi siete meses desde que el fiscal federal Carlos Stornelli fue declarado en rebeldía en una resolución del juez Alejo Ramos Padilla, que a la vez le pedía al procurador interino, Eduardo Casal que -como jefe de los fiscales- adoptara las medidas necesarias para que se presentara a la indagatoria. Pero Stornelli jamás fue a declarar por los ocho hechos que se le imputan, y todavía siguen en una suerte de limbo las dos investigaciones internas que le abrieron en la Procuración, una por su posición de rebeldía y otra directamente sobre la presunta participación en maniobras de espionaje. En ese organismo han sostenido de manera insistente que se respetan los tiempos que prevé su reglamento. Sin embargo, es ostensible que esa dilación ha funcionado hasta el momento como un paraguas protector. La situación hoy es que debe expedirse una comisión evaluadora integrada por cinco fiscales que propondrá las medidas a tomar, lo que puede incluir el juicio político o sanciones más leves.
Stornelli faltó a seis citaciones a indagatoria pero Ramos Padilla tampoco ordenó nunca su detención solo para que declare, porque considera que sus fueros lo amparan. La primera convocatoria para que se presente se remonta al 28 de febrero. La declaración de rebeldía es del 27 de marzo. El sumario en la Procuración se abrió formalmente recién a mediados de mayo por sugerencia del consejo evaluador de fiscales, y luego de la aprobación de Casal. Casal le delegó este sumario a un fiscal, Marcelo Retes, que tuvo 60 días hábiles para hacerlo. Retes entregó recién el jueves último el resultado final del sumario, que sólo se ciñe a la conducta de Stornelli de no presentarse a declarar. Todo este tiempo llevó analizar un asunto de puro derecho. La conclusión de Retes fue que Stornelli cometió una “falta grave” y que debe presentarse a declarar como cualquier hijo de vecino que sea citado a indagatoria. Un apercibimiento light para un fiscal que usa como argumento de contraataque que alguna mano oculta quiere impedir el avance de la causa de las fotocopias de los cuadernos, que ya está elevada a juicio oral.
El consejo evaluador tiene también los resultados de otra “investigación” interna para analizar: una pesquisa que en cierto modo duplicó el expediente que tramita en Dolores, porque se puso a analizar las imputaciones contra Stornelli que hizo el juez Ramos Padilla, pero citó como testigos a allegados y personajes afines al fiscal federal, como Elisa Carrió, el arrepentido estrella Leonardo Fariña, sus propios empleados y su esposa, Florencia Antonini Modet. Ella apareció en la causa judicial por uno de los casos que –además– demuestran que a Stornelli no solo se lo investiga por maniobras de aprietes y espionaje ligadas a la causa de los cuadernos. El ex esposo de Antonini Modet, el piloto de aviación Jorge Castañón, era monitoreado por el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, supuestamente a pedido del fiscal federal. En los chats en poder de Ramos Padilla parecen planificar que le van a plantar algo, quizá droga, en su equipaje. La mujer le dijo a Castañón que el fiscal ya había hablado “con Mauricio” para que Ramos Padilla fuera “destituido”. Obviamente cuando la llamaron a declarar a la Procuración, intentó minimizar todo.
El expediente sobre la posible participación de Stornelli en aprietes y espionaje buscó incorporar las “contracausas” con las que el fiscal pretendió invertir las sospechas y cambiar el foco, como la del “operativo puf” y la denuncia que él hizo contra D’Alessio acusándolo de usar su nombre para pedirle plata al empresario Pedro Etchebest, el denunciante que inició la causa de Dolores. Respecto de esta última, Ramos Padilla pidió que el juez Julián Ercolini se declare incompetente porque investigan lo mismo, aunque la causa de Dolores es varias veces más grande. Es más, advirtió que Stornelli usaba ese expediente, donde es querellante, para generar una causa paralela a su favor con el cobijo de Comodoro Py, lo que genera una desigualdad respecto de los imputados del caso a cargo de Ramos Padilla. Este juez, además, recordó que el fiscal federal Stornelli es investigado por el apriete al empresario venezolano Gonzalo Brusa Dovat de Pdvsa para generarle una causa penal; por el espionaje para en teoría hacer una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, defensor de Osar Thomas en la causa de las fotocopias. Lo mismo respecto del abogado Javier Landaburu, y del apriete a Pablo Barreiro, ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner, que incluso denunció extorsión ante el propio Stornelli, que no hizo nada. Estas, entre otras acusaciones.
Ahora se verá cómo el consejo evaluador analiza el combo de estas imputaciones con la rebeldía de Stornelli. Deberá sugerirle al procurador Casal una medida. Será, anuncian en el organismo, en dos o tres semanas. Habrá que ver: el sumario duraría 60 días, que fueron cuatro meses. La lógica sería que impulsen un jury, aunque no se descartan otros atajos menos contundentes y que contemplen que el fiscal podría jubilarse y negociar una salida elegante. Los fiscales del consejo estarían divididos, pero saben que el panorama es insostenible. Stornelli representa una marca de Comodoro Py que se resquebraja, solo que históricamente ha logrado reciclarse. Podría ser un momento bisagra, o no.