Desde Londres

La Unión Europea y el Reino Unido alcanzaron un acuerdo que parecía imposible. El primer ministro Boris Johnson y el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, aseguraron que contempla un compromiso equilibrado para los intereses de ambas partes. “Donde hay voluntad, hay acuerdo”, twiteó con tono eufórico Juncker. “Es un muy buen acuerdo para la Unión Europea y el Reino Unido”, dijo Johnson. La realidad es que el acuerdo pende del mismo hilo que hizo fracasar el que alcanzó la predecesora de Johnson, Theresa May: la aprobación del parlamento británico.

La Cámara de los Comunes tiene sesión especial este sábado, la primera vez en 37 años que se reúne un fin de semana. Argentina no es ajena a tan magna efemérides. La última vez que los parlamentarios británicos rompieron sus rutinas de fin de semana fue a raíz de la toma de las Malvinas el dos de abril de 1982. La salida británica de la UE tiene hoy la urgencia y el peso de un hecho bélico.

La cuestión central es si el gobierno tiene la aritmética parlamentaria que le faltó a May para aprobar un acuerdo que le permitiría al primer ministro británico cumplir con su promesa de salir de la UE el 31 de octubre a cambio de fuertes concesiones. Veamos.

El actual borrador de acuerdo mantiene los términos que pactó Theresa May hace 11 meses en relación a los derechos de ciudadanos europeos en el Reino Unido y británicos en la UE, y respecto al compromiso británico de saldar su deuda con el bloque europeo, equivalente a más de 50 mil millones de dólares. Al igual que con el acuerdo negociado por May, habrá un período de transición para la salida británica hasta el 31 de diciembre de 2020. En este período el Reino Unido seguirá en la unión aduanera y el mercado común europeo, pero no participará de las decisiones que adopte el bloque, con la idea de dar tiempo a los agentes económicos a adaptarse a la partida de la UE después de 46 años de membresía.

El gran cambio del nuevo acuerdo es un intento de resolver la eterna manzana de la discordia: el Protocolo sobre Irlanda. El acuerdo elimina el polémico “Backstop” acordado por May para garantizar que no haya una frontera física entre Irlanda del Norte (parte del Reino Unido) y la República de Irlanda (miembro de la UE). Según Johnson el Backstop constituía una traición del Brexit votado en el referendo de 2016 porque potencialmente eternizaba la permanencia del Reino Unido en la UE.

La gran ironía es que el actual acuerdo contiene un mecanismo que en su momento rechazó May con categórica indignación porque, según dijo, “ningún primer ministro puede permitir una pérdida tal de soberanía”.

¿Corre peligro la integridad del Reino Unido?

Según el acuerdo, el Reino Unido abandonará la Unión Aduanera europea, con lo cual podrá concertar tratados de libre comercio con quien lo desee, dos puntos que Johnson puede atribuirse como victorias. La “perdida de soberanía” que horrorizó a May se refiere a la obligación de Irlanda del Norte de mantenerse alineada con el mercado único de la UE.

En este sentido el acuerdo protege la integridad de la UE, pero pone en entredicho la de Irlanda del Norte en tanto obliga a la provincia a seguir la regulación europea para los productos que circulen por su territorio. A nivel regulatorio, Irlanda del Norte estará más cerca de la República de Irlanda que de Gran Bretaña, un fantasma que aterroriza a los Unionistas que no quieren saber nada que huela a potencial reunificación de la isla. Y no solo eso.

Los norirlandeses no tendrán voz y voto sobre el tema por el momento. El acuerdo estipula que cuatro años después de que termine el período de transición, esto es en 2024, podrán votar si siguen con ese sistema cuatro años más o si lo abandonan. Con un solo voto de diferencia a favor, Irlanda del Norte podría seguir hasta 2028 como mínimo con su mercado regulado por la UE y con una frontera sui generis con el resto del Reino Unido en el Mar de Irlanda, donde se realizaría el chequeo de productos para evitar un contrabando al bloque de mercaderías de otros países.

El principal partido unionista, el DUP, señaló que no va a apoyar este acuerdo “tal como está”. El número dos del DUP Nigel Dodds no se guardó mucho al acusar a Johnson de “estar dispuesto a todo para alcanzar un acuerdo”. Desde la elección de 2017 los conservadores cuentan con el voto de los 10 diputados del DUP para conseguir una mayoría parlamentaria. La pérdida de dos escaños desde que Johnson asumió a fines de julio significa que ni si contara con esos 10 jinetes llegaría a la mayoría necesaria.

¿Rebelión en el parlamento?

En caso de que la Cámara de los Comunes rechace este acuerdo como rechazó el de May, la salida el 31 de octubre seguiría vigente, con lo que el Reino Unido podría terminar fuera de la UE el 1 de noviembre, es decir, con el “hard Brexit” que procura evitar la actual negociación.

Desde ya que tratándose del Brexit nada es simple o automático. La Ley Benn aprobada en septiembre por el parlamento británico exige al gobierno solicitar a la UE una extensión a la fecha de salida en caso de que no haya acuerdo. Boris Johnson ha dicho que saldrá el 31 "cueste lo que cueste", pero difícilmente pueda gambetear la ley. La renuncia sería un arma que profundizaría aún más la crisis.

En Bruselas hay tanta conciencia de que todo pende de un hilo que empiezan a percibirse fisuras entre sus dirigentes. En un intento de presionar al parlamento británico con un mensaje de ahora o nunca, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, descartó la posibilidad de una extensión “ya que tenemos un acuerdo”. El presidente del Consejo Europeo, que representa al ejecutivo de los 27 miembros, Donald Tusk, no tuvo empacho en corregirlo sutilmente: “siempre es mejor que haya un acuerdo a que no lo haya”. Un alto funcionario europeo fue más allá con el matutino británico The Guardian calificando a las declaraciones de Juncker como “fake news”. Otros, como el presidente Emmanuel Macron, parecieron prender velas. “Estoy satisfecho con el acuerdo y razonablemente confiado en que será aprobado”, dijo.

Nadie pone las manos en el fuego. No solo el parlamento británico rechazó tres veces acuerdos con la UE. En sus tres meses como primer ministro Boris Johnson cosechó seis derrotas al hilo en la Cámara de los Comunes. El principal partido de oposición, el laborismo, ya ha dicho que votará en contra. En el mismo sentido se han pronunciado el tercer partido de la Cámara, los nacionalistas escoceses, y el cuarto, los liberal demócratas. En la derecha eurófoba de su propio partido, el primer ministro tampoco tiene los votos garantizados.

El debate del sábado coincidirá con una marcha contra el Brexit que promete congregar a más de un millón de personas. Con una sociedad movilizada y un parlamento fragmentado, a Johnson le queda un arma: la fatiga de diputados y buena parte del electorado. Desde el referendo de 2016 que en el Reino Unido no se habla de otra cosa: el hartazgo forma parte de la ecuación final.

El politólogo argentino Guillermo Makin, residente británico, vinculado a la Universidad de Cambridge desde los años 70, estaba en el Reino Unido durante aquel debate de sábado de 1982 por el conflicto con unas islas remotas del ex imperio. “Muchos parlamentarios están diciendo que quieren leer la letra chica antes de pronunciarse. A esto habrá que sumarle las negociaciones y lo que produzca el debate del sábado. Muchos quieren terminar con este tema de una vez por todas. Eso puede influir. Pero la verdad es que como vienen las cosas con este tema, chi lo sa? Eso sí. Parece inevitable que antes de Navidad haya elecciones”, señaló Makin a PaginaI12.