Los datos de pobreza recientemente difundidos por el INDEC vuelven a poner en el debate político y social la necesidad de tomar medidas urgentes para revertir la principal deuda que tenemos como sociedad: erradicar la pobreza y, en particular, la que afecta a niñas, niños y adolescentes.

Esta deuda no es nueva: #LaDeudaEsConLaNiñez, como se titula la campaña que presentamos la semana última en UNICEF. En los últimos 30 años no fuimos capaces como sociedad de perforar el piso del 30% de pobreza en la niñez. Hoy estos números son todavía más alarmantes. Al primer semestre de 2019 la pobreza afectaría a 7,3 millones de niñas y niños. Entre ellos 1,8 millones residen en hogares que no logran cubrir una canasta básica alimentaria, que para un hogar conformado por dos adultos y dos niños implica que los ingresos laborales y no laborales no superan los 13.200 pesos.

Pero la pobreza es más que la falta de ingresos. Cuando consideramos que es la manifestación de múltiples privaciones, se observa que hay situaciones aún más graves. Un 30% de las niñas y niños viven en hogares con ingresos insuficientes y adicionalmente tienen al menos un derecho fundamental vulnerado. El 10% de la niñez tiene al menos tres privaciones, siendo las más habituales la falta de agua y saneamiento, así como una vivienda inadecuada.

La única forma conocida para erradicar la pobreza, e implementada exitosamente por diferentes países, es a través de procesos sostenidos de crecimiento y desarrollo económico inclusivo, acompañados con políticas distributivas y de protección social. Sin embargo, la historia argentina reciente se ha caracterizado por atravesar una fuerte volatilidad macroeconómica que ha producido múltiples ciclos de expansión y estancamiento.

En este contexto, resulta crítico reforzar todos los mecanismos disponibles para que la protección social dirigida a la niñez cuente con el financiamiento y los mecanismos institucionales necesarios para erradicar la pobreza extrema en la niñez en el corto plazo.

En particular, disponemos de un programa que se ha convertido en política de Estado y que tiene el potencial para superar las actuales situaciones de vulnerabilidad: la Asignación Universal por Hijo.

En la actualidad, los montos establecidos en la AUH sólo alcanzan para cubrir, aproximadamente, dos terceras partes de la Canasta Básica Alimentaria. Los recursos incorporados al proyecto de presupuesto 2020 destinados a la AUH alcanzan a $167.800 millones y representa el 0,53% del PIB. Incrementar los montos de la AUH para transferir a cada hogar el monto necesario para salir de la indigencia implicaría destinar $344.000 millones adicionales a esta política, equivalente a 1,1% del PIB.

En un contexto de fuertes restricciones fiscales y necesidad de generar acuerdos para mejorar el espacio fiscal en el mediano plazo, este esfuerzo es de una magnitud significativa, pero al mismo tiempo se trata de un objetivo alcanzable. Las provincias podrían sumarse al desafío a través de un acuerdo fiscal que destine recursos coparticipables para apoyar a su financiamiento. Se trata nada menos que de eliminar el hambre en la niñez.

A 30 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la principal deuda que tiene Argentina sigue siendo con la niñez. Afrontarla es la prioridad más urgente.

* Especialista en Inclusión Social de UNICEF.