Lo condena a desaparecer, antes de que la destruya. Lo conoce desde hace tiempo, pero sabe que vino con ella en el regreso a la democracia. Ya lo venció una vez y sabe que lo puede volver hacer. En abril de 2005, con la rebelión de los forajidos, Lucio Gutiérrez fue destituido por incumplir con el plan de gobierno y traicionar a quienes lo votaron. En una articulación desesperada, banqueros, medios de comunicación, el líder del mayor partido político y el pueblo de Quito terminaron con las aspiraciones de la embajada norteamericana de instaurar un nuevo proyecto político y de profundizar las reformas económicas. Intereses locales no empataban con los extranjeros.
Con el presidente Lenín Moreno la historia se vuelve a repetir, pero esta vez es una alianza de todos los poderes fácticos, y eso excluye al pueblo. No hay choque de intereses. Las medidas de ajuste anunciadas por el presidente Moreno hizo despertar a la sociedad ecuatoriana de un letargo sostenido por el anticorreísmo. El anuncio del martes primero de octubre se compuso de tres grandes aristas: eliminación del subsidio a los combustibles, reducción de derechos laborales, y la presentación de un proyecto económico con carácter urgente a la Asamblea Nacional. La historia trae a la memoria que un mes antes de la gesta de abril, Gutiérrez presentó una propuesta parecida: Ley de Racionalización Económica del Estado.
El neoliberalismo sostiene que no es moral que una persona pague lo que otra consume. De esta manera, desestima la profunda desigualdad del ingreso y de la riqueza, y desprecia cualquier medida para combatirla. Ese tipo de “moralidad” no comprende que los pobres viven con menos de cuatro dólares diarios, y que cada dólar cuenta para cumplir con sus necesidades básicas, la mayoría insatisfechas. Los subsidios son una carga fiscal, pero son un instrumento para combatir la desigualdad o detenerla. Su eliminación provocaría la ampliación de la brecha entre ricos y pobres, y esto significa menos demanda y estancamiento económico. Sencillamente porque los recursos que ya no se destinen a este rubro se asignaran al pago del servicio de la deuda, reducción de impuestos a los más ricos o, posteriormente, la inmovilización del ahorro público.
Desde mayo de 2018, el gobierno no se ha endeudado agresivamente para reducir el déficit y cumplir con el plan de inversiones públicas, sino para costear la crisis económica inducida a través de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y por la exoneración de impuestos. Deuda contraída con crecimiento económico bajo o nulo es impagable, pero muy útil para instalar la idea de un Estado obeso y despilfarrador. No obstante, la justificación de su reducción no es solo para el cumplimiento del pago de la deuda, sino también a través de una falacia “el manejo de las finanzas públicas es idéntico a las finanzas personales”. Simple aplicación de la partida doble.
Esto es desconocer lo provechoso de la movilización del ahorro interno y de las políticas económicas que diversifican las opciones de financiamiento. La economía es dinámica, nunca estática. Falacias, dogmas, la falta de un diagnostico riguroso sobre los obstáculos del crecimiento económico, e intereses han llevado a la eliminación de los subsidios a los combustibles. Otra medida económica fue la vulneración de derecho laborales. La justificación neoliberal es que la economía tiene una muy baja productividad generada por las normativas que rigen la relación empresario– trabajador. La pauperización del trabajo debe servir para alcanzar mayores niveles de productividad y competitividad a través de la maximización de la rentabilidad. La propuesta clásica de salarios de subsistencia y de la supuesta reinversión total de utilidades (un engaño, si se toma en cuenta, por ejemplo, la fuga de capitales).
Para crear esta apología debe descartarse a la banca privada, cuando es la labor de las instituciones financieras impulsar el cambio tecnológico y procesos productivos de mayor valor agregado a través del crédito. Los banqueros solo están para maximizar la rentabilidad, así sea en contra del desarrollo económico. Bajo esta premisa, se elaboró el proyecto de ley donde se impulsa el manejo y control total de los bancos privados sobre la liquidez monetaria y la liberalización financiera.
Sin embargo, la sociedad ecuatoriana no tolera más reducir su calidad de vida por falacias e intereses de grupos económicos revestidos de ciencia. Por eso, el sector más lastimado históricamente de la población, los indígenas, se organizó para protestar. No espera compensaciones ni dadivas. Alzan su voz para desterrar esta manipulación desde las élites y eso comienza con la derogación al decreto 883. A las clases media y popular de las zonas urbanas le tocará hacer el resto, si no quieren terminar en las fauces de la clase dominante y arrojados a la exclusión, a la pobreza.
* Analista económico.
