Según un nuevo informe realizado por la organización social Techo, “las nuevas generaciones” que viven en asentamientos precarios en Argentina “se quedan en el mismo barrio, casa o terreno que sus padres”. “Nos referimos jóvenes que nacieron en este contexto y que se quedan en el barrio, que se desarrollan en el mismo espacio familiar”, dijo a Página|12 Gabriela Arrastúa, directora del Centro de Investigación Social de Techo Argentina
Los investigadores de la ONG entrevistaron a familias que viven en barrios populares para preguntarles sobre sus proyectos de vida y entender sus dinámicas habitacionales. “Entender cómo estas familias deciden dónde vivir y por qué razones lo hacen es una de las claves para poder proponer políticas que puedan contener este fenómeno”, aseguró Arrastúa.
Estos nuevos datos, explicó la directora del Centro de Investigación Social, surgen de un relevamiento que hizo Techo en 2016 con “referentes de más de 2200 barrios populares” de todo el país. Para Arrastúa, es importante destacar que el “56 por ciento de la población de estos asentamientos está compuesta por personas de menos de 24 años”, por lo que tienen “amplias perspectivas de crecimiento demográfico”.
Según el nuevo informe, el acceso al suelo urbano es la principal dificultad que enfrentan los jóvenes que viven en asentamientos precarios. “El alza sostenida de los precios del suelo y la vivienda, así como también la falta de créditos o soluciones por parte del Estado y los privados con requisitos que sean alcanzables para los habitantes de los barrios populares, siguen empujándolas al mercado inmobiliario informal”, sostuvo la directora del Centro de Investigación Social de Techo.
Arrastúa explicó que “hay que aclarar que (estos jóvenes) no pueden acceder a otra forma de comprar (un terreno o vivienda) por falta de papeles". "El 84 por ciento de los habitantes de los barrios trabajan en negro. Al no tener recibo de sueldo o cuenta en el banco, es difícil cumplir los requisitos de un banco o programa estatal para comprar en el mercado formal”, afirmó.
El informe señala que la otra consecuencia que tiene que “las nuevas generaciones se queden en el mismo barrio, terreno o casa que sus padres”, es que dificulta “la tarea de urbanizar los barrios en un futuro, por la densidad y el crecimiento desordenado”.
Ese desorden, a su vez, hace que algunas viviendas estés cercanas a “un factor de riesgo”. Según el informe, el 70 por ciento de las familias de barrios populares están cerca de una “ribera de un arroyo, camino de alto tráfico, basurales, torres de alta tensión”. Además, “el 70 por ciento no tiene acceso a la energía eléctrica; el 90 por ciento no cuenta con conexión formal de agua potable y el 98 por ciento no cuenta con red cloacal”.
Una de las propuestas de Techo para resolver el problema del acceso al suelo urbano, sostuvo Arrastúa, es la reglamentación e implementación de la ley de Régimen de Integración Urbana y Regularización Dominial de los Barrios Populares, sancionada en 2018. “La ley fue un gran paso porque reconoce los casi 4 mil asentamientos y que las tierras son sujetas a expropiación, de interés público y que deben ser integrados”, afirmó la integrante de la ONG.
Arrastúa opinó que “es muy importante hacer estudios de este tipo para conocer la dinámica de estos barrios” y poder realizar un proceso de urbanización que respete a los vecinos. “Hay que entender que son lugares donde vive gente, que tienen arraigo al barrio y que han participado en su mejora. Es importante que el Estado se haga cargo, pero que reconozca lo que han hecho los pobladores para vivir dignamente”, sostuvo.
Informe: Ludmila Ferrer.
