El secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, deberá responder en diez días cuál es el plan para reponer la vacuna contra la miningitis para la población con 11 años, qué sucedió con los fondos que no se destinaron a proveer esas dosis y qué ocurrió con el sistema de compra y distribución para que se generara el faltante. Así lo ordenó la jueza federal María Alejandra Biotti al hacer lugar a un amparo promovido por la Asociación Civil por la igualdad y la Justicia (ACIJ), luego de que Salud incumpliera con la Ley de Acceso a la Información Pública, votada durante la gestión de Cambiemos.
El degradado Ministerio de Salud anunció la suspensión de la vacuna contra la meningitis para la población de 11 años --incorporada al calendario de vacunación en 2015-- en agosto de 2018, poco después de que Argentina acordara el primer plan de ajuste con el FMI. La comunicación la realizó de manera recortada, sin dar precisiones sobre la decisión o las supuestas "dificultades de adquisición y entrega", y con el argumento de que era parte de una "estrategia" adoptada con expertos de la Organización Panamericana de la Salud.
"La suspensión de la aplicación de vacunas otorgadas gratuitamente por el Estado es una regresión en la garantía de derechos que debe ser justificada en relación a la realización del resto de los derechos humanos, y en el contexto del aprovechamiento máximo de los recursos disponibles", apuntó ACIJ al dar a conocer la decisión de la juez Biotti.
Antes de presentar el amparo, la organización intentó conseguir la información a través de los mecanismos establecidos por la Ley de Acceso a la Información Públicada, aprobada y reglamentada en 2016, pero se encontró con la falta de respuesta por parte de la secretaría dirigida por Rubenstein.
ACIJ había solicitado a la secretaría los fundamentos técnicos y científicos de la suspensión de la vacuna, datos estadísticos sobre la incidencia de la enfermedad invasiva por meningococo (EIM) y precisiones sobre las supuestas dificultades ocurridas en el sistema de licitación. "En ningún momento la Secretaría de Gobierno acompañó los dictámenes o documentos en los que constaran los fundamentos de esta decisión", resaltó la organización.
Frente a esta situación, la jueza Biotti consideró "insuficientes, incompletas y ambiguas" las respuestas ofrecidas por la secretaría de Salud y ratificó lo expuesto en el dictamen del fiscal federal Fabio Canda, quien consideró que el degradado ministerio dirigido por Rubinstein ofreció "manifestaciones genéricas incompatibles con el deber de motivación suficiente de los actos estatales".
El plazo de diez días que comienza a correr con este amparo se suma a otro fallo de la justicia federal de la semana pasada, en el que se exigió el acceso a la información de lo ocurrido con la vacuna en el territorio bonaerense.
