La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó de oficio, es decir, por iniciativa propia, a audiencias este año en el Sistema Interamericano sobre las reformas en materia migratoria y de refugio en Estados Unidos y Argentina.
Las audiencias ya tienen fecha: el decreto migratorio de Mauricio Macri deberá ser revisado ante la CIDH el 20 de marzo. Al día siguiente, le llegará el turno a Estados Unidos con otra audiencia de oficio que se centrará en las políticas que impiden el acceso al asilo implementadas por el presidente Donald Trump, entre las que se incluyen la órdenes ejecutivas “Mejoras a la seguridad fronteriza e inmigración”, “Protección de la Nación contra el ingreso a Estados Unidos de terroristas extranjeros” y “Aceleración de los procesos de revisión y aprobación ambiental para los proyectos de infraestructura de alta prioridad”.
La CIDH realiza audiencias de muy diversa naturaleza en el marco de sus periodos de sesiones y convoca a las organizaciones de la sociedad civil que quieran participar. Las audiencias pueden tener como objetivo recibir información sobre alguna petición –un caso individual-, seguimiento de recomendaciones, medidas cautelares, o la petición de información general relacionada con los derechos humanos en uno o más Estados miembro. Otra audiencia convocada para este año por la CIDH por iniciativa propia es la situación de los derechos humanos del Pueblo Rapa Nui en Chile. Si bien las conclusiones a las que se llegue después de las audiencias no son de carácter vinculante, sí habrá un comunicado posterior con recomendaciones a los Estados.
La noticia de que el Estado argentino será llamado nuevamente a dar explicaciones ante la CIDH, esta vez con respecto a la modificación por DNU de la Ley de Migraciones, llega en un momento en el que las relaciones entre la OEA y la Argentina han registrado más de una tensión, como la que significó la designación del abogado de represores Carlos Horacio de Casas para integrar la CIDH o la resolución por medio de la cual la Corte Suprema dispuso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar sentencias de los tribunales argentinos.
Para Mariela Belski, Directora Ejecutiva Amnistía Internacional Argentina, “la modificación de la ley migratoria, modelo a nivel mundial y regional, se inscribe en esta idea del Gobierno de generar una serie de políticas de mano dura, fundada en datos que son presentados a la ciudadanía de forma distorsionada para instalar la idea de que hay una urgencia en modificar la ley y que ello contribuirá a reducir la inseguridad". "Una vez más el Estado Argentino estará expuesto en la CIDH justificando sus decisiones y mostrando a la comunidad internacional la regresión en materia de derechos de las comunidades migrantes”, aseguró a Página/12.
El decreto migratorio firmado por Macri estuvo acompañado por declaraciones de tinte xenófobo de funcionarios, entre ellas las de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien afirmó: “Acá vienen ciudadanos paraguayos o peruanos que se terminan matando por el control de la droga. La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país”.
