Luis María Blaquier se convirtió en el funcionario de mayor jerarquía del gobierno de Mauricio Macri en ser procesado por negociaciones incompatibles con la función pública. Lo resolvió el juez Sebastián Casanello, quien concluyó que como subdirector Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, Blaquier intentó beneficiarse a sí mismo y a las empresas Cablevisión y Arcor, de las que había sido directivo hasta fines de 2015, antes de asumir ese cargo. Impulsó la compra de Obligaciones Negociables (ON) sin informar su vinculación previa con las compañías ni hacer lugar a opciones más convenientes.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Franco Picardi y las primeras denuncias sobre el tema fueron impulsadas por Gabriel De Vedia, el ex titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISES), desplazado de ese cargo por el procurador interino, Eduardo Casal, precisamente en un contexto de denuncias similares contra otros funcionarios, incluidos el titular de la ANSES, Emilio Basabilvaso, donde se reiteran mecanismos en los que integrantes del gobierno logran ponerse de los dos lados del mostrador, en pos de beneficios. El caso de Blaquier, que dejó su cargo en 2016 después de que se hicieran públicos los primeros manejos en el FGS, es un clásico “conflicto de intereses”. El delito en juego, de negociaciones incompatibles, prevé penas de 1 a 6 años de prisión.

El FGS es un fondo que ofrece un resguardo al sistema jubilatorio y se compone de acciones de empresas, dinero, plazos fijos y títulos públicos. Para sostenerse realiza inversiones. En un comienzo se nutrió de fondos de las viejas AFJP pero luego se fue diversificando. Como director del FGS Blaquier alentaba y refrendaba las operaciones a llevar adelante. La suscripción de obligaciones negociables es una de ellas. Según el fiscal Picardi, como ejecutivo de Arcor ya había aprobado desde allí la venta de ON. Después propició su compra. También impulsó la adquisición de esos títulos de Cablevisión. El detalle es que cuando Blaquier se fue del Grupo Clarín, su lugar lo ocupó su hermano Gonzalo, es decir que conservaba un vínculo más que directo.

La última aparición pública de Blaquier fue durante las PASO, cuando fue detenido en José C. Paz por destruir un telegrama oficial mientras fiscalizaba en la mesa 238 de la Escuela Secundaria número 1. Después pasó inadvertido cuando fue a la indagatoria ante Casanello en septiembre último. Allí negó haber intentado favorecer a las empresas y minimizó las incompatibilidades que le adjudicaba el fiscal Picardi.

El fiscal había dictaminado que el empresario “en su carácter de subdirector Ejecutivo de Operación del FGS, se interesó en la adquisición de ON de Arcor y Cablevisión, con miras a la obtención de un beneficio de un tercero, incumpliendo los deberes que le eran impuestos en su carácter de funcionario público”. Ambas firmas según el fiscal y el juez fueron elegidas de manera arbitraria, por los vínculos del ex funcionario, ya que había otras inversiones más rentables. Las operaciones datan del 8 de junio de 2016 cuando el FGS suscribió 10 millones de dólares de ON clase A de Cablevisión y del 29 de ese mes cuando el FGS suscribió 12 millones de ON clase A de Arcor.

“Los estrechos vínculos de Blaquier con el resto de las personas integrantes del comité de inversiones del FGS y con las empresas emisoras de las ON en cuestión, la presencia de irregularidades en el trámite de aprobación para la suscripción de dichos títulos, la existencia de opciones de inversión más rentables en el mercado que las ofrecidas por Arcos y Cablevisión, las bajas calificaciones de riesgo otorgadas a las ON de las empresas por parte de la agencia de calificación Moody’s, y el beneficio que la inversión por parte del FGS le reportó a las empresas, abona la hipótesis delictiva aquí planteada”, decía la acusación.

La causa continuará con nuevas líneas de investigación y medidas pedidas por Picardi.