En la reunión que mantuvieron los senadores de la provincia junto a los técnicos de EDESA, la empresa que brinda el servicio de luz, y el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), en la mañana del jueves, quedó en claro que la empresa pierde, pero los usuarios también.
El gran ausente fue Lucio Paz Posse, presidente de la empresa Aguas del Norte, quien también había sido invitado a la reunión.
La problemática principal tiene que ver con las altas tarifas que deben afrontar las familias en Salta para tener el servicio de luz y agua. El senador provincial Pablo González sostuvo que en Orán por día ingresan 50 pedidos de subsidios a la Municipalidad de esa ciudad. En su despacho oranense al menos ingresan 10 pedidos por día desde mitad de año. “Me preocupa porque algo así nunca había pasado”, dijo el legislador en la reunión. En diálogo con Salta/12 especificó que hay familias que en los asentamientos están destinando la mitad de sus ingresos al pago de las tarifas.
Algunos de los solicitantes de subsidios son personas que se quedaron sin suministro eléctrico con lo que ello implica en una zona tropical en la que las temperaturas superan en ocasiones los 45 grados centígrados durante el verano. Otros, explicó González, son quienes sacaron un plan de pago para regularizar sus deudas. “Pero ese plan de pago se junta con la facturación y es imposible pagar. Entonces le cortan el suministro y ese usuario se engancha de la luz de otro vecino. Al vecino con el servicio le vienen facturas impagables, entonces le cortan el suministro y así se genera un dominó que puede terminar en una crisis social”, dijo González.
A la descripción de lo que pasa en Orán adhirió también el senador por Metán, Roberto Gramaglia, quien sostuvo que la situación en su departamento es similar.
Menos de demanda
El CEO de EDESA, Julio Usandivaras, dejó en claro ante los legisladores que la empresa perdió durante los primeros cuatro meses del año al menos un 4% de demanda respecto de los mismos meses de 2018. Explicó que esta realidad termina por generar problemas financieros para la empresa dado que se preveía una recaudación que no se cumple y por lo tanto se complica llegar a los objetivos de inversión.
Una de las explicaciones de la situación actual es la baja de cantidad de personas con tarifa social. En 2015, dijo Usandivaras, el 86% de los usuarios eran subsidiados, mientras que en 2019 sólo el 46% accedió a la tarifa social. Consideró que en 2017 se regularizó el tema de los subsidios, que desde la empresa y el ENRESP entendieron eran demasiados. Pero se reconoció que la inflación generó una fuerte suba en el costo, al punto que el precio de abastecimiento subió 2400 veces más entre 2015 y 2019.
En cuanto a la energía que se consume, el ejecutivo indicó que existe una pérdida técnica habitual del 9%. La pérdida llegó este año al 13.6%, lo cual representa “cuatro veces más que hace dos años”. Ese 4.6% de diferencia no es atribuible en realidad a una pérdida técnica estrictamente, sino que representa para EDESA la cantidad de “enganchados” al sistema. Usandivaras estimó que unas 10 mil familias salteñas están en esa situación por la situación propia de los asentamientos en los que viven. En materia de infraestructura estas barriadas incumplen con los parámetros para conectar el servicio. Pero entendió que también hay clientes de EDESA que decidieron empezar a realizar algunas maniobras ilegales para no afrontar el total del costo de la luz.
En cuanto a los subsidios, Jorge Figueroa Garzón, titular del ENRESP, sostuvo que se destinan 10 millones por mes para quienes no pueden pagar la tarifa. Por el suministro de luz a los llamados “enganchados”, en tanto, la empresa dijo que pierde 70 millones de pesos por año.
Pese a reconocer la situación que recae en las familias más vulnerables respecto de los servicios, Figueroa Garzón se manifestó en contra de declarar una emergencia. “La solución es que el gobierno provincial subsidie la tarifa”, dijo. La respuesta final de González a su consideración fue la aprobación del proyecto de declaración.
