El grupo DOTA amenaza con cerrar siete de los doce ramales que quedan de la mítica Línea 60. “Busca, otra vez, que el Ministerio de Transporte la habilite a eliminar los ramales y partir la línea en dos: donde los servicios de Capital llegarían hasta San Isidro y los de zona Norte hasta Barrancas de Belgrano. Obligando, así, a qué los pasajeros abonen dos pasajes en lugar de uno para realizar el mismo trayecto”, dice el comunicado de los delegados del grupo, quienes alertan por el futuro de 933 trabajadores.

Tal como señala el comunicado, la empresa que, entre otras, gerencia Monsa Línea 60, ya había intentado avanzar en una “readecuación de las trazas” frente al incremento en los costos, principalmente por el alza en el precio del combustible. Según explicó a Página/12 Héctor Cáceres, delegado de la línea, la empresa pidió acogerse al programa preventivo de crisis para poder avanzar legalmente con la readecuación. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo rechazó la solicitud por considerar que no había tal situación de crisis que argumentan y ahora amenazan con el cierre de su principal cabecera a partir del 1 de noviembre”.

En los últimos cinco años se registró una fuerte concentración del negocio de transporte en la región metropolitana, donde conviven líneas nacionales, provinciales y municipales. El grupo empresario DOTA tiene el 42 por ciento de las compañías que prestan el servicio. En total existen 389 líneas de colectivos, de las cuales 180 pertenecen a DOTA, que se divide en 67 empresas. Pero ya en 2010 se había llevado a cabo la última fusión de importancia, cuando DOTA se quedó con la operatoria de la mítica Línea 60 (Monza).

En ese momento, la empresa redujo de 24 a 12 los ramales de “La 60” y la nómina laboral pasó de 1240 a 933 trabajadores. “En ese momento teníamos 250.000 usuarios, pero, por el mal uso de los subsidios por parte de la empresa, se perdieron más de 100.000. Ahora, bajo el programa de subsidio por pasaje, la empresa responde achicando y dividiendo la operación”, explicó el delegado. Según cifras de la Auditoría General de la Nación, entre 2014 y 2017, la empresa recibió 34.000 millones de pesos en concepto de subsidios, 48 por ciento del total que asignó el gobierno al sector de transporte de colectivos.

Con el pedido de preventivo de crisis, la empresa ahora pretende eliminar siete de los doce ramales que quedan de la línea 60 y dividir sus recorridos. “Equivale a una reducción de 96 por ciento de la operatoria del ramal desde que agarraron la concesión”, explicó Cáceres luego de una de las asambleas de trabajadores que se realizó este viernes. “Desde el Cuerpo de Delegados entendemos que la readecuación implicaría despidos, cambio en las condiciones de trabajo y flexibilización laboral, dejando a miles de pasajeros de a pie. Por estas razones, nos declaramos en alerta y en estado de asamblea permanente a la espera de que el empresario revierta está drástica decisión”, concluyó el comunicado.