Desde Barcelona
El movimiento independentista de Cataluña realizó su manifestación más multitudinaria y pacífica este viernes en una huelga general que coincidió con la confluencia de cinco columnas de manifestantes que partieron el martes desde diversas ciudades catalanas para concluir en Barcelona.
Más de 500 mil personas se reunieron en la capital de la comunidad para rechazar la sentencia que condenó por sedición a los dirigentes independentistas que organizaron el referéndum ilegal de octubre de 2017. Entre ellas, numerosos estudiantes que se adhirieron al paro, y, en menor medida, funcionarios, trabajadores y comerciantes.
La contundencia y unanimidad del rechazo civil al juicio que condenó a los dirigentes independentistas contrastó con la fractura que se percibe en estos últimos días entre las fuerzas políticas soberanistas.
La promesa del presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, de celebrar un nuevo referéndum durante su mandato abrió grietas con sus socios de Esquerra Republicana de Catalunya, y sumó pedidos de dimisión de parte del Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista Catalán.  El líder del Gobierno regional camina en la cuerda floja. Por un lado, busca mantenerse dentro del marco de la ley para evitar que se intervenga la región y, por otro, no puede ocultar que los disturbios alimentan la épica de la confrontación entre el independentismo y el Gobierno español.
El presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, reafirmó una vez más que su apuesta es por la proporcionalidad, y no lo que reclama la oposición que es intervenir el Gobierno catalán o aplicar la Ley de Seguridad Nacional para hacerse con el control de la policía autonómica. “Creo que estamos en un momento en el que la moderación y la ponderación de las medidas contribuyen a calmar los ánimos, a reconducir las situaciones y, por tanto, eso es lo que hace el Gobierno de España”, dijo el mandatario socialista en rueda de prensa desde Bruselas.
La postura de Sánchez pasa también por no oponerse a las cientos de miles de personas que durante esta semana han manifestado su rechazo a la sentencia de forma pacífica. El problema es que los disturbios y los choques con la policía regresaron esta tarde, y prometen extenderse. El ministro del Interior en funciones advirtió que la noche de este viernes llegarían grupos “radicales” del País Vasco y del extranjero para participar de las protestas. “Estamos ante una situación de violencia minoritaria, pero muy organizada”, dijo Fernando Grande-Marlaska, para restarle trascendencia.
Ciudadanos y Partido Popular no piensan igual. Albert Rivera comparó el incendio de coches y los destrozos de la noche del miércoles con Bagdad y Alepo, para luego exigir la intervención del Gobierno catalán que dirige Torra. La dirigente del PP, la argentina Cayetana Álvarez de Toledo se enfrentó a manifestantes en Barcelona, para decirles que la huelga era “golpista” e “inútil”.
En paralelo, la Audiencia Nacional ordenó el cierre de la web de Tsunami Democratic que el movimiento independentista utilizaba para coordinar las protestas, y que, presuntamente, planificó la paralización del Aeropuerto de El Prat el lunes. La investigación que se abrió es por el delito de “terrorismo”.
En este contexto, las perspectivas del Gobierno español de que la tensión disminuya no parecen tener mucho fundamento. Este sábado, la organización Òmnium Cultural, cuyo presidente fue condenado en el juicio, convocó una nueva marcha en Barcelona. Otro marco en el que pueden germinar los disturbios que hemos visto estos días. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, convocó otra marcha para el domingo con el lema de “Basta Ya, Justicia y Convivencia”, para oponerse a que Torra les diga “lo que tienen que hacer”.
El marco en Cataluña es impredecible, y las multitudinarias manifestaciones pacíficas de este viernes recuerdan que, cuando pase la tensión, la política volverá a estar en el centro de la solución, o del problema.