Desde Roma

Aunque las sentencias del llamado juicio Cóndor fueron ya emitidas por la Corte de Apelaciones de Roma en julio pasado, contra 24 acusados (de Chile, Uruguay, Perú y Bolivia) por haber hecho desaparecer a 43 italo-latinoamericanos (6 argentinos, 4 chilenos y 33 uruguayos), la Corte todavía no ha publicado oficialmente los fundamentos de las condenas a cadena perpetua, explicaron los abogados defensores de los desaparecidos en un encuentro de balance de este proceso que se hizo el jueves en la capital italiana. Al no conocerse esos fundamentios, los acusados no pueden apelar ante la Suprema Corte de Justicia si lo quisieran. Y si  no lo hicieran, cosa que parece bastante improbable, esas sentencias se convertirían en definitivas, se explicó.

Del encuentro participaron los abogados Arturo Salerni, quien ha llevado adelante desde hace muchos años esta batalla, y la peruana Alicia Mejía, además del coordinador de la Onlus 24 Marzo, Jorge Iturburu, - quien es además parte denunciante en el proceso - , la representante de Amnesty International Patrizia Sacco y Franco Ippolito, director de la Fundación Lelio Basso, organismo que defiende los derechos humanos en Italia y en el mundo, y el embajador de Bolivia, Carlos Aparicio.

“Yo leo la sentencias del proceso Cóndor de modo positivo, porque reconocen en primer lugar la existencia del Plan Cóndor, un hecho histórico al que además califica como un delito”, dijo la abogada Mejía, que también sacó a relucir el caso del militar chileno Whalter Klug Rivera, residente en Alemania arrestado en junio en la ciudad italiana de Parma (norte), donde estaba de paseo. En Chile había sido condenado en 2015 a 10 años de cárcel por el secuestro de un militante comunista en 1973 pero escapó del país antes de ser arrestado. Al saber de su detención en Italia, el gobierno chileno solicitó su extradición que la justicia italiana concedió a principios de octubre.

“Estamos esperando que los jueces presenten legalmente los fundamentos de las sentencias del caso Cóndor. Teóricamente tienen 90 días para hacerlo. Pero como se trata de un caso muy complejo, los jueces pidieron una prórroga, por lo cual se supone que tendremos noticias a principios de 2020”, explicó el abogado Salerni. Mientras tanto, sobre el caso de uno de los uruguayos procesados y condenados, Jorge Troccoli, el abogado contó que la justicia le ha impedido salir del país aun cuando su condena no sea definitiva.

Otro caso difícil que están afrontando los abogados es el de Carlos Luis Malatto, integrante del grupo de secuestradores y torturadores RIM 22 que operó en la provincia de San Juan durante la dictadura y acusado de 32 casos de tortura y secuestros. Malatto escapó de Argentina en 2011 gracias a su pasaporte italiano, ya que su familia es originaria de la región de Abruzzo. Argentina pidió la extradición pero se la negaron por tratarse de un italiano y dado que hasta ese momento la ley italiana no contemplaba el delito de tortura del que se lo acusaba. Pero luego la ley cambió. “Sobre el caso Malatto todavía estamos en la fase preparatoria. Estamos reuniendo toda la documentación posible y contactando las personas que deberán declarar ante el fiscal. No tenemos aún la fecha de la primera audiencia con el fiscal”, dijo Salerni a Página/12. Será el fiscal encargado quien luego, con los documentos y declaraciones en la mano, determinará si se debe o no hacer el juicio.

Salerni también habló de otro juicio sobre desaparecidos que están llevando adelante. Se trata de los llamados “nuevos desaparecidos”, como los bautizó el ex cónsul de Italia en Argentina durante la dictadura, Enrico Calamai, que ayudó a los perseguidos políticos para salir del país. Son los niños migrantes que mueren ahogados en el Mediterráneo, hechos que pasaron a la historia por las fotos tremendas que los mostraban arrastrados por el agua en las playas de Lampedusa. En ese juicio hay dos militares italianos acusados. “En los últimos 30 años, una 40.000 personas han muerto en el Mediterráneo. Queremos dar una respuesta de verdad y justicia”, recordó Salerni.

Como invitada también participó del encuentro del jueves la abogada argentina Nadia Schujman, de Rosario, que si bien no tiene que ver con este juicio, estuvo haciendo una gira por Europa en estos días presentando el trabajo de la organización a la que pertenece: “H.I.J.O.S.” (Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio), que entre otras cosas, viene denunciando desde hace años, a aquellos torturadores y secuestradores que todavía no han sido juzgados por la justicia. Schujman contó que fue recibida por el papa Francisco en el Vaticano, quien le prometió que le enviará toda la información disponible en los archivos vaticanos sobre el obispo Carlos Horacio Ponce de León, de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos en Buenos Aires, y que presuntamente fue asesinado con un accidente automovilístico en 1977 por su cercanía a los familiares de los presos y desaparecidos.

“Este proceso por el Plan Cóndor de Roma -comentó por su parte a Página/12 el ex preso político argentino Walter Oscar Calamita - ha procedido muy lentamente. Tardó 20 años. Pero hay que agradecerle de todas maneras al estado italiano que dio lugar para que el juicio de hiciera. Sobre el primer veredicto (que absolvía a muchos de los acusados) hubo controversias. Pero el veredicto luego cambió en la Corte de Apelaciones con las condenas a cadena perpetua. Aunque todavía no es definitivo, tenemos muchas esperanzas”.

Calamita era simpatizante de la Juventud Guevarista, fue arrestado con su hermano y su cuñada durante el gobierno constitucional de Juan e Isabel Perón en Bahía Blanca. Hace 43 años que vive en Italia. Estuvo preso en dos cárceles, Villa Floresta de Bahía Blanca y en Sierra Chica de Buenos Aires, desde 1974 hasta principios de 1976. Y tuvo la suerte de poder salir del país antes del golpe de estado del 24 de marzo. Por eso dice que el “terrorismo de estado comenzó mucho antes de la dictadura”.

Sobre el argentino Malatto, Calamita subrayó que “no hay que olvidar que Malatto está defendido por el abogado Sinatra, el abogado de la mafia, de la Logia masónica P2 y de su líder, Licio Gelli. Es importante que en Italia y en Europa se sepa que las dictaduras latinoamericanas no son una cosa rara y no son inventadas por lo latinoamericanos, sino que son una consecuencia del poder de los países europeos. Es muy difícil sacar a la gente de su eurocentrismo. Este proceso podría servir para eso. Un asesino argentino como Malatto, encubierto porque en Italia no existía una ley sobre la tortura... Un país como éste, con toda su milenaria cultura y jurisprudencia, no podía cubrir eso… Creo que gracias a este proceso hemos dado un paso adelante”.