Enrique Aybar, el intendente catamarqueño que va por la reelección mientras la justicia resuelve el comienzo del juicio oral en su contra por violar a una chica menor de edad, sumó otra acusación judicial por un delito sexual. “Pasó en 1985, cuando la víctima era alumna de él y tenía 13 años de edad. Ocurrió en Jacitunco, una localidad del departamento de Belén, en el interior de la provincia”, contó a Página/12 Fernando Contrera, abogado de la víctima que espera el juicio y de la nueva denunciante.

De acuerdo con la denuncia, el episodio ocurrió “cuando él era maestro, en el mismo establecimiento en el que después fue director”, detalló el abogado. “Es la misma operativa de los hechos anteriores. Y en este caso son dos hechos que habrían ocurrido el mismo año: uno a principios de octubre y el otro, a los 60 días aproximadamente”, narró Contrera.

Aybar, del Frente Juntos por El Cambio y candidato a la reelección en las elecciones del 27 de octubre, iba a ser juzgado desde el 3 de septiembre en la Cámara Penal 3 por otro hecho en el que se lo acusó de “abuso sexual simple agravado por la guarda”, porque el acusado había sido maestro de la niña, que entonces tenía 15 años. Sin embargo, su defensa logró postergar el comienzo del juicio oral al pedir que la Justicia le otorgara suspensión de juicio a prueba, es decir, probation.

En primera instancia, el tribunal que lleva adelante la causa rechazó el pedido, por lo que la defensa del intendente recurrió a la Corte provincial. “La Corte le está dando trámite y debería resolver la semana próxima o la otra. Seguramente va a denegar el pedido porque hay antecedentes ya, según los cuales, en consonancia con convenciones internacionales de derechos humanos y contra la violencia hacia la mujer, en los delitos de índole sexual no se da lugar a probation. De todos modos, son maniobras dilatorias las que hace la defensa de Aybar”, explicó el abogado Contrera.

La nueva denuncia fue realizada en la Fiscalía General, que remitió las actuaciones a la fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial del departamento Belén, donde interviene el fiscal Jorge Alberto Flores.

Según Contreras, “los hechos sucedieron cuando Aybar se desempeñaba como docente en una escuela de Puerta de Corral Quemado y sacaba provecho de esa situación”. Por las semejanzas con el episodio que está por llegar a juicio oral y con otros relatos de jóvenes que evalúan presentar denuncias, pero aún no se animan, “lo que demuestra esto es que no hay una sola víctima, sino que han sido más las sometidas por el intendente Aybar”, dijo el abogado.

En estas semanas, y hasta el 27 de octubre, el intendente de Puerta de Corral Quemado se encuentra llevando adelante la campaña política por su reelección en el cargo. Por eso, cuando recibe preguntas en público sobre las denuncias, “Aybar aduce que esta es una cuestión política que se dice para perjudicarlo”, añadió el abogado de las denunciantes.

“Él, en reuniones, dice a los jóvenes que tienen que salir en su defensa, porque sino no van a poder cobrar las becas o tener posibilidad de trabajo. En el pueblo, la única posibilidad de trabajo cierto es en el Estado. Si no es bajo las órdenes del intendente, no hay más alternativas que una pequeña huerta o algún pequeño emprendimiento ganadero”, contó el abogado. Por eso, explicó, las denunciantes y otras mujeres tienen miedo.