La victoria del “sí” en el referendo ecuatoriano sobre Paraísos Fiscales trascendió las lealtades partidarias. Mientras un 39,35% votó por el candidato de Alianza País, Lenín Moreno, un 54,9% se pronunció a favor de prohibir el ejercicio de la función pública a todo mandatario, ministro y funcionario que tenga bienes o fondos en paraísos fiscales. “Esto es muy importante. Marca una política de estado. Está claro que la población civil diferenció entre la lealtad a un partido político o una ideología y el interés público”, indicó a PáginaI12 desde Quito, Pablo Iturralde director del Centro de Desarrollo Económico y social de Ecuador (FEDES).

  Los políticos ecuatorianos que ocupen cargos públicos tienen ahora un año para regularizar su situación y cerrar todo vínculo con paraísos fiscales. Pero mucho puede depender del resultado de la segunda vuelta el 2 de abril. Una victoria del candidato de Moreno posibilitaría una continuidad con la política que llevó adelante Rafael Correa, probablemente el mandatario que más iniciativas presentó a nivel mundial en los últimos 10 años para acabar con el mundo offshore. Un triunfo el candidato de la derecha, el empresario “filomacrista” Guillermo Lasso, no podrá revertir el referéndum, pero obstaculizará su ejecución. “El impacto práctico de este referéndum depende en parte de cómo uno define Paraíso Fiscal y qué jurisdicciones entran en esta clasificación. Porque se puede tener una clasificación muy laxa que permita que una jurisdicción como Bermudas, por ponerle un ejemplo, no sea considerada un paraíso fiscal. Esto permitiría a los afectados por la medida eludir un reducido número de jurisdicciones y seguir gozando del secreto bancario y la opacidad de otras guaridas fiscales “, indicó Iturralde a este diario.

 Aún así, la principal ONG a nivel mundial en la lucha contra los paraísos fiscales, la Tax Justice Network (TJN, Red de Justicia Fiscal en español), destacó la importancia del plebiscito. El director de TJN Alex Cobham, que acaba de regresar de la capital de Ecuador, Quito, donde participó de un seminario sobre el tema junto al canciller ecuatoriano Guillaume Long, el diputado Alex Kicilloff y el economista argentino Juan Valerdi, destacó la importancia del referéndum. “Le da a una sociedad un nivel de protección contra el uso por parte de las élites y los políticos de jurisdicciones secretas. Y ayuda a establecer la idea de que el uso del secreto financiero es una forma de corrupción que debemos eliminar”, señaló Cobham a PáginaI12.  

Los Paraísos o Guaridas Fiscales son el punto de encuentro de los cuatro principales protagonistas de la evasión fiscal y el lavado de dinero: el poder económico, el político, el estado y los llamados “facilitadores”, es decir, buffettes de abogados y contadores que actuán como verdaderos cerebros de este proceso. El caso Odebrecht es una clara muestra de esta mecánica. “Estamos hablando como mínimo de 788 millones de dólares pagados a presidentes en ejercicio, ex presidentes y hasta jefes de un servicio secreto como el caso de Gustavo Arribas en Argentina. En Perú hay cinco ex mandatarios involucrados. Una mecánica tan amplia, extendida y aceitada de corrupción y pago de coimas sería imposible sin la opacidad que ofrecen las guaridas fiscales y la labor de los facilitadores, verdaderos cerebros de estas operaciones”, indicó a PáginaI12 desde Lima Carlos Bedoya, director de la Red Latinoamericana sobe Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd).

El referéndum ecuatoriano busca bloquear una de las arterias de este circuito: el poder político. “Es obvio que necesitamos más. Necesitamos una transparencia internacional completa que nos permita profundizar el intercambio automático de información impositiva, que todos los países tengan registros públicos de los dueños reales de las compañías, entre otras medidas. Esto requiere acuerdos supranacionales”, señala el director de TJN Alex Cobham.

Ecuador, actual presidente del G77 más China, el mayor grupo interno de la ONU con 134 miembros, está impulsando la creación de un organismo supranaciononal para eliminar a los paraísos fiscales. En declaraciones a Justicia ImPositiva, programa radial y de podcast en español sobre Guaridas Fiscales, el canciller ecuatoriano Guillaume Long explicó el alcance y las dificultades de esta iniciativa.

“Ecuador no inventó nada. Retomamos iniciativas previas para aprovechar este contexto propicio que tenemos hoy en día luego de los Panama Papers. Somos conscientes que no es fácil, pero la política es saber aprovechar las oportunidades que se dan. Creo que hoy tenemos un espacio para avanzar en este camino”, indicó Long.

Un acuerdo supranacional sería un gran salto para terminar con un flujo ilícito de fondos que anualmente supera con comodidad el Producto Interno Bruto (PIB) de la máxima potencia planetaria y que tiene a las multinacionales como responsable de un 60% de este dinero negro. Si bien hay avances en este sentido como la iniciativa BEPS para fiscalizar la actividad de las multinacionales y evitar su consuetudinaria evasión fiscal, los intereses cruzados de las grandes potencias dificultan esta vía supranacional. Según TJN la City de Londres y Estados Unidos se encuentran entre las más importantes guaridas fiscales, mucho más protegidos mediáticamente que Panamá o Bahamas.

  En estos países la necesidad de aumentar la recaudación fiscal y evitar la evasión colisiona con los intereses de multinacionales y bancos que prosperan en el marco de la actual desregulación financiera mundial. Los intereses creados son poderosísimos, pero conviene recordar que hace solo 9 años, es decir, antes del estallido financiero de 2008 los paraísos fiscales eran política y mediáticamente un fenómeno exótico, que cabía más en una película de James Bond con villanos que huían a islas exóticas a esconder su dinero, que como una parte central del funcionamiento financiero actual. La crisis económica mundial y escándalos como Odebrecht, los Panama Papers o los Lux Leaks están dejando en claro que las cosas están cambiando.