Este viernes declaró Luis Alfaro, sobrino del propietario de las tierras donde se produjo el incendio, el diputado provincial René Flores Royano. También brindó testimonio Jesús Sagasti, policía de Guachipas. 

Los ex funcionarios de Defensa Civil Víctor Ola Castro, Víctor César Dagum, y quien sigue en el área, Roberto Durnelli, afrontan un juicio por incumplimiento de sus deberes. En el juicio se debe esclarecer su responsabilidad ante la muerte de los brigadistas Mauricio Valdez, Martín Albarracín, Víctor Ferreyra y Matías Vilte, enviados el 27 de octubre de 2014 a sofocar un incendio en cerro El Acheral, en jurisdicción de la localidad de Guachipas. 

“Algunos están declarando bien y otros se están contradiciendo en las declaraciones sobre la ropa (de los brigadistas), sobre los elementos; decían que tenían cámara de oxígeno y eso es mentira, apenas tenían un machete, una azada y la mochila con 20 litros de agua con la que no iban a apagar el incendio. Jamás les dieron las máscaras de oxígeno, tenían barbijo con el que igual se puede respirar el humo”, señaló Roxana del Valle Chávez, la madre de Matías Vilte, quien tenía 22 años.

Al igual que Mauricio Valdez, Vilte estaba en calidad de contratado, no tenía obra social ni ART, era monotributista, pagaba AFIP y Rentas, "no tenían por qué haber ido allá arriba”, planteó Chávez.

El padre de Mauricio, Omar Valdez, sostuvo que está disconforme con el relato de Luis Alfaro. “Dice que acompañó a los muchachos hasta arriba pero después los dejó solos. No les informó del riesgo que corrían, a pesar de que ya había visto la velocidad del viento. Manifestó que tenían cómo salir del lugar pero no es cierto porque nosotros estuvimos ahí en más de una oportunidad y vimos que no había escapatoria para ninguno porque era una ladera pedregosa. El fuego los iba a consumir lo mismo”.

Del mismo modo, el papá de Martín Albarracín, Pedro Albarracín, consideró que el testimonio de Alfaro “está falseado, bien preparado. Dice que donde murieron hay arbolada. Es mentira, lo puedo decir porque yo fui, es monte bajo". El hombre considera que está todo “arreglado para que no haya justicia por los muchachos”.

A la madre de Vilte no le entregaron todas las pertenencias del joven. “Lo único que me devolvieron fue una mochila, una camisa, un pantalón y nada más. El resto de las cosas están desaparecidas, alguien las debe tener”, señaló. En la policía de Guachipas le dijeron que “no había nada”, le falta la documentación, billetera, el celular y una máquina de sacar fotos. “Si se hubiesen quemado (las cosas) tendrían que haber quedado los restos ahí porque hay partes del celular que no se queman al igual que de la máquina de sacar fotos”.

Denunciaron maltrato de Dagum

Familiares de las víctimas coinciden en señalar que sus hijos se quejaban del trato que les daba el funcionario.

Roxana Chávez contó: “Mi hijo siempre se quejaba del maltrato de este señor Dagum. Los mandaba a hacer trabajos a las casas de funcionarios. Iban a desmalezar". Valdez y Albarracín dijeron que sus hijos les hablaron de lo mismo: "Dagum los llevaba para que le limpien la casa. Había mucho temor entre ellos"; "tenían que pagar de su bolsillo el combustible". 

Para Albarracín, “los tres funcionarios son responsables de una u otra forma" pero dijo que Dagum "se escondió de forma cobarde" después de las muertes. "El juez va a dictaminar pero nosotros sabemos que es el peor”, expresó. 

Los familiares dijeron que pidieron audiencias con e gobernador Juan Manuel Urtubey pero no los recibió. Valdez contó que la última vez que lo intentó fue derivado a hablar con el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Marcelo López Arias, quien lo atendió y le dijo que las tierras donde fallecieron los cuatro brigadistas no eran de la defensora generall María Inés Diez, como sostenían las familias.

La jefa de los defensores oficiales, según apuntó Valdez, fue quien se opuso a que se presentaran como querellantes en la causa.

En el peregrinaje por justicia los padres recordaron que la fiscala de Estado, Pamela Calleti, interpuso un recurso de casación para excluir de responsabilidades a la provincia, que fue rechazado. “La provincia es la mayor responsable de la muerte de nuestros hijos”, sostuvo Valdez.

Albarracín especificó: “Cuando otro de mis hijos descubre el video del incendio en el celular de Martín, fuimos a verlo al fiscal Federico Gabriel Portal, y nos negó ver los expedientes. Nos hizo pagar 600 pesos y no nos quiso mostrar”.

Valdez planteó que ese fiscal nunca les tomó testimonio. “Nos archivó la causa diciendo que no había qué reclamar. Echándole la culpa a los muchachos. Iniciamos el jury pero salió favorecido porque todo esto se movió políticamente. En los años siguientes, siempre hubo intenciones de que la causa no siga adelante”.

Los familiares creen que el cuerpo de Ferreyra fue movido. Las familias aseveraron que sobre la base de los testimonios de esta semana notaron que se quiere “culpar” a Ferreyra. Valdez afirmó que el brigadista murió junto con sus compañeros y eso se prueba con el video que tienen, además señaló algo que le parece vidrioso, “no sé por qué lo dejaron 300 metros ladera abajo. Ahí lo encontraron al cuerpo, según un informe”. 

Valdez y Albarracín dijeron que tuvieron que ir al lugar del incendio ante la falta de respuestas y de confirmación de la muerte de sus hijos por parte de Defensa Civil cuando se enteraron de lo ocurrido por televisión. 

Recordaron que les costó llegar, que cuando le consultaron a Flores Royano solo les dio algunas indicaciones para subir al cerro pero los dejó ir solos. La policía no les permitía seguir. Con la ayuda de vecinos de la zona pudieron arribar al sitio. Después de las muertes el 28 de octubre al medio día, el 29 aún yacían "los cuerpos tirados en bolsas negras" y los tuvieron que bajar caminando, "a pulso" y arriesgando sus propias vidas, porque las autoridades no lo hacían.