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Como si en la Argentina pintara algún riesgo físico en el futuro, Juntos por el Cambio agita el fantasma del miedo. Hasta lo hizo en el Obelisco. Después del himno nacional, por los parlantes sonó el “Venceremos”, la traducción en español del hermoso himno de los derechos civiles que hace 50 años grabó Joan Baez y hace 36 usó Raúl Alfonsín, con la voz de Jairo, en medio de la dictadura. La táctica electoral de victimización tiene otras dos patas. Una pata lleva el nombre de Lilita Carrió, la portadora del apocalipsis que vendría bajo la forma de un supuesto fraude. Otra pata se llama Guillermo Dietrich. Mauricio Macri lo designó a cargo de la fiscalización general de Juntos por el Cambio en las elecciones. Dietrich sabe de fiscales: todos los días le aparece una nueva imputación.
El escándalo más importante que protagoniza el ministro de Transportes de la Nación surgió en septiembre de este año. El fiscal Eduardo Taiano lo acusó por la supuesta ampliación ilegal de las concesiones de peaje. Otro acusado es el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel.
Tal cual informó este diario en detalle, la fiscalía quiere saber por qué el Estado habilitó a empresas como Iecsa, del primo presidencial Angelo Calcaterra, a que continuaran cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos cuando los contratos originales ya estaban vencidos.
“En la Argentina existe un sistema electoral imperfecto que requiere tener gente en todas las mesas”, dijo Dietrich como argumento para convocar a 170 mil personas para controlar los comicios en cada mesa. En las PASO el macrismo dijo haber dispuesto de 00 mil fiscales. “Todos los argentinos que votan deberían la certeza de que si uno vota A o B tendría que estar ese voto en el escrutinio”, declaró. Sin embargo, la Justicia no recibió denuncias de fraude ni desde el oficialismo ni desde el Frente de Todos a pesar de que un reducido grupo de alarmistas de uno y otro lado creyó que la adulteración de votos podía ser significativa y cambiar el resultado final. El mismo Dietrich debió admitir que “no fue flojo el escrutinio”.
Contratos
Dietrich sabe de certificaciones. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines denunció ante el juez Sebastián Casanello, quien trasladó la pesquisa a Taiano, que las empresas siguieron operando sin contrato. El Gobierno se preocupó tanto que por decreto presidencial interrumpió las concesiones. Pero lo hizo recién el mes pasado, cuando habían pasado dos años de negocios.
Graciela Aleñá, secretaria del gremio de Vialidad, dijo al ratificar su demanda que “Iguacel y Dietrich continuaron los contratos de manera irregular para favorecer a las empresas”. Dice la denuncia que IECSA, ahora llamada SACDE, “es la número uno en cuanto al volumen y monto de los contratos, cuando previo a esta maniobra irregular se encontraba entre el séptimo y noveno lugar”. Según el documento, “Dietrich e Iguacel utilizaron una seudorresolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras”.
Los contratos debieron vencer el 21 de abril de 2016. La única prórroga admitida en el pliego era de 12 meses. En 2016 el propio Poder Ejecutivo emitió el decreto 1288 para llamar a licitación, pero eso no ocurrió. Fue todo al revés. El 21 de abril de 2017 Iguacel dictó la resolución número 811 y prorrogó las concesiones.
“Le han privado a la Administración de obtener una mejor oferta y le ahorraron a las empresas la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionarios”, reza el texto de la demanda. Encima, las empresas “fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”.
No es la única desdicha para Dietrich. Acaba de quedar asociado a la mediocre infraestructura de la Argentina. Hace dos años, en 2017, el Presidente inauguró el arreglo de un tramo de la ruta 7 en Neuquén, camino a Cipolletti. De campaña, la semana pasada Dietrich pasó por el mismo sitio para lucirse junto a las ampliaciones. Y después vino el desastre, para colmo viralizado. La ruta se hundió. El 15 de octubre el agujero se tragó un Volkswagen Gol.
A Dietrich la marca le resulta conocida. “Guillermo Dietrich” es el nombre del concesionario más importante de la automotriz alemana. Nacido en Buenos Aires el 5 de marzo de 1969, Guillo, como lo llaman sus amigos, fue directivo de la empresa fundada por su padre. Antes, igual que Macri, se recibió en la Universidad Católica Argentina, aunque no de ingeniero sino de economista. En el medio cursó un posgrado en la Business School de la Universidad Austral. Es funcionario de Macri desde 2009, cuando tras dos años de mandato el entonces jefe de Gobierno lo designó subsecretario de Transporte y Tránsito de la ciudad de Buenos Aires. A él se debe el énfasis en los metrobuses en detrimento de la construcción de líneas subterráneas, que avanzó solo a razón de un kilómetro por año.
Con Macri
El nombre del jefe de los fiscales para el domingo 27 aparece relacionado en otra causa originada en el negocio de los peajes. El juez Rodolfo Canicoba Corral investiga la presunta “negociación espúrea” para prolongar las concesiones en favor de la empresa Autopistas del Sol (Ausol).
Julieta Ripoll, que fue directora de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, dijo que “existieron cláusulas abiertamente leoninas, abusivas, en beneficio de las empresas vinculadas al Presidente y en detrimento de los intereses del Estado y de los usuarios”.
La causa iniciada por el juez Canicoba aún no tiene imputados. Pero hay tres candidatos que pueden sacarse el premio: Iguacel, Macri y, de nuevo, Dietrich.
Según Ripoll, los directores nombrados por Cambiemos en Vialidad “estaban o estuvieron vinculados a Socma, Sideco Americana, Iecsa y Ausol”. Socma es Sociedades Macri y su líder fue Franco, el jefe del clan. Sideco era piloteada por el mismísimo Mauricio, hijo del jefe. Ausol es la sigla de Autopistas del Sol, beneficiaria de los 120 kilómetros del Acceso Norte, incluyendo el tramo más cercano a la CABA, donde se concentra el pago de peajes.
Canicoba quiere saber si el Estado direccionó las concesiones. También está interesado en conocer la legalidad de un pago de 500 millones de dólares a Ausol, donde el Grupo Macri era accionista.
Por Acceso Norte pasan 77 mil vehículos por día.
Abertis pertenece al grupo que controla el presidente del Real Madrid y amigo de Macri Florentino Díaz Pérez. Es el empresario que negoció para que se jugara en Madrid la final de la Libertadoras entre Boca y River en diciembre pasado. Boca perdió para tristeza del Presidente y del fiscal de la causa abierta por Canicoba, Carlos Stornelli, ex jefe de seguridad del club. Stornelli ya pasó a la historia como el fiscal rebelde que siete veces no se presentó en el juzgado federal de Dolores de Alejo Ramos Padilla dentro de la investigación por la promiscuidad entre la Justicia y los servicios de inteligencia.
