La discusión política más importante en la transición no está dada por el estado de las finanzas, las vacantes que se cubren o los contratos y obras que deben otorgarse de aquí al 10 de diciembre, sino por la determinación o no de sancionar una ley que avance sobre la reforma constitucional. En ese sentido, el PJ ha avanzado fuertemente, al punto de estar "punteando" los posibles votos requeridos en la Cámara baja (serían 34) y también en el Senado, donde el numero clave es el 13. Para que eso ocurra sería necesario el concurso de legisladores del Frente Progresista, que en todo momento se expresaron a favor de la reforma, pero que ahora están en la tesitura de no aprobarla atendiendo a las "necesidades políticas" del partido y sobre todo del gobernador saliente. Aunque parezca mentira, sin haberse ido todavía, Miguel Lifschitz está pensando en volver. Esa intención es la que explica una situación absurda por donde se la mire. Nadie, como el gobernador ha insistido con tanta tenacidad para que se reforme la Carta Magna provincial, al punto de firmar un decreto convocando a una consulta popular para destrabar la cerrazón opositora. Eso ocurrió hace apenas unos meses, Lifschtiz quería que junto con la elección del gobernador se manifestara la cuidadanía, descontando el apoyo a la iniciativa y así tener vía libre para convocar a una convención constituyente. Fue él quien arremetió contra su propio partido y avanzó apenas finalizadas las elecciones parlamentarias de mitad de mandato --en las que se impuso con claridad el Pro-Cambiemos, y en la primavera del 2017 fueron varias las reuniones entre el gobernador y el jefe de Gabinete Marcos Peña para conseguir que el ladero presidencial "destrabara" la cuestión imponiéndole a los diputados santafesinos que votaran favorablemente. Tanto se avanzó que allí comenzaron a agudizarse las diferencias entre Lifschitz y Antonio Bonfatti --quien por entonces ya se vislumbraba candidato para el 2019-. Lifschitz discutió con su partido porque impulsaba abrir el Frente a los hombres de Mauricio Macri, y fue así que acompañó desde Santa Fe más de una de las iniciativas cambiemitas. Pero el "entente" no avanzó porque desde la Casa Rosada le exigían a Lifschitz una declaración pública que nunca llegaría porque significaba ciertamente trasponer los límites imaginables. Ya en 2018, cuando se dio vuelta la taba, y Cambiemos entró en caida libre --y aún hoy sigue-- y las promesas de apoyo desaparecieron, junto con otras como el pago de la deuda que tiene fallo de la Corte, el discurso de Lifschitz fue mutando al punto que la preocupación dentro del partido dejó de ser la cercania al Pro-Cambiemos, sino a la reaparición del PJ santafesino en su fase de unidad. Pero Lifschitz se sentía con el suficiente poder como para lograr la ley, o por lo menos intentarlo y que --en el peor de los casos-- quedara para la sociedad la imagen de quien quiso, y porque no pudo. Así fue que instruyó a su bloque en diputados para que se tratara sobre tablas, es decir sin el consenso que requiere generalmente un tema de tamaña trascendencia. Fracasó. "Si no hay reforma no es por nosotros" dijo el gobernador que intentó la última jugada al año siguente, es decir hace unos meses, con la convocatoria a una consulta popular, con la que debió recular pagando otro costo político evitable, del mismo modo que el de la derrota en el tratamiento sobre tablas el año anterior.
¿Cómo se explica ahora que después de ese derrotero sea Lifschitz quien tenga como objetivo central en el final de su mandato que no se avance en la reforma constitucional?
¿Qué piensa el resto del partido --más allá de las declaraciones públicas del jefe de bloque Rubén Galassi-- de que sea una vez más el futuro político de un dirigente --como cuando decidieron apoyar a Lavagna-Urtubey-- el que gravite en la estrategia del partido? ¿Cuál es realmente la opinión de la dirigencia y de las bases del PS?
Hay un número importante de legisladores del Frente Progresista que están conversando y avanzando en la idea de sostener lo que han dicho históricamente. Tanto es así, que en el curso de la semana que se inicia, se sucederán reuniones que probablemente se hagan más intensas después de la elección del nuevo presidente y el resultado del comicio en Santa Fe.
No son pocos los legisladores, oficialistas y opositores, que vaticinan que habrá ley y que será por unanimidad.
