“Se manejan con un criterio de limpieza social”

“¡Mirá cómo me tratan, mirá cómo se zarpan con el abuso. ¿Qué le haces a mi señora? ¿Qué te hizo?” El que habla, mientras es agredido, es un hombre en situación de calle. Dos agentes de la metropolitana y tres de la federal lo detuvieron con sus pertenencias –un colchón– mientras dormía o intentaba hacerlo con su pareja sobre Avenida Corrientes, casi esquina Montevideo. El episodio de violencia policial –un clásico desde que el PRO gobierna la Ciudad de Buenos Aires– se produjo en la noche del 4 de octubre pasado y fue filmado por una mujer, que compartió el video en las redes sociales y denunció el hecho, desde entonces forma parte de un archivo de casos de abuso en el que comenzó a trabajar el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, a través del Programa Contra la Violencia Institucional y de la Dirección de Orientación al Habitante. Las organizaciones que trabajan en la problemática de situación de calle vienen advirtiendo un recrudecimiento de la violencia sobre “ranchadas” y personas solas por parte de las fuerzas de seguridad, que actúan sincronizadas con empleados del Ministerio de Espacio Público porteño para desalojarlos.  

Las organizaciones que asisten y organizan a las personas en situación de calle insisten en que los hechos de violencia se producen diariamente, aunque los casos registrados a lo largo del año pasado por el Ministerio Público de la Defensa fueron cinco, todos similares: oficiales metropolitanos o federales, de noche o a plena luz del día, a través de la persuasión o el uso de la fuerza, desalojan gente que “ranchea”, como se dice en la jerga callejera. Para hacerlo cuentan con el acompañamiento de empleados y funcionarios de Espacio Público, específicamente del área de Higiene Urbana, que realizan la tarea previa de “inteligencia” sobre los asentamientos y en varios casos participan activamente en los operativos.  

La violencia tiene varios años de antigüedad y un antecedente que nadie en las calles, los hoteles familiares y los comedores olvida: el accionar de la patota de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), un grupo de violentos coordinados por Fabián Rodríguez Simón, hoy diputado del Parlasur por Cambiemos y principal asesor jurídico del Presidente. La UCEP fue creada por un decreto de Mauricio Macri, que sin embargo fue absuelto en la causa iniciada en 2010 por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, y que tuvo el aporte documental de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Simón está procesado, acusado ser el jefe de la patota.  

Ante la continuidad de la violencia, en coordinación con las organizaciones, la defensoría oficial lanzó –en paralelo al registro de casos– la campaña “¿Te paró la policía?” (desde el 0800-Defender), a través de la cual buscan brindar herramientas legales de defensa a los agredidos. “Esta situación se viene dando hace años y no para, pese a los esfuerzos y las denuncias de las organizaciones: el Ministerio de Espacio Público y las fuerzas de seguridad se manejan con un criterio de limpieza social y abordan a la persona en situación de calle como un problema que hay que eliminar. Por eso buscan desalojarlos, y cuando hay resistencia, los reprimen. Como la persona en situación de calle tiene todos sus derechos vulnerados, y el agresor es la propia policía, es de esperar que no tengamos denuncias formales y que por lo tanto el gobierno porteño siga eludiendo su responsabilidad”, explicó a este diario el coordinador del Programa Contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa, Cristian Gruenberg. 

“Por eso –siguió Gruenberg– surgió la necesidad de empezar a trabajar cerca de las ranchadas, sistematizando información e interviniendo ante las autoridades de Espacio Público. Básicamente, ofrecemos las alternativas de acceso a derechos, por ejemplo, al subsidio habitacional, algo que el gobierno porteño no hace. Ningún conflicto debe resolverse con represión, más cuando a raíz del ajuste cada vez hay más gente en esta situación.”

Desde el gobierno porteño, en tanto, si bien niegan la violencia, recargan la responsabilidad sobre la propia gente en calle. “Hay gente que no se quiere ir” a los paradores nocturnos, argumentó el año pasado el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta (ver aparte). El Ejecutivo porteño tiene, además, varios problemas para cumplir con la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle. En principio, reconoce públicamente apenas 850 personas censadas en esa situación, aunque ante la jueza María Elena Liberatori admitió haber encontrado más de 3 mil.

Los casos

“Me paré a ver qué pasaba y por suerte se paró otra gente también, a exigirles identificación a los policías, a pedir explicaciones de por qué se llevan a los pibes en cana por vivir en la calle”, contó a este diario la autora del video que registró el primero de los casos, en pleno centro. “La respuesta fue represiva, nos exigieron documentos a todos. A otro pibe que filmaba, un oficial le pegó un empujón”, relató. La mujer radicó una denuncia por el accionar policial y en los cuatro meses transcurridos desde entonces ni siquiera fue citada a declarar.

Otro de los casos que registró la defensoría oficial ocurrió el 15 de octubre pasado. La víctima fue un menor de edad, que intentaba descansar en uno de los túneles de la estación Independencia del subte C. La reacción de los pasajeros evitó el abuso del oficial metropolitano, que no pudo llevarse preso al chico.

–¡Lo estabas agarrando! ¿Qué hizo, además de dormir en los túneles? Nada. Tomátela de acá, ni siquiera tenés identificación –le gritó una pasajera al oficial, que sostenía al pibe del brazo y decidió soltarlo cuando vio que estaba siendo filmado.

A principios de noviembre, otro transeúnte registró con su celular cómo funcionarios de Espacio Público intentaron literalmente destrozar el carrito de un vendedor de jugo de naranjas en pleno microcentro y ante la atenta mirada de efectivos de la Metropolitana. 

–Acá no podes estar –le dijo un oficial al vendedor, señalando las naranjas. 

–Perdoname, pero los arbolitos que hay acá alrededor son ilegales y con ellos no se meten –le espetó una mujer.

–Hoy no te llevo el carrito –retrocedió el funcionario–, pero si llego a verte otra vez acá, me llevo todo. 

Los dos casos restantes sucedieron el 15 y el 29 de septiembre últimos. El primero fue un desalojo a gran escala de una “ranchada” numerosa, en el Bajo. Las camionetas de Espacio Público llegaron al lugar sobre Paso Colón  pasadas las diez de la noche, de la mano de patrulleros de la Metropolitana y de la Federal. El 29, un vendedor ambulante, en situación de calle y con discapacidad, fue abordado por funcionarios porteños que le incautaron sus mercancías –pañuelos descartables–, en una zona lindera a la que ocupaban los manteros, en el barrio de Flores.  

Modus operandi

Ya en marzo del año pasado, PáginaI12 había dado cuenta de la situación, a través de testimonios de personas en calle que habían sufrido hechos de violencia por parte de funcionarios porteños y de la policía: “Vinieron a las 8 de la mañana. Una camioneta de Espacio Público y un patrullero de Metropolitana. Se bajaron y nos exigieron que nos fuéramos. Nos tiraron agua”; “cada tanto pasa la camioneta blanca y nos dicen que nos vayamos: vamos de la esquina, a la vereda de enfrente, y después a la otra”; “uno de la Metropolitana nos apuntó con un arma”. Según la red de organizaciones que trabajan con personas en situación de calle, hechos como esos se dan en Constitución, Once, Retiro, Palermo, Congreso y Liniers, los barrios con mayor concentración de “ranchadas”.

En 2015, alertada por la cantidad de casos, la Defensoría del Pueblo le requirió a la Metropolitana precisiones sobre cuáles son los procedimientos que coordina con Espacio Público. Fue a partir de una denuncia que realizó una mujer, primero, y su pareja, más tarde. Ambos, cartoneros, dijeron haber sufrido violencia institucional. “Se hicieron presentes en el lugar funcionarios de Espacio Público y un efectivo de la Policía Metropolitana, quienes procedieron a secuestrarme el carro con el que traslado el cartón”, dice la denuncia de la mujer. “Siendo las 2 de la madrugada, se presentaron funcionarios de Espacio Público y de la Policía Metropolitana que se movilizaban en dos camionetas, un camión y dos patrulleros, respectivamente. Se encargaron de despertarme y solicitarme que les entregara el cartón recolectado”, denunció el hombre.

La Metropolitana respondió y el documento reconoce que ese día, en abril de 2015, “en conjunto” con funcionarios porteños realizaron “recorridas en distintas oportunidades y en diferentes días y horarios” con el objetivo de “desalentar el pernocte y permanencia, por parte de las personas en situación de calle”. La Metropolitana dice que actuó bajo las órdenes de los funcionarios de Higiene Urbana Martín Gómez y Demián Martínez Naya. Este último fue señalado en varias oportunidades por las organizaciones como hostigador en una de las “ranchadas” más conflictivas de la ciudad bajo el puente de Juan B. Justo que cruza Córdoba. Detrás de ese desalojo, indican las organizaciones, hay un interés inmobiliario. 

Informe: Matías Ferrari.