El equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) planteó que el "genocidio cultural" cometido en la última dictadura contra la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil combinó delitos contra las personas y económicos. Fue durante los alegatos en la megacausa Feced III y IV. Con un recorrido por los hechos que comenzaron el 25 de febrero de 1977, con la intervención de La Vigil, los querellantes dieron cuenta de lo que significó aquel proyecto social y cultural hasta la llegada de la patota de Feced. Tras haber escuchado a los principales testigos, la querella apuntó a dos cuestiones: la forma en que los testimonios dan cuenta del sujeto perseguido por el opresor; y el objetivo de esa persecución, los móviles económicos y sociales. Los abogados Gabriela Durruty, Jesica Pellegrini, Julia Giordano y Federico Pagliero destacaron "el carácter único e irrepetible de la Vigil: la magnitud y los alcances de la asociación civil hecha desde abajo, que se convirtió en la institución educativa, mutual y cultural más importante de América latina". Y aseguraron: "Lo que conecta a Vigil con los delitos que se juzgan fue que necesitaron la tortura y detención ilegal de ocho miembros de la comisión directiva".

Los hechos juzgados en el expediente Vigil tienen que ver con los sucesos perpetrados a partir de la intervención del edificio de Alem y Gaboto. Los juzgados en este caso son Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Rubén Lofiego y Mario Alfredo Marcote.

Para la APDH, "la sistematicidad del plan no era sólo una masacre desplegada casi con monotonía administrativa, sino que tenía un móvil ideológico y económico. El interés de fondo siempre fue implementar el plan de hambre para las mayorías y de privilegios para una minoría". "La primera intervención insistió en la necesidad de expropiar el valioso bien que aún permanecía en el erario de la mutual que terminó, mayoritariamente, en manos de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y una porción en la empresa Paladini. Esta querella logró una medida que impide que se concrete un negocio inmobiliario en esos terrenos, que aún no volvieron a sus legítimos dueños, los socios de la Vigil", señalaron.

 

Sobre las detenciones de los miembros de la Comisión Directiva, la querella indicó que fueron secuestrados entre la noche del 10 y madrugada del 11 de mayo de 1977, más de dos meses después de la intervención de Vigil. "Augusto Duri, su padre, Platón Duri; Domingo Denichilo, Manlio Perrota, Tomas Pedrido y Omar Pérez Cantón fueron secuestrados en un operativo comandado por Guzmán Alfaro y fueron conducidos en un camión al Servicio de Informaciones. Raúl Frutos y Francisco Routaboul -al enterarse de las detenciones de sus compañeros- se presentaron de manera espontánea en la Jefatura. Los 8 compartieron cautiverio, fueron interrogados y torturados". Los liberaron en vísperas de la Navidad de 1977. Mientras, Ibarra interrogó a Celina, la hija de Duri de solo 11 años de edad. Otros casos incluidos en el alegato incluyó el caso de Alicia Viva, maestra de Vigil secuestrada y torturada, la maestra Gladys Pamies, desaparecida, y Carlos Martínez, presidente de la cooperadora de la primaria en Vigil.