Desde Barcelona

La crisis política por el conflicto en Cataluña continúa inmersa en un pantano. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, llamó de nuevo a Pedro Sánchez, pero este se negó a atenderlo porque entiende que el dirigente catalán no condena la violencia rotundamente.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, fue el encargado de responder a la iniciativa del líder catalán. “Que el presidente Torra y su Gobierno condenen de forma firme, rotunda, y sin matices, la violencia”, dijo el funcionario socialista, que ha sido la cara visible del Ejecutivo español en la gestión de la crisis que se desató el lunes pasado con la condena a los dirigentes independentistas que organizaron el referéndum ilegal de octubre de 2017.

Durante la semana pasada, Barcelona ha sido escenario de manifestaciones pacíficas diarias, pero también de protestas vespertinas que, a excepción de ayer, terminaron con violentos disturbios y choques con la policía. Zonas del centro como las inmediaciones de Plaza Catalunya o la Vía Laietana, registran destrozos varios, vidrieras rotas, mobiliario destruido, pintadas, y calles con el asfalto calcinado producto de las barricadas de fuego.

El sábado pasado los disturbios no ocurrieron porque un cordón de pacifistas catalanes separó el vallado policial de la muchedumbre.

Las fuerzas políticas condenaron la violencia con matices diversos. Mientras el Gobierno de Torra daba mensajes ambiguos, las fuerzas de derecha no dudaban en pedir la intervención del Ejecutivo catalán.

Uno de los partidos más a favor de ese recurso es Ciudadanos. Su presidente, Albert Rivera, lo ratificó este domingo en una marcha que organizó en la plaza Sant Jaume, en el barrio gótico de Barcelona.

“Si tenemos un artículo de la Constitución que nos permite sacar a un señor que corta carreteras, que llama a la violencia, que va (a cortar las carreteras) en coche oficial y que utiliza las instituciones, ¿a qué están esperando para echar a Torra e ir juntos a defender la Constitución?”, dijo el jefe de Ciudadanos ante poco más de 1500 personas. Un público de clase media y media alta con banderas españolas, o españolas y catalanas.

El Gobierno socialista cree que, por el momento, no hay razones para intervenir Cataluña, pero tampoco lo descarta. La proximidad de las elecciones generales -el 10 de noviembre-, pone a los dirigentes entre la política real, y la política electoral. Por ejemplo, como apuntaba el diario La Vanguardia este domingo, Sánchez no quisiera intervenir el Gobierno catalán y tener que ser el encargado de gestionar más protestas pacíficas o, peor, violentas. Eso le afectaría de cara a los comicios.

En el medio están los ciudadanos, los que quieren independizarse, y los que no. Aunque los asistentes al mitin de Albert Rivera eran muchos menos que el medio millón de independentistas del viernes, o que los, entre 5 mil y 10 mil, que protagonizaron las marchas vespertinas en Barcelona, no dejan de representar a un sector de la sociedad catalana que rechaza el independentismo.

Gonzalo Arana, un agente de seguros que asistió a la convocatoria de Rivera, no es votante suyo, pero estuvo allí porque hay “pocas oportunidades de reunirse y manifestarse” a favor de la unidad de España. “La educación es terrible en Cataluña..., no culpo a los chavales que tiraban piedras estos días, llevan años escuchando mentiras: ‘España nos roba, España nos pisa, los catalanes somos los que más pagan del país’”, dice Arana, que vive en Cataluña hace 25 años, pero nació en el País Vasco, la región que mayor pulso soberanista declaró al Estado español en décadas pasadas.

Arana responsabiliza a Quim Torra de la “crisis de convivencia” que sufre Cataluña, y en ese sentido coincide con la tesis del Gobierno socialista que plantea un problema entre catalanes, motivado por el independentismo. Sin embargo, antes de convocar las primeras elecciones del año, en abril, el mandatario socialista, Pedro Sánchez, estaba a favor de abrir un diálogo con Cataluña, y abordar la posibilidad de reforzar las competencias del Gobierno catalán.

Esa opción no es compartida por los asistentes a la marcha de Rivera. Javier Cámara, estudiante de grado superior, cree que la crisis actual es, precisamente, por el exceso de competencias. “Tienen demasiadas. La Generalitat administra la educación, y hay libros que son una vergüenza, dicen que España es un país opresor”, afirma Cámara, que representa una minoría entre los asistentes, mayoritariamente de mediana y tercera edad.

La educación catalana es una preocupación de los que están a favor de la unión de España. Les preocupa que el idioma en el que se dictan las clases sea el catalán. A pesar de ello, algunos están a favor de lograr un consenso político entre los que están a favor de la independencia y los que están en contra, aunque no un referéndum pactado porque eso abriría una puerta para otras secesiones en el país.

“He conocido mucha gente independentista con la que se puede hablar. Albert Rivera también, él conoce gente independentista con la que se puede hablar, no como Torra, que debe irse”, afirma Eva María Pérez, que llegó desde la comunidad valenciana para asistir al mitin de Ciudadanos.

La propuesta de diálogo de Pérez no ha sido la preferida de Rivera ni de otras fuerzas de derecha. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos no suelen dudar en intervenir la comunidad cuando la crisis soberanista se agudiza. El Gobierno de Torra tampoco se ha esmerado en ese diálogo. Su iniciativa parte siempre de un referéndum de autodeterminación, una propuesta que no contempla la Constitución española.

El pantano de la crisis catalana es espeso y profundo, y se necesitan iniciativas creativas y mucha voluntad política para empezar a resolverlo. Recursos que los partidos españoles no ofrecieron durante los últimos años, y que no ofrecen tampoco en este tan particular, marcado por el bloqueo político y dos elecciones generales en poco más de seis meses.